No debería encajarse como una sorpresa que sectores independentistas de la Cataluña en llamas reclamen más proporcionalidad de los antidisturbios frente a los violentos. Las imágenes por televisión de la batalla campal, retransmitida minuto a minuto en un directo riguroso, son ya una muestra más que suficiente para que el argumento sea tirado directamente a la basura.
Todo lo contrario: hay que hablar de una fuerza policial resistente, ajena al cuerpo a cuerpo, frente a una guerrilla pertrechada de munición de todo tipo y técnicas combativas que han hecho mella en el cuerpo de los agentes, de la misma manera que en el de los oponentes. Pero el ministro Marlaska, que ayer defendía a sus policías, abordaba una cuestión no menos baladí en el contexto del asedio que sufre la democracia en Barcelona y alrededores: el monopolio de la violencia lo tiene el Estado.
Parece una frase aparatosa con sesgo parafascista, pero lo único que subraya el miembro del gabinete de Sánchez es el pensamiento de Max Weber (La política como vocación), mantenido en el tiempo por la filosofía del derecho y la filosofía política. Una idea que han hecho suya los estados constitucionales, que por su mecanismos democráticos (y no pensemos en terrorismo de Estado) tienen la legitimidad suficiente para imponer en su territorio el orden que tratan de perturbar unos privados carentes de legitimidad.
Desde este monopolio de la violencia estatal, lo que se le puede exigir al detentador del poder político es la idoneidad de los medios para hacer frente a los atacantes, así como la necesidad de utilizarlos en el momento apropiado. A la vista del paisaje desolador de las calles de la ciudad condal, de los destrozos ocasionados y del peligro que noche tras noche corren las vidas de los vecinos, resulta poco menos que absurdo justificar la proporcionalidad de la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos de Escuadra. Pero ya sabemos de sobra que para Torra y su equipo la desproporción aplastante de las fuerzas ocupantes es material de contrainformación muy agudo.
Por ello no me ha parecido mal que el ministro recuerde que sigue vigente el monopolio estatal de la violencia, que no tiene nada que ver, por supuesto, con el que defiende Espinosa de los Monteros (Vox), que exige acudir a las medidas excepcionales, también legitimas, pero propulsadas por la modulación de un ultraderechismo que está al margen de la prudencia y la calma, ajeno a las consecuencias que una irradiación de esta graduación podría tener sobre miles de ciudadanos deseosos de un alto el fuego y una vuelta a la normalidad civil.
