Aparecen de vez en cuando. Siempre son datos alarmantes, pero ahora nos indican que se han incrementado y ocupamos posiciones de cabecera en el mundo occidental. Me estoy refiriendo al absentismo laboral. El absentismo laboral en España durante 2018 ha tenido un repunte digno de los mejores tiempos de "vino y rosas", digno de los mejores tiempos de relajo de las costumbres económicas.
Según un reciente informe de Adecco, en 2018 el total de bajas en España fue equivalente a que 753.000 asalariados no hubieran acudido a trabajar ni un solo día en todo el año. Para el país en su conjunto, el coste total de dicho absentismo ascendió a 85.140 millones de euros, lo que supone un incremento del 10,02% interanual. El coste directo para las empresas fue de casi 7.000 millones de euros.
Es paradójico que seamos el segundo o primer país del mundo en longevidad y esperanza de vida, y, al tiempo, seamos de los que más bajas por enfermedad aportamos a nuestro historial laboral. Sin duda tenemos una malísima salud de hierro.
No cabe duda de que el trabajador en baja laboral debe ser asistido plenamente por la sociedad y nuestro estado de bienestar. Tampoco cabe duda alguna de que parece existir una ineficiencia manifiesta en el funcionamiento, gestión y control de las bajas en este país nuestro. Seguramente cualquier ciudadano bien pensado opinará que si este asunto se gestiona adecuada y eficientemente, se le podría dar un giro radical a la tendencia y costumbres aceptadas, para pasar a ser una sociedad seria y moderna donde sólo las verdaderas bajas se produzcan y reflejen.
Y deberíamos empezar por no poner marcos artificiales a la realidad. El marco jurídico de la cotización y retribución de las bajas laborales es artificioso e irreal, y, en cierto modo, "pre-juzgador" de que todos somos defraudadores y "tramposos" frente a la administración. Por tal razón o causa, la norma y la administración cargan gran parte del coste a las empresas. Así, la norma exige que el empleador, el empresario, ha de pagar una parte importante de la cotización del trabajador en baja, debe también pagar el sueldo del trabajador hasta varios días después de iniciada su baja laboral, etc. Ello, como decíamos más arriba, le ha costado al empresario 7.000 millones de euros en el año 2018, sólo por trabajadores que no han podido acudir o simplemente no han acudido al trabajo. El empresario no puede gestionar esa situación, sólo pagar. Entretanto, la administración se puede relajar, ya que una parte importante del coste total directo lo paga el empresario.
Parece lógico que las bajas no tengan coste alguno para el empresario desde el minuto uno de la circunstancia de la baja. Y parece lógico que es de justicia que esa baja esté perfectamente cubierta para el trabajador efectivamente de baja. Pero, finalmente, también parece lógico que quien gestiona la situación sea quien corra con el coste de lo que gestiona, máxime cuando es el árbitro de la sociedad, la administración. Si es la administración quien decide quien está de baja o no, también debe ser quien se haga cargo del coste de dicha baja.
Pero no piensen que soy un liberal depravado. De esos hay montones por la calle. Simplemente deseo que se aporte eficiencia a los mercados. Para compensar, me permito repetir antiguas propuestas: Es admitido que la imposición personal, por ejemplo el IRPF, sea progresiva, en virtud de criterios de justicia redistributiva. Sin embargo, la cotización a la Seguridad Social es lineal, amén de tener un techo de base máxima de cotización. Esta situación genera que, en retribuciones altas, el porcentaje de cotización a la SS se convierta en regresiva, en franca y clara situación de injusta desigualdad.
Arreglemos ambas cosas. Las dos merecen eficiencia social.
José Manuel Rodríguez Moral. Economista
