Vivimos tiempos de coyuntura, porque todo lo que está por ocurrir no depende tanto de alguna previsión, estimación, planificación o decisión, cuanto de factores sincrónicos ajenos, inciertos, posibles, probables o reales. No debería estar ocurriendo, porque lo sensato y racional es que las políticas económicas desplegadas en los periodos de recuperación (2014-2019), estuvieran dictadas por directrices de cambio estructural de la economía española (y la canaria). Esas reformas estructurales necesarias, de las que todo el mundo habla, pero nadie emprende, vienen a ser: por el lado empresarial, la consecución de un tejido productivo mucho más competitivo, que incluya una estrategia de concentración, buscando un mayor tamaño de las unidades empresariales; una regulación más flexible de la economía sectorial, que incluya la eliminación de cargas burocráticas a las empresas y que facilite la emprendeduría, el trabajo autónomo y la creación de negocio; acelerar la digitalización de las pymes y que incluya la reorganización tecnológica de la producción, la primacía de la calidad y la mejor formación de los gerentes de las empresas; por el lado de los asalariados, aumentar el empleo de técnicos y profesionales en el sector privado, bonificando su contratación, para reducir la tasa de subempleo universitario, y con ello, ayudar a la modernización de las empresas; impulsar nuevas políticas activas de empleo contra el paro juvenil, el femenino y el de larga duración; frenar la temporalidad de las contrataciones allí donde se desempeñan empleos fijos; apostar por una enseñanza bilingüe (español e inglés) absoluta y universal; actualizar el catálogo de títulos de la formación profesional, e impulsar su acceso, como vía para rectificar la sobrecualificación universitaria del mercado laboral; construir un sistema dual de enseñanza, consolidando las prácticas en empresas como una contratación laboral temporal efectiva.
Pero estas reformas estructurales dirigidas al cambio y mejora del modelo económico quedan en el tintero porque vivimos tiempos de coyuntura. La situación de Canarias es especialmente inquietante. Partimos de un PIB per cápita en 2018 de 21.031 ? (81% del promedio español), lo que coloca a Canarias en el puesto 14 de las 17 comunidades autónomas. Nuestra región es de las que desde el cambio de milenio ha perdido peso en el PIB nacional, como Castilla y León, o la Comunidad Valenciana. Lo que nos lleva a la hipótesis de que el modelo productivo que venimos implementando no es suficientemente válido, ya que hay otros modelos regionales que han ganado peso en el PIB nacional y sus residentes disfrutan de una mayor calidad de vida y cohesión social. Así, la evolución del número de sociedades mercantiles constituidas ya nos indica una caída del -10% en el último quinquenio. Y el índice de confianza empresarial (122,6) en el tercer trimestre de 2019 es el más bajo del país (135), y muestra la tendencia más intensamente negativa. Este índice del INE se construye a partir de la opinión sobre la situación y las expectativas percibidas por los responsables de los establecimientos empresariales, y tiene como base 100, a partir de las opiniones recogidas en el primer trimestre de 2013.
Por su parte, la tasa de empleo canaria, ya de por sí baja (47,5%), ha expresado en el último trimestre conocido su primer decrecimiento desde el inicio de la recuperación, en el año 2014. Lo que nos lleva a la hipótesis de que quizá ha tocado techo. Solo las dos comunidades más pobres (Extremadura y Andalucía), y las dos más envejecidas (Asturias y Galicia), tienen una tasa menor de empleo que la de Canarias (puesto 13 de las 17). La tasa de empleo de los menores de 25 años es de 19%, cuando justo antes de la Gran Recesión, en 2007, la teníamos en 40%. Pero no es solo que el mercado de trabajo esté contraído, sino que el desempleo se ha convertido en el estado natural para una parte importante de la población activa. Aunque el paro es un fenómeno transversal extendido como una mancha de aceite, el perfil más afectado corresponde a personas de 45 y más años, más mujeres que hombres, con bajo nivel educativo, que han trabajado en el sector de los servicios personales, y/o en ocupaciones elementales descualificadas, y muchas de ellas llevan 4 o más años en la misma situación de desempleo.
Una vez aquí, la reflexión a considerar es si el modo de desarrollo socio-económico de Canarias, intensivo en población, y concentrado en el eje sectorial turismo-inmobiliario, es el más apto. La población activa no para de crecer. Solo en el último año, se incorporaron 30.000 nuevos efectivos. Por tanto, tenemos una reducida capacidad de crear empleo en relación a la alta capacidad de atraer nueva fuerza de trabajo. De esos nuevos activos del último año, el 85% tiene nacionalidad extranjera. Ni que decir tiene que una tasa de empleo baja, más una incorporación alta de activos, conduce a un desempleo masivo. La incógnita a resolver de la ecuación de estos factores es por qué el mercado de trabajo incentiva la contratación de trabajadores extranjeros frente a los nativos residentes. (Inciso: muchos lectores sentirán cierta urticaria intelectual al considerar esta reflexión, pero disculpen, las ciencias sociales tienen que adentrarse hasta el fondo para obtener conclusiones útiles). Una hipótesis explicativa podría ser que los extranjeros disfrutan mayor ocupabilidad porque disponen de mayores competencias laborales, y/o de mayores capacidad y motivación para trabajar, o también porque están más dispuestos a trabajar por salarios bajos, lo que en definitiva apunta a una más alta productividad. Y en esta materia, el mercado no se anda con chiquitas. Y si esta fuera la razón explicativa, no solo tenemos el problema del desempleo masivo, sino el añadido de que afecta principalmente a los residentes nativos, por su menor productividad que los extranjeros.
Entonces, la solución pasa por concentrar las políticas económicas, sociales y de empleo, en el segmento de los residentes nativos descualificados y desmotivados. Porque interesa compensar con intervenciones públicas el desequilibrio que genera el mercado privado. No solo hay que impulsar estas políticas que favorecen el desempeño laboral de los trabajadores, precarios o desempleados. También se requieren políticas estructurales a favor de un nuevo modelo de desarrollo empresarial. Y todo ello, sin mayores dilaciones, porque la mala coyuntura ya está aquí, y nos come.
Aniano Hernández
Guerra. Profesor Doctor de
Sociología de la ULPGC
