Hay una tendencia extendida hacia la post-política, un régimen post-democrático donde la política se reduce a una constante agitación electoral y mediática, donde nadie ofrece soluciones viables a los problemas políticos relevantes y nadie es capaz de gestionar los asuntos públicos con eficacia. Sea el que sea el resultado de los próximos días de búsqueda de una investidura de un gobierno formal, España no va a tener gobierno real y se va a hundir más todavía en esta situación de crisis política crónica.
Nadie entiende la estrategia de Pedro Sánchez de buscar nuevas elecciones para debilitar a sí mismo y a todos sus posibles socios de gobierno, a fortalecer la ultraderecha españolista y al independentismo periférico, a aumentar más todavía la desafección de la ciudadanía con las instituciones políticas, en fin, a debilitar todos los fundamentos democráticos de la sociedad española y llevar al país a un callejón sin salida.
Después del 10N en los discursos de los políticos y de los medios de comunicación, todos menos Ciudadanos han ganado las elecciones. En esta lógica de horizontes cortos (desde las últimas elecciones generales solo han pasado seis meses) incluso Ciudadanos podría ganar futuras elecciones solo con conseguir 12 en vez de los actuales 10 diputados. Desde el inicio de la crisis, la participación ha bajado del 75,3% (2008) al 69,88%, el PSOE del 43,87% (2008) al 28% de los votos, el PP del 44,63% (2011) al 20,81%, Ciudadanos del 13,94% (2015) al 6,79% (y esto que hace año y medio salieron en las encuestas como el partido más votado), Podemos del 21,15% (2016) al 9,8%. Los únicos beneficiarios de la dinámica actual son Vox, una formación ultraderechista, xenófoba, anti-liberal, ademocrática y nostálgica con los valores franquistas, y los independentistas de ERC y CUP. El españolismo (al cual se apuntaron el PP y Ciudadanos) y el antiespañolismo imponen su simplicidad de una nueva guerra civil a la complejidad del juego democrático. En esta dinámica actual todos los grupos demócratas están perdiendo, la sociedad española se desafecta de la democracia y se vuelve cada vez más identitaria y nacionalista y la última broma costó además siete meses perdidos y 145 millones de euros.
Los verdaderos perdedores de estas elecciones son Ciudadanos y Podemos, que perdieron 47 y 46 escaños respectivamente. Estos dos partidos surgieron como esperanzas de una ciudadanía hacia una renovación democrática, una lucha eficaz contra la corrupción y la desigualdad, unas políticas de cambio de modelo productivo-especulativo y de transformación energética, un fortalecimiento de la sociedad y de la economía española frente a futuras crisis económicas y un fortalecimiento de valores democráticos cívicos. En las elecciones de 2015 estos dos partidos consiguieron la mayoría del voto urbano incluso en el País Vasco y Cataluña y solo el sistema de circunscripciones antiproporcional los privó de una mayoría parlamentaria. No pocos disfrutaron de las caras largas de los aparatchiks del PSOE y PP desbancadas en elecciones primarias que habían escapado de su férreo control. La irrupción del descontento ciudadano con una clase política incompetente, ensimismada, clientelista y corrupta parecía haber conseguido representación parlamentaria por fin.
A partir de ahí, sin embargo, estos dos partidos nuevos se ajustaron en tiempo récord al nuevo escenario post-político, se olvidaron de sus bases, aprendieron todos los vicios de la vieja política, se perdieron en luchas e intrigas internas y en estrategias ad hoc electoralistas e incoherentes, eliminaron a voces críticas de sus ejecutivas, confundieron política con discursos mediáticos y frustraron así todas las esperanzas acerca de la capacidad de renovación democrática de un sistema político en pleno declive. Ahí reside la verdadera crisis de la democracia española y el origen de la ingobernabilidad continuada. El ejemplo de Italia nos enseña que se puede sobrevivir en esta ingobernabilidad durante décadas, pero la sociedad y la economía se vuelven muy frágiles y vulnerables, carentes de infraestructuras institucionales sólidas.
