A tres opositores, sin fogueo en el sector privado, un registrador de la propiedad, una abogada del Estado y un juez, les tocó gestionar la mayor crisis existencial que ha conocido España desde la restauración de la democracia.
En su condición de testigos y juristas; no cabe olvidar que lo que se ventila en el Supremo es si se infringió o no el Código Penal; se han tentado la ropa y parapetado en el derecho, que es lo suyo, ante los magistrados, las defensas de los enjuiciados y los distintos protagonistas del juicio.
Eso, para no ser volteados por quienes tienen que perder si no consiguen demostrar que en aquellos días no hubo violencia. De ahí, el intento de hacer añicos la laboriosa instrucción del juez ausente.
Rajoy, que se sentó delante de la mesita como si no hubiese más remedio, dijo, con repensado estupor, que no se acordaba de la reunión con el sobrio Urkullu; Soraya, que no había hablado del referéndum con nadie de la Generalitat y Zoido, optando por colocarse de falso nueve, arguyó: "Ellos, guardias civiles y policías, sabrán por qué lo hicieron".
En la gestión del lío estuvo ausente la política, por muy mala opinión que tenga el común de esta asignatura. La explicación que dio el lehendakari sobre el brusco giro del presidente catalán, al pasar en pocas horas de convocar elecciones a declarar la independencia (unos cientos de manifestantes se amontonaron, en la plaza de San Jaume, gritándole "traidor"), evidencia que fallaron los marcadores.
Quizá esto no hubiera sucedido con otros interlocutores y por eso se recurre a un imaginario que consiste en repetir, sin límite espacial o temporal, que la democracia está reñida con el Estado de Derecho, en beneficio de la voluntad popular.
Mensaje que los que están sentados en el banquillo emplean, tratando de endosar al Gobierno las causas y los efectos derivados de la declaración de la independencia, la celebración del referéndum y los disturbios inferidos.
Y ahí está precisamente la médula del imaginario secesionista. Priorizar el mandato popular y pelear en sede judicial el ficticio según el cual los responsables son quienes se obstinan en imponer el cumplimiento de la ley.
Bien explicado por quien lo ha sufrido en sus carnes, Antoni Bayona, letrado del Parlamento de Cataluña. Secesionista, como tantos otros, desde la sentencia del Constitucional hasta que se cayó del caballo al ver los materiales con los que se quería construir la independencia, Bayona se abrió y escribió un libro, No todo vale, en el que da cuenta de las severidades en que le tocó desarrollar su tarea.
Los enjuiciados tratan de convencer a los responsables de la prueba, que estaban ejecutando el mandato, sin violencia, con ese civismo pacífico de Pau Casals, capaz de ofrecer "una muestra del poder de la soberanía del pueblo como no se había visto nunca, pues el Gobierno había entrado en una lógica de guerra y un mínimo democrático es que el pueblo catalán se movilizara", en palabras de la cabeza mejor amueblada que ha declarado hasta ahora en las Salesas.
Y una psicoanalista de referencia se pregunta: ¿Qué clase de democracia puede imperar en una sociedad psicopática donde se reconoce el derecho de saltarse la ley siempre que nos parezca injusta?
Los enjuiciados transmiten una impresión de fortaleza, a pesar del año largo que llevan en prisión preventiva y el clima en el que se desarrolla la vista oral es de corrección, desapasionamiento y aburrimiento, que no está mal desde el punto de vista de la opinión pública, sobre todo en la perspectiva catalana.
Pero dado que el conductor del debate no ha permitido que se convirtiese en un plató de televisión, la futilidad de algunos debates corre el riesgo de bruñir las conclusiones.
El presidente del Tribunal, Manuel Marchena, un juez templado y pedagógico, con mucha mili en los jesuitas, está conduciendo el juicio sin pasar una a quien no respeta la liturgia procesal. Le ha tocado sofocar relatos políticos y aguantar el mensaje temerario de un atrevido que no intimidó su serenidad.
Su papel es esencial, pensando en el partido de vuelta, Estrasburgo, donde se mirará todo con triple lente. Pero antes, le tocará pronunciarse sobre la rebelión del art. 462 del Código Penal.
Jordi Cuixart es un empresario del ramo metalúrgico, activista estimado en su tierra, que ha mutado del impacto emocional de estar en prisión, de la que quería salir al precio que fuera, a considerarse un preso político. Para resolver el conflicto entre Cataluña y España.
Ha acuñado un nuevo concepto, el de la "ruptura de la disciplina no violenta, que ha caracterizado el soberanismo".
La acusación le ha recordado aquel día en que se subió a un coche de la Guardia Civil, "un altar majestuoso" dijo, desde el que empleó una expresión de la clase obrera "nos dejaremos la piel ". Una contradicción in terminis con el fanatismo de baja intensidad de quien dijo que había ido a la Consejería de Economía "a merendar".
Hijo de padre catalán y madre murciana, salió al ataque con el discurso más extremo y entusiasta que se ha oído durante el juicio. Admitió la desobediencia y el papel que tuvo, como dirigente de Ómnium Cultural, en la movilización: "Todo el que convoca una manifestación desea que su asistencia sea masiva, igual que lo hizo la ultraderecha en Colón".
Y tras cuatro horas de deposición, finalizó con un ditirambo: "Todos los ciudadanos de España tendríamos que estar orgullosos de que el 1-O es el ejercicio de desobediencia civil más grande de Europa". Y ahí lo dejó.
Antes, Marchena le había amonestado por sus interjecciones coloquiales ("hostia", "collons"), en las respuestas al fiscal.
