El 2 de junio de 2018, el Presidente del Gobierno de España tomaba posesión de su cargo y catorce días después, previa deliberación del Consejo de Ministros, se nombraba director del Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de la Presidencia al general de Brigada Miguel Ángel Ballesteros Martín, hasta entonces director del Instituto Español de Estudios Estratégicos.
Escasamente unos días antes de la disolución de las Cortes, tras una legislatura que no ha superado los nueve meses, el Gobierno publicaba la Estrategia Nacional contra el Terrorismo 2019, aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional el pasado 21 de enero.
Estos dos hechos son especialmente relevantes y están directamente relacionados. La nueva Estrategia Nacional contra el Terrorismo señala la necesidad de consolidar en España una cultura de la seguridad y la defensa y asigna un papel activo al conjunto de la sociedad. Una lectura detenida de sus contenidos nos indicaría que existe una significativa coincidencia con muchos de los planteamientos defendidos por Ballesteros de forma habitual en medios de comunicación y foros académicos.
La seguridad, pese a tratarse de un concepto que reúne distintas acepciones, puede entenderse también como un elemento esencial sobre el que una sociedad puede cohesionarse y debe vertebrarse. El objetivo de hacer posible un país más seguro en cualquier contexto geopolítico debe situarse por encima de cualquier otro interés sectario. En un Estado de Derecho que proporciona numerosos medios para combatir amenazas, la seguridad debe concebirse siempre desde un punto de vista integral en el que la sociedad comprenda, comparta y se comprometa con los intereses estratégicos de la Nación.
Más concretamente, en el caso del terrorismo yihadista, que se presenta como el principal reto para la seguridad nacional en la actualidad, esta visión se traduce en la necesidad de una metodología de la seguridad que permita la coordinación y la dirección de los recursos implicados en el objetivo de la anticipación, tanto en España como en Europa ya que este fenómeno se desarrolla en un entorno cambiante.
De esta forma, se hace imprescindible el establecimiento de líneas de acción no solo frente a la amenaza sino frente a los riesgos asociados a la misma, algo que ya ha aclarado la Estrategia de Seguridad Nacional 2017, la cual se basa a su vez en cuatro pilares básicos en lo relativo a la lucha antiterrorista: prevención, protección, persecución y preparación de respuesta.
Considerando que el terrorismo no constituye un peligro coyuntural sino una amenaza permanente, el nuevo Director General de la Seguridad Nacional ha sostenido este planteamiento a medida que esta amenaza ha ido evolucionando hasta adquirir naturaleza transnacional. En especial, a raíz de los atentados del 11M en el que la experiencia y capacidades obtenidas en la lucha antiterrorista contra ETA nos permitió adaptarnos a nuevas formas de cooperación internacional como puede ejemplificar actualmente la colaboración hispano- marroquí.
En el contexto descrito, puede entenderse la razón de ser de esta actualización de la Estrategia Nacional contra el Terrorismo respecto de la anterior que se centraba en la actividad de Al-Qaeda como actor principal, mientras que hoy la realidad ha mutado hasta Daesh en Oriente Medio y las numerosas organizaciones terroristas que proliferan sobre todo en el continente africano.
No estamos solos. Nuestra integración en Europa como entidad supranacional nos hace partícipes de una unidad política y social que afronta los mismos retos en la lucha contra el terrorismo. España, con esta nueva estrategia, estará en mejores condiciones de aportar y sumarse a una estrategia Europea que preste especial atención a los espacios comunes globales, no solo al ciberespacio, sino también al espacio marítimo, aéreo o ultraterrestre.
El terrorismo se ha adaptado a un contexto globalizado y ha sabido aprovechar la capacidad de conectividad y el cambio de paradigma tecnológico de redes y dispositivos interconectados. Un entorno que ha favorecido el adoctrinamiento cercano y la propagación de ideas extremistas y violentas que favorecen la irrupción de nuevos actores solitarios y las denominadas células auto-radicalizadas, ambos, como ya se ha comprobado, de difícil detección. Cobra especial relevancia en la nueva estrategia el impacto de los retornados de zonas de conflicto y por supuesto, aquellas expresiones de extremismo violento que puedan desarrollarse a través de procesos de radicalización aumentando con ello el riesgo de que acaben evolucionando y formando parte de actividades filo-terroristas.
La nueva estrategia incorpora un nuevo concepto, el extremismo identitario y lo sitúa como un fenómeno excluyente que genera tensiones sociales y apunta que puede encontrar acomodo y desarrollarse en un contexto de crisis económica, para situarlo concretamente en países desarrollados de Europa, donde ya son identificables.
Se debe valorar lo que supone esta estrategia de avance en la lucha contra el terrorismo de forma claramente positiva, ya que reconoce la importancia de la adopción de medidas orientadas a la anticipación, la integración de estrategias y por tanto la actualización y armonización con la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017.
Pero si algo permite identificar a quien la pudo inspirar intelectualmente, confirmando lo acertado del nombramiento de Ballesteros, es que otorga un destacable papel a la sociedad en su lucha contra el terrorismo junto con los poderes públicos. Por tanto, reafirma que esta no es una tarea exclusiva de los medios de los que dispone el Estado, tanto en inteligencia como en los ámbitos policial, judicial o diplomático. La nueva estrategia defiende la idea de que solo una sociedad informada y preparada en los asuntos que afectan a su seguridad la harán más resiliente para dar una respuesta efectiva al impacto del terrorismo e incluso a la posterior recuperación de sus efectos.
En definitiva, la participación activa de todos en la construcción de una política de seguridad nacional, de una cultura de la seguridad compartida e integrada en los valores democráticos del Estado de Derecho constituye una de las más poderosas herramientas de cohesión frente a aquello que nos separa.
Laura Méndez. Politóloga.
Máster en Operaciones de
Inteligencia y Contrainteligencia
