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La ventaja de que se consume un acuerdo es que podamos asomarnos a la realidad. Y la realidad es que la suma de PSOE y UP solo llega a los 165 escaños: son necesarios otros 11 para la mayoría absoluta. Once votos a favor o absteniéndose disciplinadamente. Será un Gobierno parlamentariamente débil con ningún apoyo negociable a la derecha y pocos y carísimos apoyos a la izquierda nacionalista e independentista. Un Gobierno maniatado que tendrá dificultades para aprobar los presupuestos generales -y cualquier agenda de reformas políticas y jurídicas- en medio de la compleja metabolización de la sentencia del Tribunal Supremo sobre los autores del procès que llevó a una declaración de independencia en Cataluña, y seguir gobernando en 2020 con los presupuestos de Mariano Rajoy sería inconcebible. Un Gobierno de mayoría minoritaria para afrontar una reforma constitucional o abrir las negociaciones para el cambio del modelo de financiación autonómica o encontrar una fórmula para garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones o impulsar políticas de vivienda pública o articular programas contra la pobreza infantil. Todas estas situaciones exigirían un ejercicio de negociación continuo, abocado a tropezones y fracasos pero imprescindible. Lo malo es que los principales partidos están convencidos de que toda colaboración es una debilidad que pagarían en las urnas. Nadie quiere negociar y todos quieren ganar.
En este escenario, las declaraciones del consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, insistiendo en que "presionará" para que la Ley de Estabilidad Presupuestaria "beneficie a las comunidades cumplidoras" en un contexto en el que "la economía crece" no son más que otra nube verbal. Las comunidades tienen un déficit del -0,2% del PIB, una décima inferior al objetivo del -0,3%. La gran mayoría cumple con el déficit. Contra lo que se cuela en el discurso de Rodríguez, las comunidades han dispuesto en 2019 de más dinero que nunca para gastar, incluyendo Canarias, algo que siempre le repetía don Román a Fernando Clavijo. Rozarán los 163.904 millones de euros, que supuso la cifra máxima de financiación en 2006. El problema no es de recursos, sino de modelo de gestión, de consensuar prioridades, de combinar crecimiento e innovación empresarial con redistribución en un Estado de Bienestar viable y, como todo en política, o en la vida, hay que elegir.
