El nuevo gobierno de España se enfrenta, en este año 2020, a uno de sus más importantes retos: la crisis territorial del Estado; es decir, los graves problemas del actual Estado Autonómico. Algunos piensan que esa crisis se reduce al grave conflicto catalán, y, como mucho, lo extienden al problema vasco. Pero la realidad es que la crisis territorial afecta a todas las comunidades autónomas españolas.
Si no lo creen, escuchen las declaraciones que acaba de hacer Javier Lambán, el presidente socialista de Aragón: "Desde que se aprueben los Presupuestos del Estado, se iniciará el debate sobre la financiación autonómica y les aseguro que no va a ser un debate pacífico. Vamos a la guerra, una guerra de todos contra todos".
Y no se equivoca en ese debate, las comunidades autónomas se juegan, la financiación de sus servicios básicos: Educación, Sanidad y Protección Social. Cada vez que en el pasado se han discutido los criterios del reparto se produjeron fuertes conflictos. Unos salieron vencedores y otros derrotados.
Recuerdo un debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en donde están representadas todas las comunidades autónomas junto al Ministerio de Hacienda y el de Administraciones Públicas. En ese Consejo se produjo una fuerte pelea, que no terminó en "guerra", pero casi. Y que dió por concluida Solbes, el ministro de Hacienda, con la famosa frase: "esto es muy difícil de cuadrar, es un terrible sudoku".
El Sudoku
Y, efectivamente, el conflicto está cantado porque se trata de unos 130.000 millones de euros, que fijarán los Presupuestos del Estado, para repartir entre todas las CC AA de mano de la ministra de Hacienda, la andaluza María Jesús Montero. Pero ¿con qué criterio se repartirán? Se suele discutir en base a tres criterios:
1. Las Comunidades más ricas, en especial Cataluña y Madrid, proponen que el reparto se haga en relación a la aportación fiscal que cada Comunidad haga al Estado, a través de sus impuestos. Es lo que llaman, las balanzas fiscales, la resta entre lo que aportas y recibes en financiación e inversiones.
La deriva independentista empezó el día en que Rajoy no le aceptó a Artur Mas un concierto fiscal equivalente al que tienen los vascos. Eso fue en 2014. Ahora, después de cinco años de graves conflictos sobre "el derecho a decidir", la Generalitat acaba de hacer público un informe en que cifra "el déficit fiscal" de Cataluña en 18.000 millones de euros.
Una cifra cuando menos muy exagerada. Pero que indica por dónde quiere empezar a hablar el Gobierno catalán en la negociación "de gobierno a gobierno", pactada por el PSOE y Esquerra.
2. Frente a este criterio, se ponen en pie de guerra la mayoría de las comunidades autónomas: Aragón, Galicia, Asturias, las dos Castillas, y casi todas las pequeñas. Da igual que tengan gobiernos socialistas o populares, todas están de acuerdo en defender 'a muerte' el criterio que llaman "repartir de acuerdo al coste de los servicios", nada de balanzas fiscales.
Es decir, incluir los costes complementarios de la dispersión de los núcleos de población, el envejecimiento y todos los costes de lo que da en llamar la España vaciada, que además de Teruel incluye más de la mitad de las regiones españolas.
3. Y el tercer criterio es el que defienden País Valenciano, Andalucía, Baleares y Canarias. Y que se basa en los artículos de la Constitución que establecen que todos los ciudadanos españoles, al margen de la Comunidad en la que vivan, son iguales, tienen los mismos derechos y deben recibir las mismas prestaciones de los poderes del Estado. Lo que lleva a fijar como único criterio de reparto:la población.
Por poner un ejemplo: si Canarias tiene 2.120.000 habitantes, es decir, representa el 4,6 por ciento de la población española, y hay que repartir, por ejemplo, 130.000 millones, a Canarias le corresponden unos 6.000 millones de euros en financiación autonómica. Pero la realidad es que recibe poco más de 5.000 millones de euros.
El Archipiélago lleva, por tanto, arrastrando un déficit de financiación para los servicios públicos esenciales de una media de 600 millones de euros en la última década.
¿Cómo es posible que se viole de forma tan flagrante el principio constitucional de la justicia distributiva? Pues a base de componendas.
Las Comunidades de la dispersión, las que defienden el segundo criterio de reparto, se han unido siempre - como se están uniendo ahora-, para imponer el sistema de distribución que rige actualmente: un 70-75 por ciento por población y el resto, correctores de dispersión, envejecimiento, desarrollo, etcétera. ¿Que Canarias, País Valenciano, Baleares y otros protestan?..., pues se les engaña diciendo que se incorpora también otros correctores como el del coste de la insularidad. Solo que ese corrector apenas corrige, porque es muy pequeño.
Y si además, los censos de población se actualizan muy de tarde en tarde, Canarias no recibe las compensaciones suficientes por ser uno de los territorios con mayor tasa inmigratoria.
Resultado: en el Presupuesto 2020 de Canarias, Sanidad cuenta con 2.951 millones de euros y Educación 1.708 millones. Si les suma otras partidas de Protección Social, alcanzamos unos 5.200 millones de euros, cuando deberíamos estar cerca de los 6.000 millones de euros.
Es decir, Educación debe estar por encima de los 2.300 millones de euros y Sanidad por encima de los 3.300 millones de euros.
Eso es lo que corresponde en justicia a Canarias. Lo que ya tuvimos en otra época. Y lo que se prometió en los pactos educativos y por la Sanidad: el 5% del PIB canario (unos 46.000 millones de euros en 2.019) para Educación, y el 7% para Sanidad.
Sin esos recursos, nos seguirán suspendiendo en los informes PISA, ranking de universidades, indicadores de listas de espera y en la relación de profesionales y pacientes. En todo lo que distingue una sociedad avanzada de otra atrasada. No estamos hablando, por tanto, de cualquier cosa. Sino de las claves para que una sociedad conquiste el futuro.
