El Club Baloncesto Gran Canaria representa una singularidad dentro del deporte profesional de nuestro país. Es propiedad, desde el 30 de junio de 1992, de una administración pública: el Cabildo de Gran Canaria. Esa anomalía ha sostenido, en la gestión económica y financiera, a la Sociedad Anónima Deportiva durante las últimas tres décadas, periodo en el que la entidad ha escrito los mejores años de su historia: victorias, continuidad en la élite, presencia en las mejores competiciones internacionales, títulos y el uso y disfrute de una instalación como el Gran Canaria Arena.
Esa relación, sobre la que se levantan buena parte de los éxitos en la trayectoria reciente del Granca, también compromete, sin embargo, su futuro inmediato. Otros clubes españoles sin ese tipo de ayudas ya han denunciado que las subvenciones de las administraciones públicas locales a determinados equipos es dopaje financiero. En Europa, el Bayern de Múnich habla de competencia desleal para describir este tipo de ingresos. En ese escenario, en el Cabildo de Gran Canaria, desde hace años, esperan con temor una posible normativa estatal o europea que regule y prohíba que una corporación pública aparezca como propietaria de una Sociedad Anónima Deportiva.
Con ese miedo en el horizonte, la autosuficiencia económica del CB Gran Canaria ha figurado, de momento sin éxito, como una tarea a ejecutar en la hoja de ruta de todos los políticos que han pasado por la presidencia y la consejería de Deportes del Cabildo durante los últimos años. Ninguno ha sido capaz de reducir la aportación económica de la Corporación insular en las cuentas del Granca -esta temporada la inyección financiera, según las previsiones, alcanza los 3,8 millones de euros- ni ha puesto en marcha un modelo de gestión que cubra esa aspiración.
Lejana la autosuficiencia económica del club, el actual grupo de gobierno del Cabildo, con Antonio Morales y Ángel Víctor Torres -presidente y vicepresidente, respectivamente, de la corporación insular- ha optado por iniciar un proceso de privatización del Granca que, tras dos semanas de polémicas noticias, ha destapado falta de transparencia en el proceso, irregularidades en los sistemas de control de la propia corporación insular al gestionar la Sociedad Anónima Deportiva y desconfianza sobre la capacidad del presunto comprador -un supuesto fondo de inversión estadounidense que responde al nombre de HMK Holdings LP- para afrontar la operación.
A lo largo de un proceso tan importante como la privatización de un bien común como el Granca, un equipo de todos y que durante las últimas décadas ha representado con orgullo a la Isla por España y Europa, Morales y Torres trasladaron a la compañía americana la predisposición del Cabildo para afrontar la venta del club sin informar al patronato de la Fundación Canaria del Deporte, organismo propietario del club de baloncesto y único capacitado -según la Ley de Fundaciones de Canarias- para aprobar la subasta pública de las acciones de la Sociedad Anónima Deportiva.
Ese ha sido el punto de partida de una manera de proceder opaca que ha llenado de sombras la maniobra aceptada por Morales y Torres para desprenderse del Granca. Descubiertas las intenciones del Cabildo, a través de las páginas de este periódico, también se ha desvelado que Enrique Moreno y Óliver Armas -presidente y vicepresidente, respectivamente, de la entidad deportiva- llevaron al consejo de administración del propio club, para su aprobación, un contrato de patrocinio con HMK Holdings LP que ya había sido firmado cuatro días antes.
Pese a la gravedad de esos dos movimientos, la zona de sombras de la operación abarca mucho más. La dejación de funciones del Cabildo respecto a la Fundación Canaria del Deporte ha revelado que la corporación insular no presenta desde 2010, ante el Protectorado de Fundaciones de la comunidad autónoma, las cuentas del ente que figura como propietario del Granca y que debe aprobar la venta de la Sociedad Anónima Deportiva. No solo no se han entregado las cuentas a la Administración canaria, como es obligatorio, sino que tampoco se han renovado los miembros del patronato de la Fundación Canaria del Deporte desde 2009. Aún figura como presidente Lucas Bravo de Laguna, consejero de Deportes del Cabildo entre 2011 y 2015.
Frente a las irregularidades del Cabildo en el proceder para privatizar el club, de la otra parte, de quienes aspiran a ser los próximos dueños de la sociedad, sobresalen las dudas sobre HMK Holdings LP, el supuesto fondo de inversión que quiere comprar el 51% de las acciones del Granca y que esta misma semana declaró nulo el acuerdo de patrocinio que había alcanzado con el club por valor de un millón de euros para los últimos cuatro partidos de la temporada. Localizada su sede en un bazar con apartado de correos de Santa Mónica (California), figura en el registro mercantil como sociedad limitada y asegura disponer de fondos propios por valor de 13.600 millones de dólares, depositados a manos en un banco de Hong Kong a través de un intermediario que acredita un certificado de un organismo relacionado con el fraude internacional. Un disparate.
Indiscutible la necesidad de privatizar la Sociedad Anónima Deportiva, también es innegociable que el Cabildo debe ejecutar el proceso con total transparencia. El Club Baloncesto Gran Canaria es de todos los contribuyentes de la isla, sus éxitos se han levantado durante las tres últimas décadas a partir de su esfuerzo, y sus representantes en las administraciones públicas están obligados a ejercer su labor con trasparencia, limpieza y responsabilidad absoluta, un proceder que en esta operación ha estado ausente.
