No dejan de ser asombrosas las lecturas sobre la decisión del presidente Pedro Sánchez de apoyar a Meritxell Batet como presidenta del Congreso de los Diputados y a Manuel Cruz como presidente del Senado. Claro que antes intentó sacar adelante lo que se llamó -la cursilería acompaña a Sánchez como un desodorante mercadonístico- la operación Iceta. Vaya usted a saber para qué se supone que quería al inteligente, astuto y dúctil de Miquel Iceta presidiendo el Senado. ¿Para propiciar el enésimo intento de diálogo con el independentismo catalán? Los presidentes de las cámaras legislativas no pueden ni deben protagonizar diálogo alguno, desde su cargo institucional, con alguna o algunas fuerzas parlamentarias concretas. La naturaleza de la función presidencial de las cámaras legislativas -las Cortes en España- es absolutamente ajena a cualquier función negociadora. Al contrario: deben guardar una exquisita neutralidad. La imagen del presidente del Senado negociando reformas constitucionales o legislativas en su despacho -o en el Kabuki Wellington- con ERC o la secta idolátrica de Puigdemont es muy perturbadora, sinceramente. Otra cosa, que sí tendría sentido político y operativo, es que Iceta hubiera asumido la presidencia o la portavocía del grupo socialista en la Cámara Alta.

Lo mismo ocurre con los futuros nombramientos de la señora Batet y del profesor Cruz, un filósofo particularmente lúcido, civil y legible del que el arriba firmante se declara devoto lector desde uno de sus primeros libros, Narratividad: la nueva síntesis, allá por los últimos años ochenta. Manuel Cruz presidió una asociación, Federalistas de Izquierdas, invento respetable pero muy curioso de gentes militantes o simpatizantes del PSC, que ya en 2014 firmaron un manifiesto que decía: "La imposición de un Estado unitario y centralista se ha demostrado ineficaz e inviable para gobernar la España plural formada por diversas identidades, tradiciones y territorios con voluntad de autogobierno". Lo interesante de la afirmación estribaba en la apelación a ese Estado unitario que en hace cinco años tampoco existía, por supuesto. Redactar manifiesto para criticar duramente lo inexistente parece una actividad demasiado quisquillosa. El profesor Cruz -como ocurre con el resto de sus compañeros- no ha precisado jamás con cierto detalle su propuesta federalista, aunque por algunas declaraciones en este o aquel debate puede intuirse que se equivoca. Porque no propone una federalización del Estado español -el llamado Estado de las Autonomías está ya muy próximo, de facto, a ese modelo- sino que fantasea con una relación confederal entre Cataluña y España. Un objetivo complejo que, en todo caso, exigiría una reforma de la constitución de carácter no precisamente cosmético. En todo caso, si esa reflexión del PSC es asumida por el PSOE, a quienes corresponden presentarla y debatirla es a los grupos socialistas en el Congreso y el Senado. Estoy seguro que el profesor Cruz moderaría los debates con pertinencia, tolerancia y bonhomía.

Más allá de efectos publicitarios -tan caros al presidente Sánchez- es el nuevo Gobierno socialista, una vez tome posesión, el que debe concretar y argumentar su propuesta para consensuar una solución a la crisis catalana. Sin perder más el tiempo, sin distracciones interesadas, sin silencios lesivos o cómplices.