Mantener un debate razonable y respetuoso suele ser habitualmente enojoso, y a veces imposible, en Canarias, la tierra de la eterna primavera de la suspicacia y el desprecio. En los veitintantos años que lleva uno escribiendo en los papeles puedo contar (casi) con los dedos de un muñón los debates civilizados e interesantes que he podido mantener con políticos, escritores, científicos sociales, empresarios, ecologistas y animales de compañía en general. Sin duda tengo una parte de responsabilidad. Pero bastante chiquitita. Me tomo en serio (incluso a esta edad) los debates en los espacios públicos y no tengo ningún reparo en reconocer que me he equivocado, que mis datos resultaban innecesarios o irrelevantes o que me he excedido en el sarcasmo. Una actitud que, lamentablemente, no concita simpatía. Absolutamente ninguna. Aquí, donde la discrepancia es percibida casi como una falta de higiene, apenas existen grupos y espacios permables al razonamiento ajeno, aun cuando se base en evidencias empíricas; en cambio gozan de espléndida salud las tribus e hinchadas que no solamente saben que tienen la razón y toda la razón: tampoco ignoran que el que no comparte sus convicciones y objetivos es un patético oligofrénico, cuando no un malvado.

Demócratas para el Cambio es una entidad con la que la sociedad canaria ha contraído cierta deuda de gratitud. Sin sus campañas informativas y su insistencia argumental quizás no se hubiera introducido en el nuevo Estatuto de Canarias una disposición para reformar el régimen electoral canario. Ya era hora, en efecto. Sin embargo, Demócratas para el Cambio ha construido en los últimos años un relato equívoco, cuando no falso, sobre los orígenes y la evolución del sistema electoral canario vigente hasta el pasado noviembre.

Es una narrativa con un gran predicamento entre las izquierdas porque (entre otras razones) brinda una explicación consoladora de sus fracasos a la hora de gobernar Canarias. Pues bien: en la pacífica tarde del domingo me vi envuelto en una discusión sobre este y otros extremos de la reforma electoral en un lugar tan peregrino (en todos los sentidos) como Twitter con socios y simpatizantes de Demócratas para el Cambio, incluyendo algunos honorables economistas.

Alguno de estos caballeros se refirió, con frase que ha hecho cierta fortuna, a los "35 años de un sistema electoral injusto que ha padecido Canarias". A mi juicio esto es un error que ignora las condiciones históricas y políticas en las que se negoció el Estatuto de Autonomía de 1983 y la normativa electoral entre la Unión de Centro Democrático y el PSOE. Lo que se llamó la triple paridad fue una fórmula inteligente que permitió un parlamento de una representatividad mixta y equilibrada entre lo territorial y lo popular.

Como en Baleares, donde jamás la izquierda ha solicitado una lista regional, la circunscripción fue de ámbito insular. Y fue un modelo afortunado porque es muy difícil imaginar una alternativa que consiguiese satisfacer los recelos y desconfianzas entre las islas para construir una comunidad autonómica viable y cohesionada política e institucionalmente.Esa normativa electoral permitió entre 1983 y 1999 tener hasta siete fuerzas políticas en liza en la cámara (y una de ellas, las AIC, era una federación de partidos isloteñistas) lo que no parece un caso de estrangulamiento de la representatividad.