Como dice el refrán, y aquí puede aplicarse correctamente, "si no es por Juana es por la hermana", la Educación Pública en Canarias no consigue salir del pozo en que entró en algún momento tardío de los años 80. Además, tras los primeros instantes de euforia por la consecución de la Universidad de Las Palmas, en 1989, y a pesar de la ilusión colectiva que despertó, la ULPGC también fue cogiendo carrerilla hacia el fracaso. Sin prisas, pero sin pausa. De manera sostenida. Una realidad combinada y sincrónica.
El sector de la primaria, la secundaria y el bachillerato, y por otro lado, el universitario, partes contratantes al modo marxista pero de Groucho, se empeñan en disimular la contundencia de los hechos y los datos con las más variadas y a veces esotéricas explicaciones.
El método científico suele estar ausente de los debates tras cada palo de los ranking o de las evaluaciones nacionales e internacionales. ¿Qué clase de atracción fatal suscita estar a la cola? Y por supuesto también es absentista contumaz la comprensión de lo que es la reputación, un factor cada vez más importante. Hasta tal punto que incluso hay rectores que critican la publicación de estos informes estadísticos "justo cuando empiezan las matriculaciones". Que es parte de ese Celtiberia show carandeliano que no nos abandona. Como todo el mundo debería de saber, y asumir, estos estudios comparativos se hacen, precisamente, para que el padre -que es quien paga-, o el hijo - que es quien estudia- puedan tener elementos más o menos objetivos para elegir el mejor centro en que estudiar.
Acudamos a una comparación: a nadie, presumo arriesgándome con la suposición, porque como se sabe "Dios le da cachorro hasta al que no tiene cabeza", se le ocurrirá plantear que las campañas electorales se hagan después de celebradas las elecciones para no alterar el rumbo de las cosas. Pues así estamos.
Tampoco la situación de fracaso crónico, ya sistémico, suscita algo parecido a la autocrítica, aspecto que en este segmento profesional parece confundirse con la crítica de automóviles. La falta de competitividad de la educación pública comenzó por aquellas mismas fechas, los noventa del pasado siglo XX, a hacerse sentir en la sangría de alumnos hacia la privada. Casi treinta años más tarde este efecto ha llegado a las universidades. Las dos públicas, la Universidad de la Laguna (ULL) y la de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) han visto como aumentan los traslados de matrícula a la Península, alrededor de 1.500 per cápita, y cómo, paralelamente, la nueva Universidad Fernando Pesoa en su campus de Guía (Gran Canaria) alcanza en apenas tres años los 800 matriculados.
Volvamos atrás. En octubre de 1991 el presidente Jerónimo Saavedra, alarmado por los índices de fracaso escolar y la "falta de calidad en la enseñanza", lanzó un aviso a navegantes. No entendía que esta situación se diera cuando el Archipiélago estaba a la cabeza de España en inversiones educativas. Un misterio típico. Canarias llegó a ser la región europea que más fondos europeos obtenía para la formación laboral y la promoción del empleo y en la que más paro había, y más subía.
Dijo Saavedra, en la rueda de prensa que celebraba los primeros 100 días de su gobierno: "Con tantos miles de millones como ha gastado la Comunidad Autónoma en Educación durante los últimos años, ya empieza a mosquear que no se reduzcan los índices de fracaso escolar". Luego abandonó su dialéctica tantas veces florentina, como el orvallo gallego que no moja pero empapa, para pedir a la ciudadanía que "empiecen a pedir responsabilidades a los educadores, que son los mejor pagados del Estado". Hacía poco que el STEC había conseguido una gran victoria sindical, la jornada continua, que les dio Lorenzo Olarte, no por casualidad en fechas preelectorales.
Pulla saavedriana pues para don Lorenzo: "a veces hay que decir que no". Porque había tres bandos en liza: los que optaban por conceder la jornada continua y mandar la jornada partida a freír puñetas, sin condiciones, los que exigían contrapartidas del colectivo de profesores, y los que se oponían radicalmente "porque se pueden producir efectos perversos; los alumnos quedarán en la calle mientras sus padres trabajan; primero -se argumentaba- habría que disponer de plantilla para actividades complementarias".
Fuera por ese planteamiento o por otro, lo cierto es que el fracaso se hizo fijo de plantilla. Algunos pocos periodistas que con sus columnas se arriesgaban a ir contra corriente, pedían medidas para que "el Estado y la Administración autonómica mejoren la legislación y promuevan nuevos mecanismos para la defensa de los derechos educativos... de los alumnos".
Ésa puede ser una de las claves: pensar y actuar para desarrollar los derechos de los alumnos dejando de lado la tentación corporativista, endogámica, sindicalista del yo, mí, me, conmigo, que, asimismo, se ha enraizado fuertemente en una parte de los docentes universitarios: la que no sólo critica los controles del órgano supervisor sino que pretende su conversión en florero chino barato. Estudios de la DG de Universidades, cuña de la propia madera, situaron a las dos universidades canarias entre las más ineficientes de España y mucha parte del extranjero.
Pero los tiempos corren, y con ese correr cambian las circunstancias. La Educación Pública canaria, en todos sus niveles, necesita revisar a fondo y redefinir el proyecto para afrontar con eficiencia y garantías de éxito los desafíos de un futuro que llega cada nueva mañana. El enemigo es la mediocridad y la pérdida del sentido y la ética del servicio público.
La urgencia política ha de ser la de revertir la tendencia hacia el subsuelo con urgencia. Caiga quien caiga, porque ya está bien de que siempre caigan los estudiantes, y con ellos toda la sociedad. Que son los que pagan con sus impuestos por recibir un buen servicio. Cada año que pasa el daño es grave e irreversible.
