La propuesta de implantar una renta básica universal avanza en todo el mundo, en instituciones, universidades, gobiernos y países muy distintos, convirtiéndose en un interesante elemento de debate. Hay quienes defienden con firmeza su necesidad social y su viabilidad financiera, sosteniendo que es la fórmula más rápida para acabar con la pobreza y las desigualdades, ya que una vez generalizada permitirá eliminar un buen número de problemas sociales. Otros señalan que los Estados contemporáneos, sometidos a niveles de endeudamiento imparables y difícilmente sostenibles, que con dificultad pueden hacer frente a sus compromisos esenciales, no podrían bajo ningún concepto asumir el gigantesco gasto que implicaría su instauración. También hay quienes han analizado con detalle los profundos cambios que se están experimentando en el mercado de trabajo por la automatización y la globalización de la economía, extendiendo un paro y una precariedad cada vez mayores que podrían amortiguarse mediante la implantación de rentas básicas que frenen la extensión de los populismos. Y por supuesto que también, otros muchos, rechazan de plano su puesta en marcha afirmando que es un disparate injustificable que crearía un ejército de vagos, rompiendo los principios de la cultura del trabajo y del esfuerzo.
Estos y otros argumentos demuestran que su debate técnico y académico no es sencillo, existiendo razones de importante calado como para no hacer afirmaciones simplistas y ni defender posiciones inamovibles. Sin embargo, la seriedad con la que está siendo estudiada la propuesta en todo el mundo, las experiencias piloto que se han puesto en marcha en diferentes países, incluso el referéndum que se llevó a cabo en Suiza en el año 2016 sobre la posibilidad de instaurar en el país una renta mínima mensual, de unos 2.300 euros por adulto y 565 euros por niño, tras obtenerse las 100.000 firmas necesarias para someter a consulta popular la propuesta, siendo rechazado por el 78% de la población, demuestran bien a las claras que no hablamos de utopías o simplezas, sino de iniciativas que están calando con fuerza en todo el mundo.
La renta básica universal sería una transferencia periódica y vitalicia de dinero en efectivo, a modo de renta, que se daría a todas las personas con el propósito de cubrir sus necesidades básicas. La propuesta no es nueva, ni mucho menos. Ya en el siglo XVIII, Thomas Spence en Londres y Thomas Paine en Nueva York propusieron sistemas de protección social basados en rentas universales para cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos. Bien es cierto que es en las décadas recientes cuando más se ha trabajado en la propuesta y más iniciativas se están llevando a cabo, en medio de profundos cambios sociales, económicos y políticos que tratan de dar respuesta al aumento de la pobreza, del paro y la desigualdad en el mundo. De hecho, la mayor parte de los países occidentales cuentan con prestaciones periódicas para atender situaciones de exclusión y vulnerabilidad, como las rentas básicas, de inclusión o ciudadanía, como las que tienen las comunidades autónomas en España, unas prestaciones más restrictivas y de carácter condicionado que avanzan en la necesidad de facilitar unos mínimos vitales a las personas que los necesiten.
Ahora bien, las numerosas experiencias piloto de rentas básicas universales que se han impulsado en países como Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Portugal, Finlandia, Holanda o Uganda, junto a las interesantes investigaciones que se vienen llevando a cabo, demuestran que la propuesta es todo menos sencilla, existiendo argumentos de peso para señalar las dificultades y limitaciones que tiene.
Por un lado, plantea problemas muy importantes para su financiación que no deben despreciarse. Al mismo tiempo, su aplicabilidad sería para los países ricos, profundizando con ello, todavía más, en la pobreza y desigualdad de unos pueblos frente a otros, incluso dentro de los países, ya que dejarían fuera a los inmigrantes en determinadas situaciones. Por otro lado, es evidente que tendría un impacto enorme sobre el empleo, especialmente sobre determinados trabajos penosos y mal retribuidos, que tendrían problemas para ser desempeñados.
Pero tampoco se pueden ignorar otros argumentos fundamentales que afectan, precisamente, a las personas vulnerables, dependientes o discapacitadas, olvidadas por quienes defienden la idea de las rentas básicas universales. Según sus defensores, con estas prestaciones se eliminarían todos los gastos sociales del Estado, ya que cada persona tendría recursos para financiar sus necesidades esenciales. Sin embargo, esto no es así, ni mucho menos. En nuestras sociedades existen personas que requieren ayudas, cuidados, apoyos, recursos y centros especializados que ninguna renta universal podría satisfacer, como enfermos mentales, menores en situación de desprotección, dependientes, mujeres maltratadas o ancianos. Pretender que estos y otros colectivos tengan que autocuidarse con el importe de una renta mensual es un disparate que generaría graves problemas en la sociedad y situaciones de marginalidad extremas.
De lo que no hay duda es de que las políticas de lucha contra la pobreza actuales son insuficientes, teniendo que ponerse en marcha respuestas más amplias e imaginativas para combatirla, debiendo revisarse al mismo tiempo todo el sistema de prestaciones existente. Pero a la renta básica universal le falta maduración para convertirse en una política verdaderamente disruptiva de transformación social.
Carlos Gómez Gil. Sociólogo y politólogo
