Canarias y Baleares se han considerado desde la creación del Estado autonómico comunidades hermanas que compartían inquietudes sobre las condiciones en que la democracia española iba a ser capaz de compensar el coste de la insularidad en una cultura política hasta ese momento fuertemente centralista. Partiendo de situaciones obviamente muy diferentes -porque no es lo mismo estar a más de 1.200 kilómetros que a 85 del punto más cercano a la Península, ni estar frente a las costas occidentales de África que junto a la costa levantina y cerca de los grandes puertos del Mediterráneo-, ambas comunidades han compartido algunos elementos de presión política ante los gobiernos de Madrid para ir mejorando las compensaciones por el coste de la insularidad, sobre todo en suministro energético y de transportes para garantizar a los isleños una movilidad y de acceso a la energía en las mismas condiciones que los peninsulares.

En este trayecto, Canarias ha llevado siempre el liderazgo y ha ido logrando, gracias a la capacidad de influencia que en determinados momentos han tenido formaciones políticas canarias en Madrid, avances de los que, con toda justicia, se ha ido aprovechando Baleares. Por descontado que el régimen de compensaciones a Canarias está y ha estado siempre a años luz de lo que, cabalmente, pudiera pretenderse para la comunidad balear. El régimen especial de Canarias data de la época de los Reyes Católicos, se amplió con la Ley de Puertos Francos de Bravo Murillo en 1852 y se convirtió en Régimen Económico y Fiscal (REF) en plena etapa franquista con la ley de 1972, convirtiéndose en un sistema muy regulado y sistematizado en dos momentos puntuales, pero trascendentales, para el futuro del encaje canario en España y en Europa: la ley 19/1994 de modificación del REF tanto en sus aspectos económicos como en los fiscales, y el reconocimiento de estos elementos en los Tratados de la UE aplicables a las regiones ultraperiféricas.

Baleares ha mirado siempre a Canarias como el espejo en el que quiere verse en materia de compensación a la insularidad, y hay una cierta tendencia a concluir en esa comunidad que la condición insular de ambos territorios justificaría el mismo tipo de medidas. En cierta medida ya se hizo cuando se elaboró el primer Régimen Especial de las Illes Baleares (REIB) de 1998 que el entonces ministro de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato, cepilló hasta dejarlo en algo más bien declarativo y sin demasiados efectos prácticos. Ahora, con la propuesta de nuevo REIB que el actual Govern balear remitió a Madrid, el archipiélago mediterráneo no esconde su clara voluntad de equipararse en prácticamente todo a las islas atlánticas, tanto en medidas de compensación económica por parte del Estado como en medidas de tipo fiscal a través de incentivos a la producción y a la inversión.

El controvertido decreto ley aprobado el día 23 de febrero por el Consejo de Ministros y convalidado el jueves pasado, en el último pleno de la legislatura, por el Congreso de los Diputados, se refiere únicamente a los aspectos económicos cuyas medidas de ayuda en materia energética, de transportes y de inversión estatal en infraestructuras vía Presupuestos Generales del Estado, en lo que denominan el 'factor de insularidad', garantizan que la inversión anual no será inferior a la media del conjunto del país (también como en el caso de Canarias).

Estas medidas pueden ser en su mayoría razonables y no deben verse desde Canarias con desconfianza. No hay de entrada una oposición en Canarias a que Baleares o cualquier otra comunidad mejore sus condiciones de desarrollo y de atención a las necesidades de sus ciudadanos. Otra cosa es el contenido que se ha avanzado sobre los aspectos fiscales que completarán ese régimen especial balear y que se concretarán en un proyecto de ley que deberá remitirse al Congreso en la próxima legislatura. Los incentivos fiscales para la inversión a través de una RIC como la canaria y la bonificación de bienes producidos en el territorio suponen de facto un copia-pega del REF canario y entran de lleno en competencia con las medidas canarias de similar signo y relevancia.

