David Cameron convocó el referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, única y exclusivamente, para resolver un largo y viejo debate dentro del Partido Conservador, convencido de que ganaría la consulta. Se equivocó rotundamente y ahora se pagan las consecuencias.
Lejos de resolver los problemas, el estrecho margen favorable a salir y las negociaciones para intentar abandonar la Unión con un acuerdo han hecho que la vida social y política británica esté más dividida que nunca. Sin duda, la cuestión de permanecer o no en la UE es un asunto de extrema importancia, tanto que precisamente por ello no debería haber sido objeto de un referéndum; estos no pueden ni deben sustituir a la democracia representativa.
Estamos a menos de un mes para la fecha límite para salir, en principio, el 29 de marzo, justo dos años después de que el gobierno británico activara el artículo 50 del Tratado de Lisboa, sin que todavía se sepa qué es lo que va a suceder. Todo es posible y una de las opciones, salir sin acuerdo alguno, sería particularmente catastrófica.
Hay quienes critican abiertamente a la primera ministra por haber solicitado la salida, en marzo de 2017, de forma precipitada y sin un plan concreto sobre qué dirección tomar. Es cierto, pero relativamente irrelevante. Una demora superior en activar la solicitud, o una mejor planificación de las condiciones de la salida, no hubieran permitido alcanzar unos resultados realmente aceptables para la inmensa mayoría de quienes votaron a favor de abandonar la UE, porque las expectativas de los distintos colectivos de brexiters eran contradictorias e irrealizables, por lo que difícilmente se podía llegar a una solución, si es que existe, en la que todos los partidarios de salir se encontraran satisfechos.
La señora May alcanzó a finales del pasado año un Acuerdo de Retirada, que sometió a votación de la Cámara de los Comunes a mediados de enero último, obteniendo una de las mayores derrotas que ha cosechado un gobierno en el parlamento que lo había elegido: 432 votos en contra por tan solo 202 a favor. Probablemente, cualquier otro primer ministro habría presentado su dimisión inmediatamente. Ella no lo hizo, lo que forzó que Jeremy Corbyn presentara una cuestión de confianza, que fue igualmente derrotada.
Si algo ha demostrado el parlamento británico en estos dos años de negociaciones es que sabe lo que no quiere, pero es incapaz de acordar lo que realmente desea. Unos, básicamente el Grupo Europeo de Investigación (el ala más euroescéptica del Partido Conservador), no muy grande en tamaño, pero muy influyente dentro del partido, querría dejar la UE sin acuerdo alguno. Otros, que tampoco parecen mayoritarios, desearían que se convocara un nuevo referéndum. Y la inmensa mayoría se manifiesta contraria a salir sin acuerdo, pero rechaza el Acuerdo de Retirada negociado por May.
Ahora bien, mucho se ha hablado sobre las contradicciones y divisiones en el seno del gobierno y del partido conservador, pero poco se ha profundizado en analizar la calculada ambigüedad del líder del Partido Laborista. Por ello, cada vez más laboristas, parlamentarios o no, han llegado a la conclusión de que el deseo último de Corbyn sería llegar al 29 de marzo sin un acuerdo, para que el Reino Unido abandone la UE de forma caótica y poder culpar de ello al gobierno conservador, intentando rentabilizar el descontento en unas elecciones generales que serían inevitables a corto plazo. La creciente división, y algunas deserciones de parlamentarios laboristas, han conseguido vencer la renuencia total del líder a un nuevo referéndum, que es lo que acordó la conferencia de su partido en el mes de septiembre.
La estrategia desarrollada por Jeremy Corbyn hasta el momento es un profundo error, incluso desde la perspectiva de su agenda radical. Corbyn parece ignorar que es mucho más sencillo poner en práctica un programa económico como el que defiende en una situación en la que la economía crece y muestra fortaleza. Es entonces cuando las bases impositivas aumentan y permiten financiar las reformas que requieren mayor nivel de gasto, circunstancias en las que los salarios tienden a crecer, con lo que la satisfacción general del electorado puede coadyuvar a que se ganen elecciones. Por el contrario, las predicciones más optimistas sobre las consecuencias económicas de un Brexit suave coinciden en que la coyuntura empeorará; el Tesoro británico estima que una salida sin acuerdo sería extremadamente negativa. En esas circunstancias, un gobierno laborista tendría muy poco espacio para desarrollar su programa; no podría subir impuestos, tal como desea Corbyn, porque ello deprimiría todavía más la situación económica y, probablemente, tendría que aplicar recortes añadidos a los que se han practicado desde 2008.
Aunque es cierto que algunos parlamentarios laboristas están en contra de una segunda consulta popular, Jeremy Corbin debería impulsar la celebración de un nuevo referéndum; parece que después de haber visto cómo los Comunes rechazaban el miércoles su propuesta para permanecer en la unión aduanera es posible que no tenga más remedio que hacerlo.
Él mismo, además de muchos conservadores, ha venido considerando que convocar otro referéndum sería antidemocrático, puesto que el pueblo ya se ha manifestado. Sin embargo, también hay quienes consideran que la legitimidad democrática del primer referéndum está en cuestión. Primero se presentó como no vinculante, y con esa excusa no se permitió el sufragio a todos los colectivos relevantes que suelen votar en las elecciones británicas, de forma que no todos pudieron manifestar sus preferencias y defender sus intereses. En segundo lugar, aunque la pregunta fue, aparentemente, muy clara, lo cierto es que tanto la opción de salir como la de permanecer encierran diversas alternativas dentro de cada una de ellas, por lo que puede concluirse que no existió suficiente claridad sobre las consecuencias de cada opción, lo que hace muy complicado un voto riguroso. Es cierto que esto sucede también en otro tipo de elecciones, pero este es un caso singular en el que no se vota, sobre lo mismo, cada cuatro años, sino que lo que se decide puede ser irreversible. En tercer lugar, en julio del pasado año, la Comisión Electoral confirmó que la campaña a favor de salir había violado la ley electoral, superando los gastos establecidos, lo que constituye un fraude. También, y sería un cuarto elemento, se ha demostrado que la campaña estuvo plagada de falsedades, medias verdades y un gran nivel de desinformación. En resumen, hay un conjunto de circunstancias que permiten concluir que la legitimidad democrática del proceso es muy cuestionable.
Si a ello añadimos que cada día más se está expresando un fuerte deseo de celebrar otro referéndum y los parlamentarios han demostrado ser incapaces de ponerse de acuerdo en qué es lo que realmente desean, quizá lo más democrático sea convocar uno nuevo, en el que se opte, ahora con un mayor nivel de información sobre las consecuencias concretas, bien por salir de la UE conforme al acuerdo de retirada negociado por la señora May o bien permanecer en ella.
Al igual que Corbyn se ha abierto tímidamente a la posibilidad de pedir una nueva consulta popular, la primera ministra ha debilitado su estrategia del "todo" (su acuerdo) o "nada" (salida sin acuerdo) para la votación del 12 de marzo, al aceptar que pedirá una extensión del artículo 50 si se rechaza su Acuerdo de Retirada, que quizá entonces pueda ser aceptado si los euroescépticos más duros le ven las orejas al lobo. Otra cosa es, en caso de prórroga, cuánto tiempo le concedan los 27. No puede ser mucho, porque se ha demostrado difícil alcanzar una amplia mayoría parlamentaria para cualquier solución. No tiene sentido alguno conceder más tiempo para, simplemente, prolongar los debates internos y las disputas de los dos partidos mayoritarios.
Juan Antonio Gisbert.Economista
