Tras un prolongado, tenso y agotador proceso electoral, la constitución de los más de 8.000 ayuntamientos de España, 88 de ellos canarios, abrió las puertas ayer a la normalización institucional. O al menos eso es que parece o se espera que sea a partir de ahora. En Canarias, la mitad de las alcaldías se logró gracias a mayorías absolutas, pero en la otra mitad el bastón de mando se alcanzó después de largas y complicadas negociaciones que han dejado un mapa municipal en lo sustancial distinto al de hace cuatro años. Al igual en que en ciudades del resto de España, también en los municipios canarios se suscribieron pactos contradictorios en unos y otros ayuntamientos. Cuando no sospechosos.

Hubo también sorpresas de última hora y algunas formaciones perdieron feudos históricos, que van a influir sin duda en la constitución de cabildos y en el Gobierno regional. La pérdida de Santa Cruz de Tenerife y de La Laguna por parte de Coalición Canaria ha sido, sin duda, el cambio más significativo en el mapa municipal que se ha producido en esta isla en las últimas décadas. Un cambio que en el caso del Ayuntamiento de Santa Cruz, donde nunca antes había gobernando una mujer, ni el PSOE, se ha producido un hecho muy grave.

Ciudadanos denuncia que sus dos ediles, que al final votaron en contra de las directrices del partido para que la socialista Patricia Hernández, asumiera la Alcaldía con el apoyo también de Podemos, fueron comprados a cambio de que asumieran responsabilidades urbanísticas en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. La dirección de Cs señala como responsable de esta operación a su secretario de organización, Juan Amigó, con negocios inmobiliarios en Santa Cruz de Tenerife, responsable de la lista municipal, que dimitió de sus cargos en la organización tras la polémica votación en el pleno de la capital de Tenerife tras concluir con éxito una operación secreta destinada a aupar a Patricia Hernández a la Alcaldía.

No se trata de una denuncia política más, de una confrontación ideológica entre las directrices del partido y la conciencia de unos concejales para votar en contra de las órdenes recibidas desde la dirección. Es un asunto de tanta gravedad como para que se investigue con urgencia esta presunta trama de favores políticos a cambio de compensaciones urbanísticas.

En Gran Canaria, Nueva Canarias también perdió poder municipal. Y el nacionalismo canario, de uno u otro signo, ha comenzado ya a sacar una lección que lo ha llevado a iniciar un acercamiento tras lustros de enfrentamiento. Por lo que respecta a los partidos de ámbito nacional, el PSOE controla desde ayer los principales ayuntamientos de Canarias, salvo Telde, más del 60% de la población y del PIB de las Islas, mientras el PP se refugia en medianos y pequeños municipios. Ciudadanos y Podemos vuelven a quedar con un escaso poder municipal.

Al resultado de ayer se llegó tras una semana de progresivo enrarecimiento de la política canaria, al quedar condicionado cualquier acuerdo local a los posibles pactos insulares y, sobre todo, al acuerdo regional. A lo largo de las sucesivas conversaciones se constató el fracaso de las sucesivas estrategias y tácticas de los dirigentes de uno y otro partido: la imposibilidad de aislar lo que ocurre en unas instituciones de otras (los denominados pactos en cascada), el establecimiento de líneas rojas que dificultaron aún más las posibilidades de entendimiento, la incapacidad de ninguno de los dos bloques ideológicos de alcanzar un consenso mayoritario y la dependencia de Madrid para cerrar cualquier acuerdo, dejando en evidencia la falta de autonomía de los políticos canarios.

En las negociaciones para alcanzar acuerdos de gobierno en ayuntamientos, cabildos y Gobierno de Canarias han pesado hasta ahora más los personalismos y la obsesión por el poder que la voluntad manifestada por el electorado y la defensa del interés general. Se ha impuesto, en fin, la poltrona sobre el programa. Y ello pese a que los retos a los que tiene que dar respuesta la clase política, gobierne quien gobierne y desde qué institución lo haga, son considerables.

A nivel municipal, Naciones Unidas insiste en hacer entender que el altísimo nivel de concentración urbana de la población mundial dota a los gobiernos locales de una importancia creciente. Y que las ciudades, en las que ya vive más de la mitad de los habitantes del planeta, van a tener que participar de manera más decisiva en el gobierno de la globalización. Porque es en los núcleos urbanos donde se tiene que dar respuesta a los grandes retos del siglo XXI: la movilidad, especialmente en territorios insulares con una densidad demográfica alta como es Canarias; la transición energética y la lucha contra el cambio climático; el proceso de digitalización de la sociedad y la economía; o la cohesión social en ciudades con altos índices de desigualdad social y de género.

Cada alcalde o alcaldesa y sus equipos de gobierno, sean del partido que se sean, debe tomar conciencia de esta realidad. Y ahora que el ruido y la confusión han dado paso a la constitución de sus corporaciones, aunque algunas puede que hayan nacido con los días contados, cuando se celebra el 40 aniversario de las primeras elecciones municipales tras la dictadura, conviene que hagan gala de madurez democrática y de asunción de responsabilidades. Y que si bien es comprensible que entraran este sábado mirando atrás a la sesión en la que fueron designados regidores o regidoras de sus respectivos municipios, lo que conviene es que miren a partir de ahora hacia adelante porque, si atendemos a las previsiones de Naciones Unidas, las respuestas a los próximos desafíos del futuro vendrán de los municipios o no llegarán.