Es cierto que estamos en una fase socialmente depresiva y que la política nos da demasiados motivos para ello. Sin embargo, con todas las dificultades, limitaciones y herencias que tenemos, que no son pocas, la sociedad española ha sido capaz de llevar a cabo enormes proyectos.
Tenemos una sanidad pública universal que, a pesar de los recortes, de la carencia de recursos y profesionales y la voluntad de algunos responsables políticos de erosionarla, es una de las más eficientes y mejor valoradas en el mundo. Hemos sido capaces de articular un sistema educativo y universitario público que, aunque también se resiente de los años de maltrato y reducción de recursos y trabajadores, tiene un alcance universal y cuenta con una enorme valoración social. También hemos sabido construir el sistema de donación y transplante de órganos más moderno del mundo, ejemplo de solidaridad y de la gran profesionalidad alcanzada en nuestro sistema sanitario, que es envidiado por los países más avanzados. Sin olvidar la capacidad de movilización social que hemos sido capaces de generar en torno a sucesos como el terrorismo o la violencia de género.
Ahora bien, seguimos teniendo demasiadas asignaturas pendientes que resultan del todo injustificables, que no queremos afrontar, ni siquiera darles la importancia que merecen. Una de ellas es la elevada, injustificada y dolorosa accidentalidad laboral que tiene España.
Los datos son tan trágicamente rotundos que no admiten matizaciones. Según las estadísticas de accidentes de trabajo de la Subdirección General de Estadística y Análisis Sociolaboral del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social para el año 2018, en España fallecieron 652 personas por accidentes de trabajo a lo largo de todo el pasado año, lo que representa un aumento de un 5,5% respecto a los fallecidos en el anterior, que ya significaron una de las cifras más altas en la serie histórica. Repito, seiscientos cincuenta y dos personas muertas. De ellas, 484 personas murieron por accidentes en la jornada de trabajo, mientras que otras 146 personas fallecieron en accidentes de tráfico in itinere. Pensemos en el enorme sufrimiento de las familias, de padres y madres, de parejas e hijos, de familiares y amigos. Tengamos en cuenta que estas cifras representan más de 13 fallecidos a la semana, un goteo de muertes intolerable para nuestra sociedad.
Siendo altas las cifras de fallecidos e injustificable esta pérdida de vidas humanas durante el tiempo en el que los trabajadores llevan a cabo sus cometidos laborales, a ellas se suman aquellos que resultaron heridos de distinta consideración también por accidentes de trabajo. Así, según las mismas estadísticas, a lo largo de todo el año 2018, fueron 520.037 los accidentes laborales que se registraron en España, de los cuales, 515.614 fueron de carácter leve, mientras que otros 3.917 fueron de carácter grave, ocasionando importantes secuelas físicas que, con frecuencia, se mantendrán de por vida. Pensemos por un momento que estos datos significan que cada día, en España, se producen 1.424 accidentes de distinta consideración, de los cuales, once son muy graves, necesitando atención médica prolongada.
Pero debemos poner en perspectiva estos datos para comprender mejor su significado. Por un lado, la magnitud del drama que en España han alcanzado los fallecidos y heridos debido a la siniestralidad laboral es de tal naturaleza que exige de una política de Estado unánime y firme, que no admite demora. Con mayor motivo, si tenemos en cuenta que esta elevada accidentalidad laboral se está disparando a medida que la actividad económica abandona la fase recesiva vivida durante la crisis, especialmente en sectores que están tomando nuevamente un gran dinamismo, como la construcción, que en el año 2018 ha experimentado un aumento en la accidentalidad laboral del 13% respecto al año anterior. Y en este incremento también influyen, de manera determinante, los altos niveles de precariedad laboral y temporalidad que arrastra el mercado de trabajo en España, sus altísimos niveles de rotación junto a la inestabilidad vital que todo ello provoca, algo que se ve confirmado por el dato de que a medida que se han ido aprobando diferentes reformas laborales, se han producido posteriores repuntes de la accidentalidad laboral. Los trabajadores temporales carecen de una formación e información adecuadas en materia de prevención de riesgos laborales porque muchos empresarios consideran que no deben invertir dinero en empleados eventuales que, además, están en una situación vulnerable para denunciar irregularidades.
Las cifras tienen, todavía, mayor gravedad si tenemos en cuenta que España es uno de los países europeos con mayor nivel de accidentalidad laboral, como reflejan los datos de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat). Sirva como ejemplo un dato: mientras que la media europea de trabajadores fallecidos en accidentes en Europa es de 1,8 por cada cien mil, en España esta cifra se eleva hasta los 2,5. Es así que nuestro país concentra, nada más y nada menos, que el 20% de todos los accidentes laborales que se producen en los países europeos de la UE-15.
La gravedad de la accidentalidad laboral en España, su coste en vidas humanas y en lesiones personales, junto al daño que ello produce exige un rearme moral de toda la sociedad para cortar esta injustificable hemorragia.
Carlos Gómez Gil. Sociólogo y politólogo