Entre los múltiples problemas urgentes y profundos que afronta la sociedad española y que con esta constelación post-política no encuentran solución posible destacan dos: la estructura económica y el sistema autonómico. La economía española sigue dependiendo excesivamente de sectores de baja calidad de empleo e innovación como la construcción y el turismo, además focos de atracción de capital especulativo, de la baja sostenibilidad de sus instalaciones, de la financiación externa de su deuda, de importación de energía y de tecnología. Se caracteriza por una polarización entre unas pocas empresas grandes y un mar de microempresas, por una balanza comercial deficitaria, por un subempleo crónico y por una formación profesional desarticulada. Si a esto añadimos la fiscalidad deficiente y la ineficacia de sus administraciones públicas, entendemos la profundidad del problema y la falta de voluntad y capacidad de todas las fuerzas políticas de afrontarlo.
Pero la victoria de la post-política queda más patente todavía en el tema catalán. Movimientos independentistas surgen en muchas partes del planeta con un sistema de estados-nación artificial, post-imperial y post-colonial, y un ambiente en el cual el miedo a la complejidad de los problemas y de la multiculturalidad se busca escapadas primitivas en forma de movimientos identitarios. En un sistema confederal, basada en la igualdad de los estados federados y los derechos universales de todos los ciudadanos como en Canadá, donde el derecho a decidir es de los ciudadanos y no de construcciones ideológicas tipo nación o pueblo, estos movimientos encuentran sus canales de negociación y organización de referéndums dentro del marco constitucional (ejemplo de dos referéndums de Quebec). La trilingüalidad entre inglés, francés y los idiomas indígenas se institucionaliza y una nación tan endeble como la canadiense sin proceso de independencia -la Reina de Inglaterra sigue siendo la jefa oficial del Estado- y una mezcla de culturas y grupos de inmigrantes de todo el mundo no se ve amenazada por estos movimientos sociales identitarios.
A un movimiento independentista como el catalán no se lo puede vencer militarmente a través de la represión, esta tiene un efecto contrario de fortalecimiento de la identidad de los indepes. Por otro lado, la independencia catalana es imposible conseguirla por la fuerza saltándose la legalidad y ganar una guerra de independencia contra el Estado español. Frente a este panorama, todas las propuestas políticas de la derecha española y del independentismo están totalmente fuera de lugar pero cada vez más mayoritarias. Y en medio no hay nada, ni PSOE ni Podemos tienen una propuesta clara y se pierden en ambigüedades con lo cual el ciudadano se queda sin opción racional a la que votar.
¿En qué consistiría una solución democrática-institucional al problema catalán? Yo solo veo una: una reordenación confederal del Estado español sobre el principio de igualdad de todas las autonomías y con la posibilidad legal de celebrar un referéndum o una consulta en términos constitucionales con garantías de que sea una mayoría del censo (no de los que se apunten a la independencia) y unas preguntas que implican las consecuencias (p. e. la salida automática de todos los tratados internacionales y de la UE) de un proceso de separación. Un nuevo sistema confederal, además, implica el compromiso activo de todas las autonomías en la gestión del Estado central (p. e. a través de una segunda cámara con funciones efectivas) y así el fortalecimiento de un sistema de gobernanza moderno multinivel. El sistema actual de las autonomías es el resultado de un falso compromiso de la Transición en circunstancias muy particulares y ya es hora de reemplazarlo por un sistema racional confederal. El problema catalán no es el primero y no va a ser el último con graves consecuencias para la democracia española.
Ahora bien, una reforma de la Constitución requiere una amplia mayoría parlamentaria y ésta queda cada vez más lejos en el actual panorama post-político. Yo entiendo a muchos catalanes que han perdido toda la fe en un posible Estado español eficaz y quieren salir ya, pero se equivocan tremendamente en las consecuencias negativas para ellos y para todos los demás. Curiosamente la única fuerza política con posiciones razonables acerca de este tema en la actualidad es el PNV después de haber pasado por los duros aprendizajes de ETA, del Plan Ibarretxe, de la asamblea Udalbiltza, etc., y disfrutando ahora de una prosperidad económica basada en la cooperación cívica y política con políticas industriales y de formación profesional eficaces y unas posiciones de moderación y negociación. Todos los demás, y con ellos los ciudadanos españoles, parecen hundidos en la post-política sin fuerzas políticas capaces de ofrecer soluciones políticas.
Holm-Detlev Köhler. Catedrático de Sociología
