Adolfo Suárez inventó el centro político en España, aunque pensaba que ese centro era él mismo en persona. En los últimos años, con algún vaivén que otro, Ciudadanos ha venido reivindicando ese espacio. Y desde la pasada semana, tras los resultados de las elecciones del 28 de abril, Pablo Casado intenta arrastrar al Partido Popular a ese mismo centro político, como si nunca hubiera salido de él.
En una reciente tertulia radiofónica, el profesor universitario Juan Martínez Torvisco, con tanto conocimiento académico como experiencia política, definía todas las opciones clásicas -derechas, izquierdas, conservadores, liberales, socialistas- hasta concluir que el centrismo no es una ideología, tal como se concibe en ciencia política. Como él, son bastantes los que entienden que el centro sólo es un espacio invadido por la izquierda o por la derecha, cuando quieren ampliar su base de electores, o una zona de oportunismo para advenedizos; es decir, con ideología prestada, el centrismo busca situarse allí donde haya más votantes.
Con muchos menos conocimientos y experiencia, yo no estoy de acuerdo con mi amigo el profesor. Y creo estar seguro de que mucha gente piensa como yo. Me explicaré, y, para ello, parto de dos premisas.
Primera premisa: Somos europeos. Europa ha desarrollado los mejores niveles mundiales de democracia, asentada en una población de clases medias, con el mayor respeto de los derechos civiles y que ha abandonado la lucha de clases, por lo cual los niveles sociales y las opciones políticas nunca son enemigas, sino sólo eso, opciones. Europa, sigo, ha generado una sociedad en donde, con respeto absoluto a la propiedad privada, y sensibilidad por los necesitados, se ha creado el mejor modelo de sociedad con estos dos fundamentos: Estado de derecho y estado de bienestar.
Por ello, muchos centristas creen en una sociedad sin privilegios, basada en los méritos y la iniciativa privada, donde la gran riqueza de algunos pocos pueda ser bienvenida siempre que no se fundamente en privilegios artificiales, y dicha riqueza no sea impedimento ni perjuicio para otros. Basada solamente en méritos y con la sensibilidad para ayudar, aupar y sostener a quienes no han conseguido hacer valer sus méritos, por la razón que sea. Una sociedad de iguales en deberes y derechos al margen de sus recursos, su riqueza o su nivel social, educacional, o cualquier otro. Por todo ello, el Estado de derecho actual debe asegurar unas normas electorales que representen diáfanamente la voluntad de sus ciudadanos, y un poder judicial verdaderamente independiente, dotado de medios para ser ágil y rápido. Un entramado jurídico que garantice la igualdad y 'peso' entre las partes en todo procedimiento contractual, administrativo o judicial. Piensen ustedes en cómo era, y es, el desequilibrio entre las partes cuando firmamos hipotecas, contratos de seguros, suministros eléctricos, telefónicos, etc. Piensen igualmente en la carga de la prueba en procedimientos administrativos o judiciales de un ciudadano ante la administración fiscal o de otra índole.
Ese equilibrio, esa igualdad del 'peso' de las partes contratantes o litigantes, debe ser garantizado por un perfeccionado estado de derecho.
Y hablando de privilegios, no parece nada lógico que el marco jurídico del país obligue a regímenes públicos a toda la economía y sociedad privadas, mientras mantiene a su organización pública sujeta a sistemas privados de gestión. Así, mientras la empresa privada está obligada a afiliar a sus trabajadores en el régimen público de Seguridad Social, la administración pública 'coloca' a sus funcionarios en sistemas semiprivados de asistencia. Las normas laborales rigen para la economía privada pero los trabajadores públicos son sometidos a otros sistemas (los interinos lo pueden ser indefinidamente y no tienen derecho a indemnización, por ejemplo). Mientras los legisladores crean normas que obligan a toda la sociedad, ellos se 'excepcionan'. Y así sucesivamente. Por ello muchos creemos que cualquier actividad pública, por administración o por política, léase como ejemplo el Congreso de los Diputados, debe encuadrarse en las mismas normas laborales, de contratación, de derechos de devengo y prestación de jubilación, y tratamiento fiscal, que cualquier actividad de las que ejercemos los ciudadanos de a pié la calle. ¿Cómo puede legislar sobre la sociedad quien inmediatamente se va a 'excepcionar' de la norma que está gestando?
Segunda premisa: Totalmente convencido, pienso que las derechas saben gestionar la economía y hacer que la sociedad cree riqueza, gane dinero; aunque casi siempre esas derechas no saben, o se olvidan de, repartir adecuadamente la riqueza que han conseguido crear. También, en sentido contrario, creo firmemente que la izquierda sabe repartir la riqueza, aunque, lamentablemente, lo hace con gran despilfarro de medios, y sin conseguir crear la riqueza que desean repartir.
Es por ambas convicciones, por lo que siempre digo, a modo de tópico, que en la sociedad europea actual los gobiernos y las políticas han de ir dirigidas a ganar el dinero con la mano derecha y a gastarlo con la mano izquierda. Sólo se crea riqueza mediante la iniciativa privada, los méritos y la concurrencia, en abierta competencia, de muchos agentes en cada sector de actividad económica. Por dicha razón es más importante el Ministerio de Competitividad que el Ministerio de Economía. El moderno Estado de derecho ha de garantizar que en ningún campo de actividad económica exista barrera alguna de entrada de agentes, ha de garantizar la libre concurrencia de muchos intereses en cada sector de los mercados. La prohibición de monopolios, oligopolios e incluso situaciones de privilegio en los mercados, amén de perseguir como ilegales cualquier práctica restrictiva de la competencia, son las mejores medidas que un gobierno puede aportar para que la economía progrese.
En economía, hasta ahí la condición necesaria, aunque no suficiente. La segunda fase de esta política económica está en el buen reparto de rentas, mediante impuestos, y la utilización eficiente de los recursos recaudados. El estado de bienestar europeo tiene dos condiciones: Es irreversible (no hay marcha atrás), pero es muy caro.
Nadie duda que la sociedad ha de procurar igualdad absoluta de oportunidades en el acceso a la educación y la formación, a cualquier nivel, amén de luchar activamente contra el fracaso escolar y la marginación educativa, provenga de la causa que sea. Nadie duda que la sociedad deba procurar una sanidad gratuita y universal, sin discriminaciones de clase alguna. Nadie duda que la sociedad ha de mantener a sus pensionistas, a sus dependientes y a sus parados con los sistemas de gestión que sean más eficientes colectivamente y favorezcan la mejora de la situación de los menos favorecidos, siempre con el objetivo de que consigan superar tales situaciones.
Todo este párrafo anterior puede parecer muy socialista, pero no lo es tanto. Las izquierdas tienden a infravalorar el esfuerzo personal, y esperan que el Estado aporte el mantenimiento de los desfavorecidos, mientras que las ideas aquí expuestas, sólo esperan que la sociedad, no el Estado, aporte los medios para que los menos favorecidos dejen de serlo, amén de mantenerlos durante su travesía del desierto.
En esta labor, queda pendiente algo verdaderamente abandonado tanto por la derecha como por la izquierda: La absoluta eficiencia en la gestión de medios por la administración política y administrativa del Estado, evitando los inaceptables, cuando no escandalosos, despilfarros al que nos tienen acostumbrados, tanto aquellas derechas como las izquierdas. Asignatura tan evidente como pendiente desde el franquismo.
Por ello, repito, nuestro mundo actual ha de 'ganar el dinero con la mano derecha y gastarlo con la mano izquierda'.
Si no existe, el centro debería existir.
José Manuel Rodríguez Moral. Economista de Totalia Economistas
