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Javier Durán

RESETEANDO

Javier Durán

Mayores en hospitales

La situación de crisis asistencial del Hospital Insular destapa una vez más la circunstancia de varias decenas de enfermos -la cifra varía de manera permanente- calificados como "sociales": es decir, en la mayoría de los casos sus familiares renuncian a llevárselos para sus casas por no tener medios ni condiciones para atenderlos. La gravedad del asunto ejemplifica la quiebra de un modelo sociosanitario que no ha sido capaz en el tiempo de crear más plazas públicas de residencia para estos pacientes geriátricos, que se ven abocados -ellos y sus familias- a aceptar un espacio improvisado para recibir atención especializada.El sistema público ha sido ajeno a los cambios sociales que, uno tras otro, repercuten en la relación de las familias con sus mayores, ya sea por las mutaciones laborales (todos trabajan en los hogares, o al menos lo intentan), una unidad familiar más reducida, lazos menos estrechos entre sus miembros o una óptica personal más a favor de la atención específica. Todos ellos son factores que convergen, finalmente, en la idea de que no es compatible -o resulta muy sacrificado- vivir -en su sentido más amplio- y hacerse cargo de unos mayores, cuya esperanza de vida ha aumentado hasta más allá de los noventa, pero con más achaques y problemas degenerativos.El espectro bosquejado sería ideal si los afectados tuviesen capacidad para afrontar el alto coste de las residencias privadas, o bien lograr una plaza pública sin esperas que están, en el caso más halagüeño, entre tres o cuatro años. Pero no es así, los precios son muy altos y las listas para acceder a la opción subvencionada se alargan en el tiempo. Frente a ello, lo más común es ver a familias enteras sumidas en un auténtico estrés para atender a sus mayores, organizando turnos para sus cuidados (a veces son varios enfermos) o complementado la pensión del paciente con aportaciones para aumentar la asistencia con ayuda externa. Y parece que los que no pueden ni llegar a articular una estructura como la anterior, pues deciden hospitalizarlos y no llevarlos para casa por no disponer de toda la intendencia material para ello, aunque puedan estar sobrados de los sentimientos necesarios para darles calor y humanidad. La Ley de Dependencia va camino en España de convertirse en la ley de la inmoralidad, sobre todo por como la utilizan los partidos políticos y los cargos públicos competentes en la misma. Hacer que estas personas tengan un final más humano depende de que existan ganas de hacerlo. Y parece que ni en campaña interesa.

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