Si antiguamente la derecha advertía a sus votantes de que los rojos les iban a quitar las vacas y las fincas, ahora es la izquierda la que alerta a la clientela de que los del bando de enfrente les van a dejar sin pensiones. Aquí siempre nos están quitando algo; aunque de momento y por fortuna no se hayan concretado tan graves amenazas.
Lo de las pagas de vejez es más creíble que lo de las vacas, eso sí. Gobierne quien gobierne, tendrá que afrontar la jubilación de los niños del baby boom, que ya andan por la sesentena o más y podrían provocar otra explosión (¿el old boom?) que haga saltar por los aires la caja de la Seguridad Social.
Enfrentados a la situación, los gobiernos no han tenido mejor idea que aplazar la edad de retiro hasta los 67 años, con el propósito de que la gente cotice más y cobre menos. Parece una medida lógica, si bien choca con la realidad de un mercado laboral como el de España, que expulsa a los mayores de 50 y pone serias trabas a los chavales en busca del primer empleo. Quiere la paradoja que a los jóvenes se les exija experiencia para ser contratados y a los maduros con conocimiento acumulado se les pida que sean jóvenes. No hay que buscar mayores explicaciones a las elevadísimas tasas de paro del país.
El panorama no puede ser más oscuro, pero, aun así, los jubilados temerosos de perder la pensión cuentan a su favor con la baza de que son muchos. Ocho millones y medio de pensionistas (y subiendo) representan una masa de votantes que ningún gobierno puede ignorar.
Hay, en efecto, más jubilados que currantes en algunos pueblos de la España vacía; pero tampoco es seguro que estos detalles aritméticos vayan a comprometer el pago de los subsidios de vejez. Siquiera sea por razones crudamente biológicas, la legión de pensionistas no para de sufrir bajas en sus filas, por nutridas que estas sean.
Aunque este país sea el segundo del mundo en materia de longevidad, no es menos cierto que la expectativa de vida tras la edad establecida para el retiro no supera las dos décadas de promedio. Dicho de otro modo, el mero paso de los años irá reduciendo inevitablemente el número de perceptores de pensiones, con lo que tocarán a más los que para entonces se jubilen y deban repartirse los fondos de la Seguridad Social.
También es verdad que, llegado ese momento, quedará muy poca gente en edad de trabajar, dada la escasa producción de bebés que caracteriza a este país. Raro será, sin embargo, que no nos arreglemos con la importación de trabajadores extranjeros, tal que ha sucedido con otras naciones más prósperas que esta.
Ni siquiera hará falta que nos apuren, como ha hecho el ministro de Economía de Japón, Taro Aso, al reprocharles a sus pensionistas que tarden tanto en morirse. El jerarca nipón no hizo otra cosa que asumir -de manera más descarnada- las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. En un informe difundido años atrás, el FMI alertaba ya sobre el "riesgo" de que los Estados no puedan hacer frente a las pensiones si sus súbditos se empeñan en morir más tarde de lo conveniente.
No parece que sean necesarias medidas tan drásticas como el establecimiento de una edad máxima de defunción para equilibrar los ingresos y los pagos de la caja de pensiones. Al final, el tiempo acaba por solucionarlo todo. Y mientras tanto, ocho millones y medio de votantes seguirán pesando mucho.