Es esta parte del régimen balear la que ha puesto en alerta al Gobierno, a la mayoría de las fuerzas políticas y a los sectores empresariales de Canarias, que consideran que se aprobarían para un territorio de situación geográfica, económica y social muy distinta a la del archipiélago atlántico, medidas sólo justificadas por la Unión Europea para las regiones ultraperiféricas. Los expertos en derecho comunitario no dudan en considerar que un REF balear de esas características no podrá ser avalado por Bruselas, y basta recordar la intensa, compleja y larga negociación que los gobiernos de España han tenido que librar con las autoridades comunitarias para cada paso que ha ido dando Canarias en este sentido.

El régimen especial balear podría provocar, sin duda, sonrisas irónicas a aquel comisario de Mercado Interior y de Competencia que tan familiar se hizo para todos los canarios, Mario Monti, o a algunos de sus sucesores en la Comisión Europea como Michel Barnier o Karel Van Miert, que recordarían que para acceder a determinadas ayudas de Estado y ventajas fiscales deben cumplirse una serie de requisitos: región desfavorecida económica y socialmente y un alto nivel de desempleo junto a todas aquellas desventajas estructurales que comparten las RUP, para las que se reconocen las medidas excepcionales en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE.

Como ejemplo de los serios que se ponen en Bruselas en este ámbito baste recordar el destino que tuvieron las vacaciones fiscales vascas de los años 1993 y 1994, declaradas ilegales por Bruselas y el propio Tribunal de Justicia de la UE.

Las dificultades con las que se encontrará Baleares para que pueda prosperar ese REIB fiscal al que aspira esa comunidad son asumidas de facto por el actual Govern de Francina Armengol, que se pone la venda antes de hacerse la herida al aprobar un documento, que remitirá a Bruselas, reclamando la flexibilización de las normas comunitarias para acceder a ayudas y medidas de financiación que ahora le están prohibidas.

El Ejecutivo balear plantea, entre otras cosas, la creación de una especie de grupo de regiones insulares europeas no ultraperiféricas -con Córcega, Cerdeña, Malta, Sicilia, o cualquiera de las griegas- para acceder a determinadas políticas vinculadas a las desventajas estructurales de estos territorios.

Lo que sorprende en todo este debate es la posición del PP y el PSOE, que parecen poner por encima sus intereses políticos en Baleares, asumiendo un régimen especial con condiciones que saben que no pasarán el filtro comunitario, en lugar de explicar con claridad, coherencia y honestidad que esa comunidad no puede aspirar a un REF como el canario.

El PP hace un doble juego al criticar en Canarias el decreto y ser firme defensor del mismo en Baleares y convalidarlo sin fisuras en el Congreso. Además, cabe recordar que el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con el Gobierno del PP, presentó en 2015 un proyecto en la Cámara que no se llegó a tramitar por la convocatoria electoral de aquel año, y que contenía los incentivos fiscales copiados del REF canario.

También sorprende que el PSOE y el sindicato UGT de Canarias sostengan que ambos regímenes no tienen nada que ver, cuando el Gobierno central lo reconoce al comprometerse, tal como dice la disposición transitoria primera del decreto ley, a promover ante la UE la modificación del Reglamento comunitario que regula las ayudas de minimis para aumentar el límite de 200.000 euros a la ayuda que puede acumular una empresa en tres años para el transporte de mercancías en los territorios insulares.

Una de las cosas que más irritan en Canarias en relación con este decreto es que el Gobierno de Pedro Sánchez lo haya impulsado a toda marcha para forzar su aprobación antes de disolver las Cortes, en contraste con la cicatería mostrada respecto al cumplimiento del REF canario en los Presupuestos estatales que pretendió aprobar. Una cicatería que exhibe también en su negativa a firmar los convenios pendientes o a dotarlos con los fondos comprometidos, incluso en el caso de contar con el aval de sentencias judiciales como es el de la deuda en carreteras. En este marco, y siempre bajo el principio de no cuestionar los derechos que a Baleares le correspondan para paliar el coste de la insularidad, las instituciones, partidos y agentes sociales de Canarias deben estar vigilantes sobre los efectos que una hipotética equiparación de las compensaciones a ambos archipiélagos pueda tener sobre el fuero canario, y combatir cualquier amenaza de que éste pueda ser desvirtuado. La defensa del REF ha sido históricamente y en especial en los últimos años un emblema, una seña de identidad y un factor de cohesión política y social en Canarias y eso debe permanecer por encima de todo.