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28-A: El reparto autonómico que nadie aborda

La experiencia autonómica derivada de nuestra transición no es satisfactoria. Las situaciones que vivimos muestran que sus resultados no son los que legítimamente esperábamos. Esta valoración nada tiene que ver con las alocadas teorías de VOX, simplemente trata de mantener un debate que desaparece entre el griterío de la campaña electoral y la importancia del juicio en el Supremo.

La cadencia de lo vivido está todavía en la cabeza de muchos. Tras aprobar la Constitución, con los estatutos de Cataluña, Euskadi, Andalucía y Galicia empezamos la década de los 80. Fue una etapa de mucha ilusión que animó la rápida reconversión del estado centralista en otro descentralizado. Hoy sabemos, que no debimos asumir aquel proceso como el nacimiento de un estado con un federalismo moderno. El proceso se da por acabado en 2001 con los últimos traspasos de Sanidad. A partir de entonces los gobiernos autonómicos comienzan a gobernar, y lo hacen con muy escasa preocupación sobre inevitables problemas financieros futuros relacionados con un reparto poco meditado y peor planteado. Surgieron los problemas y con ellos los parches en los sucesivos modelos de financiación autonómica. Pero cuando llega la crisis económica muchos servicios quedan sin financiación realista para el animoso sistema construido hasta entonces. Las consecuencias de aquellas pobrezas fueron mayores de lo imaginado. La crisis de Cataluña no surge por el factor único del Estatuto de 2006 y la sentencia del Constitucional en 2010, eso es un cuento chino, como afirmaba la semana pasada Eliseo Aja, un catedrático de 73 años, de los que ha dedicado 30 a auscultar el funcionamiento de nuestro sistema autonómico. En otras palabras, el mal resuelto tema de los dineros y de su reparto entre Comunidades Autónomas (CCAA) ha sido el origen y posiblemente causa principal de la fragilidad institucional del actual Reino de España.La necesidad de redefinir los derechos y obligaciones de las CCAA es cada vez más imprescindible y angustiosa. El pasado miércoles, Felipe González, tan ferviente defensor de las virtudes de la Constitución, como valedor de su reforma, al constatar que Cataluña puede estar más cerca de perder el autogobierno que de una hipotética independencia, fue determinante con el actual balance autonómico: "Aquí solo hay una salida seria, que es la federalización". En esta línea Eliseo Aja también fue contundente: "El sistema ya no funciona bien, hay que ajustarlo, añadiendo el principio básico de lealtad federal, que significa que cualquiera de los miembros debe respetar a todos los demás de la federación y debe tener un comportamiento amistoso. Nadie debería hablar mal del sistema español y debería haber una visión global integrada y no 17, cada una por su cuenta. No hay otro camino que la reforma de la Constitución. El Estatuto catalán pretendió reformar cosas de la Constitución y una solución seria para Cataluña tiene que ser aceptada por todas las autonomías".

Si exceptuamos los dos casos extremos (en términos de organización territorial futura) determinado por un lado por los nacionalistas independentistas y por otro la desaparición de las CCAA defendida por VOX, aquello que conocemos de los programas electorales habla de un conservadurismo constitucional muy marcado (a modo de ejemplo, en el programa del PSOE sólo se habla de dos cambios restringido uno a limitar los aforamientos políticos y otro a impulsar la iniciativa legislativa popular). Ningún partido parece atreverse a plantear una reforma de la Constitución que sea realmente federal y que así lo recoja el sistema de financiación que de ello se derive, al tiempo se resisten a usar la palabra recentralización que consideran poco democrática y peligrosa a la hora de defender la igualdad entre españoles. Es decir, piensan que es mejor distribuir entre 17 unidades y que cada una de ellas administre según decidan sus elegidos regionales, que por cierto sin cambiar la situación actual se quedarán con pocas obligaciones recaudatorias, cosa que ofrece una mayor comunidad y la posibilidad de concentrar en el gobierno central, todos sus males.

Si tantos pensamos que el actual funcionamiento de las CCAA es insatisfactorio dando lugar a consecuencias desagradablemente profundas, como es la aparición del independentismo con métodos nítidamente anticonstitucionales, es de esperar que el actual caos acabe con decisiones relacionadas con recentralizaciones más o menos salvajes. La constitución no puede ser por más tiempo un mecanismo en manos de políticos que en el fondo son profundamente conservadores en términos de mantenimiento de una organización territorial que por otro lado da lugar a duplicidades políticas poco aceptables.

El atronador silencio que en materia de financiación autonómica y de cambio federalista, mantiene los partidos que se definen como exquisitamente constitucionalistas pone la piel de gallina. Aunque no sea agradable repetirlo, cada vez es más evidente que ante el fallo de la organización en CCAA, como el actual, aparece una situación con dos posibles salidas radicalmente binarias: una recentralización de algunas de las competencias hoy transferidas o una apuesta decidida por el federalismo, donde no está nada claro que quieran apuntarse la totalidad de las 17 CCAA.

Con las banalidades intelectuales expresadas estos últimos días por la mayoría de personas que aspiran a la presidencia del gobierno de España, no hay que albergar muchas esperanzas sobre la posibilidad de un debate calmado sobre el futuro de nuestro estado de las autonomías. No se trata de apuntarse a una lapidación intelectual del conjunto de la clase política, pero sí pedirles, al menos, el coraje para señalar los puntos en los cuales están dispuestos a abrir un debate, que esté al nivel de los problemas que arrastramos.

Gregorio Martín. Catedrático de Computación e Inteligencia Artificial

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