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OBSERVATORIO

Justicia climática

Negar el cambio climático equivale a aceptar, deliberadamente, la futura destrucción del planeta; esta crisis es, por tanto, un gran desafío para la humanidad.

Es necesario adoptar medidas efectivas ahora mismo; los gestos políticos tuvieron su momento, pero ya no se puede esperar más, porque el clima no olvida, como lo demuestran las dramáticas consecuencias que estamos viviendo por los fallos del pasado. La combinación de las promesas para poner en práctica políticas correctoras y la falta notoria de actuaciones reales se ha convertido en una especie de marca registrada de la política ambiental a nivel mundial.

En una cumbre celebrada en junio de este año, el Consejo Europeo presentó una nueva agenda estratégica para el periodo 2019-2024, en la que se planteó el cambio climático como una prioridad en el contexto de la sostenibilidad social: se pretende una Europa verde, climáticamente neutral, pero también más justa y social.

Hay quienes puedan criticar que se aborden conjuntamente, como si fueran un único tema, el cambio climático y la política social. Ciertamente no lo son, pero tal conexión es indispensable porque una política climática ambiciosa, como la que se necesita, implica cambios radicales en muchos sectores económicos, de forma que algunos participantes del mercado tendrán que abandonarlo, mientras que se incorporarán otros.

En otras palabras, los hechos científicos son muy claros, y muestran que el modelo económico vigente alcanzará sus límites planetarios en un futuro relativamente cercano, pero la formulación de las políticas adecuadas es extremadamente compleja. La estructura de la producción y el modelo de vida desarrollado hacen que la industria contamine, la agricultura contamine, el transporte contamine y las ciudades, o sea, los ciudadanos, contaminen. Las decisiones que hayan de adoptarse no serán fáciles; como muestra un botón: las protestas de los chalecos amarillos contra un impuesto ecológico deberían recordarnos que hay cosas que son más sencillas de decir que de hacer. Un manifestante declaró: "Al gobierno le preocupa el fin del mundo, a nosotros nos preocupa llegar a fin de mes".

En su discurso ante el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, el 16 de julio último, la entonces candidata a presidir la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, manifestó que una de sus prioridades sería presentar un "acuerdo verde" para Europa dentro del plazo de sus primeros 100 días en el cargo. Y ya como presidenta electa, el 10 de septiembre, declaraba que el acuerdo verde europeo tenía que ser "nuestro sello distintivo, convirtiendo a Europa en el primer continente climáticamente neutral en el mundo".

No pretendo juzgar intenciones, pero se trata de un objetivo ante el que, a la vista de los hechos, es fácil mostrar un gran nivel de escepticismo sobre la auténtica voluntad política con la que se plantea. La Comisión Europea, en su cumbre de mediados de octubre, manifestó su ambición de abordar con urgencia la "amenaza existencial que plantea el cambio climático"; pero después decidió posponer su tratamiento por otros dos meses, en un momento en el que no se puede perder más tiempo.

La Comisión Europea ha estimado que se necesita invertir unos 550 millones de euros al año para alcanzar una economía climáticamente neutral, pero esta cifra la eleva el Tribunal de Cuentas Europeo a 1.100 millones anuales entre 2020 y 2030. Es evidente que la protección del clima no es gratis y que la descarbonización completa tendrá un coste extraordinariamente elevado. Pero el dinero existe, solamente que para reunirlo hay que cambiar las prioridades de gasto y establecer las reformas necesarias para contar con un sistema tributario más justo y progresivo.

Pero no se puede olvidar de que la Unión Europea está gobernada por unas reglas fiscales tremendamente dañinas y erróneas, que son las responsables tanto de que la cooperación y la solidaridad europea hayan quedado totalmente atrofiadas como de la mutilación de la prosperidad de millones de europeos. Por tanto, es fácil prever que un "nuevo acuerdo verde" europeo ni será realmente nuevo ni verde.

El Green New Deal que se necesita Europa debería estar en la línea de la propuesta presentada por los congresistas demócratas estadounidenses, que tiene la ambición de abordar, simultáneamente, el cambio climático y la lucha contra la precariedad en el trabajo y la desigualdad social. Esto es, combinar la justicia ambiental con la justicia social, en lo que se conoce como "justicia climática".

La cuestión es si es posible desarrollar acciones de "justicia climática", porque ello requiere una transformación socioeconómica muy profunda.

Hasta el momento ha sido una poderosa alianza entre el capital y el trabajo la que ha venido bloqueando la agenda de la justicia climática, aun cuando existe una conciencia pública sin precedentes sobre la urgente necesidad de cambiar las formas en las que producimos y consumimos.

Una alianza razonable entre el capital y el trabajo fue la que se formuló para crear el estado de bienestar, en la posguerra europea, basada en un modelo que pretendía el crecimiento económico y la redistribución. El resultado fue promover con éxito la prosperidad en las décadas siguientes a la finalización de la II Guerra Mundial, lo que alimentó una idea de justicia social que dio lugar a una amplia clase media. Una idea que gran parte de la población echa en falta, ahora, tras la crisis financiera internacional y la gran recesión, que derivó en políticas de austeridad.

Pero el éxito de las políticas concertadas de crecimiento y redistribución, con aumentos de la producción y el consumo, también están en el origen de la paulatina destrucción del medioambiente. Hace décadas que los movimientos verdes más comprometidos vienen denunciando la degradación progresiva del planeta, pero los problemas ambientales han sido superados por otros más prosaicos, como el empleo, el coste de la vida y el crecimiento económico.

Sin duda, algo ha cambiado. El colapso económico producido en 2008 alimentó un gran descontento, y, durante la última década, la agenda ambiental ha ido evolucionando de forma progresiva. Hoy, gracias a la investigación científica y a las amplias protestas ciudadanas, particularmente juveniles, la protección del medio ambiente se ha convertido en una preocupación de primer nivel, de forma que los problemas medioambientales y la crisis climática ya no son un problema de "estilo de vida", son, directamente, un problema vital.

Un gran y nuevo acuerdo verde es realmente imprescindible, y debe ofrecer una visión de justicia climática que combine, como ya se ha dicho, la lucha por la justicia social y contra la crisis ambiental. La inseguridad económica ya no solamente afecta a las clases trabajadoras poco cualificadas, precarias y mal retribuidas. También daña, de distinta forma, a muchos profesionales altamente cualificados, y bien pagados, entre los que se genera una gran ansiedad económica, que les obliga a trabajar más de lo que debieran, con problemas de estrés y desequilibrios entre su trabajo y su vida personal.

En definitiva, aunque no soy optimista, necesitamos, urgentemente, un cambio radical de paradigma económico, que sea capaz de asegurar a la población un medio de vida económicamente estable y ambientalmente sostenible.

Juan Antonio Gisbert. Economista

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