El 5 de mayo de 1987, el Parlamento de Canarias aprobó la Ley de Aguas elaborada por el primer gobierno Autónomo de las Islas. Hoy, 22 de marzo de 2019, que celebra la Organización de las Naciones Unidas el Día Mundial del Agua, conviene ser recordada. Fue un notable acierto responder con la norma a los acuciantes problemas derivados de la escasez, por sobreexplotación de los acuíferos insulares, por las extracciones incontroladas que generaba la salinización costera o las restricciones y mala calidad del abasto público en las islas orientales, del tráfico incontrolable e inseguro por contaminación en las occidentales o del arbitrario orden administrativo y los desordenados vertidos residuales sin depurar ni reciclar para su reutilización en todas ellas. Los resultados conseguidos lo atestiguan, pues se constata un aprovechamiento más adecuado de su uso, producción, distribución, depuración, transporte y almacenamiento, en el tiempo trascurrido desde su aprobación.
La historia del agua en Canarias es parte indiscutible de nuestra identidad colectiva, baste recordar algunos hechos relacionados tales como el temprano nacimiento de las múltiples heredades, al separarse de la tierra su propiedad, o las concesiones reales a Aríñez para el primer trasvase hidráulico conocido, de la cuenca de Tejeda a la del Guiniguada, para abastecer en el estío a la Cibdad de Canaria, aún hoy presentes en el barranco de la Mina y en la memoria de la desaparecida Fuente de Morales o, también, en la isla de La Palma, donde perviven aún las Haciendas de Argual y Tazacorte, heredad de las aguas procedentes del río de la Caldera de Taburiente, eficaz administración para el riego del valle de Aridane, hechos datados en los siglos XV y XVI. Con posterioridad, las comunidades de regantes o los alumbramientos de prospecciones en galerías y pozos acogidas a la ley de aguas de 1879 que distinguía entre aguas públicas, las fluyentes, y privatizables, las subterráneas. El pleito de La Aldea con el endoso del agua y la tierra a los agricultores fue una ejemplar excepción a la regla. La construcción de grandes presas, al facilitar el ministro de Obras Públicas, el canario Rafael Guerra del Río, la ayuda financiera estatal, fue otro importante hito. La primera planta desalinizadora en Lanzarote, los regadíos por goteo o aspersión, las primeras depuradoras de aguas residuales (EDAR), etc. son muestra de algunos ejemplos de lo sucedido. La historia del agua, a veces trágica por las severas hambrunas tras las prolongadas sequías, otras por las violentas precipitaciones que desbordaban cauces y afectaban cultivos y enseres, obligaban a la emigración campesina, además de plantear innumerables litigios por su posesión.
Tarea compleja fue redactar una Ley de Aguas que satisficiera todas las particularidades locales o insulares, pues desde tiempos inmemoriales su uso y disfrute obedecía a la posesión de derechos hereditarios o adquiridos de los repartimientos tras la inicial Conquista o por las captaciones individuales o de agrupaciones de accionistas privados, así como el de la posesión privada del transporte o su almacenamiento, ya que la Ley 59/1962 de 24 de diciembre y su reglamento, decreto 43/1965 de 14 de enero, de acuerdo con el código civil y la ley de aguas de 1879, permitían que fuera de dominio privado un recurso natural imprescindible para la vida, vegetal, animal y humana, amén de necesarias para sus actividades productivas.
La ley 29/1985 de 2 de agosto establecía el dominio público de las aguas en todo el Estado y su aplicación en la Comunidad de Canarias lo sería al ser aprobada por el Parlamento de Canarias (competente por el Art 34 A.2 del Estatuto de Autonomía) su propia ley. Así, la ley 10/1987 de 5 de mayo estableció para toda la Comunidad, a grandes rasgos: el ordenar, proteger y regular, de acuerdo con la unidad natural del Ciclo Integral del agua, como también el respeto a los sistemas hidráulicos subterráneo y superficial. Otorgaba la concesión administrativa para su uso, declaraba servicio público al transporte y la producción industrial y creaba los consejos insulares. Garantizaba los derechos al amparo de la anterior legislación conservando su contenido económico y su adaptación paulatina a la nueva norma.
La politización y judicialización de la ley de Aguas fue un arma electoral, dada la indudable importancia de los intereses en juego y la justa inquietud de los afectados, siendo lo peor de la batalla el uso de las hoy tan de moda fake news, que indujeron a la protesta agresiva, en castizo, a río revuelto ganancia de pescadores, pues mediante un pacto de legislatura de las Agrupaciones Independientes de Canarias con los centristas, CDS y populares AP, acordaron la suspensión de los efectos de la ley, conformaron Gobierno regional y promulgaron en el Parlamento la ley 14/1987 de 29 de diciembre, para dejar sin efecto, con carácter retroactivo, a la vigente desde el 5 de mayo de 1987, y otra posterior ley, la de 6/1989, que ampliaba el plazo anteriormente establecido, de la llamada "suspensión a término", basándose en la interposición de un recurso de inconstitucionalidad a la estatal (ley 29/1985 de 2 de agosto) formulada por el grupo parlamentario popular, a la declaración de dominio público y "en especial a la competencia del Estado para imponer la calificación de dominio público a las aguas canarias". Los recursos del Gobierno central a las citadas dos leyes del Parlamento de Canarias los resolvió la sentencia 46/1990, de 15 de marzo del Pleno del Tribunal Constitucional al declarar la competencia del Estado para imponer la calificación de dominio público estatal a las aguas canarias.
Por último, la ley 12/1990 de 26 de julio del Parlamento asumía el veredicto del Alto tribunal, con lo cual el cuerpo de la primera ley quedaba restituido, además, puntualizaba la compleja casuística del Derecho transitorio. Cabe resaltar el contenido, en su Preámbulo, del párrafo siguiente: "Esta ley aspira a cerrar en Canarias un periodo polémico y difícil en materia hidrológica, abriendo una nueva etapa en la que el agua no debe ser un obstáculo para la convivencia de todos los canarios cuyas diferencias deben dejarse a un lado ante la tarea común de ordenar y aprovechar racionalmente un recurso vital para todos, en cada isla con sus especificidades".
Hoy debemos felicitarnos todos por estos años que la paz del agua acompaña nuestro progreso. Que nos sirva la experiencia del litigio para afrontar los grandes retos por venir y que han de ser resueltos solo por el interés general. La negociación es clave en la democracia y siempre bajo principios de veracidad. Celebremos en paz este Día Mundial del Agua.
José Medina Jiménez. Presidente de la Fundación Juan Negrín