Y con el final de la primera parte dedicada a los enjuiciados, llegó el frenesí de las declaraciones exprés de los testigos.
La consejera de Estado, Soraya Sáenz de Santamaría, con ese aire de opositora que se sabe los temas, se mostró sucinta mientras enlosaba la declaración de Rajoy: "El Gobierno no puede disponer de la soberanía nacional" y explícita con la piedra filosofal del juicio, la existencia de violencia.
Ante la inculpación de ser "renuente", cogió carrerilla y repicó con una realidad que le tocó vivir: "Yo sé lo que es vivir un escrache. Y lo que se vivió en Cataluña no fue un escrache, fue un acoso violento".
Se la vio apurada cuando le preguntaron: "¿Cómo podría explicar a la Sala que, con toda la inteligencia del Estado español, no se encontrara ni una sola urna? ¿No será que estaban en manos de centenares de ciudadanos anónimos?" El quite de Marchena abatió al letrado: "Lo que hace es replicar su opinión a la respuesta que le ha dado la testigo".
Mariano Rajoy, registrador en el Registro Mercantil de Madrid, iba con la intención de ser escueto, para dejar dicho lo que le interesaba: "Desde el primer día eran plenamente conscientes que no iba a convocar un referéndum para saltarme la Constitución y liquidar la soberanía nacional".
Subiendo el tono, como si siguiese en la silla curul, clamó: "España es la que quieran los españoles y no una parte de los españoles. Ningún presidente de Gobierno puede aceptar la liquidación del Estado".
Locuaz y dicharachero, aunque somero en relación con la aplicación del 155 (maldita la gracia que le hizo activarlo), parecía sentirse cómodo: "Hubo un sinfín de teorías. Hay quien dice que había que aplicarlo antes. Otros que había que esperar un poco más. Otros que no había que aplicarlo nunca. Y otros cambiaron de criterio... Muchísimas opiniones para todos los gustos".
Cuando el examen entraba en un declive rajoyano, acomodado ya en el burladero, el fiscal Cadena le preguntó: "¿Le parecieron violentos los acontecimientos?", interpelación que Marchena interrumpió, afeando al ministerio público que preguntase por apreciaciones y no por hechos. El fiscal, visiblemente molesto, dio por concluido su interrogatorio.
Y lo más interesante estaba por venir. Los devaneos con el lehendakari Urkullu. Tras un forcejeo con la defensa, terminó admitiendo que habló con él, sin aclarar si le atendió personalmente. Giro de cadera táctico. Ante la insistencia, Rajoy dijo que "es muy difícil recordar cómo hablé, lo que está claro es que no ha habido ningún mediador porque mis posiciones estaban claras y las de los otros también".
No mostró gran interés en ser categórico con la violencia y se instaló en un terreno de confort: "Los acontecimientos no han sido propios de un país como el nuestro (...) He visto lo que ha pasado en hoteles donde se alojaban guardias civiles, he visto actos frente a los juzgados... Era una situación de anormalidad". Y se desmarcó del dispositivo policial del referéndum: "Yo he sido ministro del Interior y jamás he tomado una decisión sobre ningún dispositivo de seguridad". Cuerpo a tierra.
La testifical de Mariano Rajoy, que era plato fuerte, no defraudó la expectación levantada y se cerró con risas flojas, de los más jóvenes, ante algunas de sus respuestas.
Salió indemne y se fue con pasos acelerados, como los que acostumbra a dar cuando hace marcha rápida en las corredoiras de su tierra.
Juan Ignacio Zoido, juez en excedencia, en expectativa de destino. Escurridizo y por momentos distraído, admitió que no se pudo cumplir con la orden judicial por la oposición de los ciudadanos y la insuficiente cifra de Mossos destinada al referéndum (7.000): "Había auténticos escudos humanos que impidieron que se pudiera acceder. Era una resistencia activa y organizada".
Metió un viaje al mayor Trapero: "No era muy colaborador, planteaba reticencias y no le gustaba el hecho de estar coordinado con el señor Pérez de los Cobos, el coronel de la Guardia Civil responsable del dispositivo".
El juez Zoido se ha quitado el mochuelo de encima cuando uno de los letrados de la defensa le ha espetado: "¿Enviar a 6.000 hombres a 2.239 colegios no era enviarles al matadero? ¿Quién dio la orden de que fueran, de que no se retiraran?" "Los operativos". De nuevo, giro de cadera táctico.
El lehendakari Urkullu compareció sereno y campanudo, como es él. Veremos qué da de sí la prueba, pero a juzgar por sus declaraciones es, por ahora, el mejor testigo de la acusación.
Sostuvo que vio con más ganas de diálogo a Puigdemont, siempre con una actitud receptiva, que a Rajoy, que no tenía una posición proactiva de encauzar la situación, aunque fue el expresident el que finalmente lo frustró.
Ante el lamento de Urkullu porque "esto se estaba yendo de las manos", Rajoy le tranquilizó diciéndole que "intentaría que la actuación de la policía fuera la mínima y con la máxima delicadeza". La promesa de un imposible metafísico.
De su papel en el devaneo; ambiguo y mal explicado, el político vasco dedujo que ni Rajoy tenía ganas de aplicar el 155 ni Puigdemont de declarar la independencia unilateral.
En el estado límite, los actores de una representación teatral son más sinceros y más sorprendentes. Han decidido defenderse a su manera, tratando de ponerse a salvo en el bote de que cada uno disponía.
En las Salesas está primando la defensa propia sobre la sinceridad, sin desistir de los celebrados giros de cadera tácticos.
Luis Sánchez-Merlo. Abogado y economista
