El efecto óptico de la Feria Internacional de Turismo es curioso: ahí brillan los políticos, no los empresarios. Y los responsables políticos, entre otras menudencias, anuncian campañas, adelantan iniciativas promocionales, garantizan ayudas al sector. Es realmente curioso que ese sector, cuya aportación al PIB regional supera el 35% y que crea directa o indirectamente cuatro de cada diez empleos que se generan en las Islas, necesita constantemente de la pasta pública para promocionarse, venderse y sobrevivir. A principio de siglo quedó claro que el destino turístico canario comenzaba a envejecer -las tumbonas en la playa empezaban a pudrirse y en las sombrillas se multiplicaban los agujeros- y la situación no mejoró con la recesión económica a partir de 2007. Y sin embargo la industria ha resistido. No lo ha hecho, en líneas generales, de la mejor manera, y se ha optado por resignarse a márgenes de beneficio más estrechos elevando muy lentamente los precios y tarifas para mantener o incrementar el número de visitantes. Ganas menos por turista, pero traes más visitantes. Es una estrategia razonable para los dueños de hoteles y apartamentos, pero no tan inteligente a largo plazo. En los últimos años los gobiernos autónomos se han unido con entusiasmo: más vale turista en mano que reformas volando. Si se pasó de unos ingresos por actividades turísticas de 13.480 millones de euros en 2015 a más de 15.000 millones en 2017 es que algo funciona, y más vale no meneallo.

Cada vez que se esbozan críticas basadas en evidencias al desarrollo del turismo en Canarias saltan profetas del pasado que advierten, campanudamente, que gracias al turismo no pasamos hambre. Quizás sea así, pero la dieta turística -asociada a la construcción- produce avitaminosis, infecciones y flatulencias que en demasiados casos no se han podido ni querido evitar o paliar siquiera, con costes sociales, territoriales y medioambientales considerados universalmente como admisibles. Cuando se decidió implantar una moratoria turística la normativa se filtró días antes a los constructores y después el sabio legislador comenzó a perpetrar excepciones y distingos. Raúl Hernández Martín -uno de los economistas que más y mejor conocen el turismo canario- ha propuesto un decálogo de medidas y actitudes a adoptar, entre otras, transformar la imagen de sol y playa de los consumidores europeos en una imagen ligada a las actividades al aire libre en un entorno ecológicamente sostenible y seguro, potenciar la especialización turística, diferenciarse y diversificarse para adaptarse a la demanda, buscar el desarrollo cualitativo sobre la obsesión cuantitativa, aumentar la calidad de la oferta a través de la cualificación y la innovación, con un mayor compromiso empresarial con la formación académica y profesional en el turismo, incentivar económica, fiscal y socialmente a empresas y organizaciones que apuestan por la innovación, la formación y el largo plazo. La lucha contra el cambio climático y el respeto irrestricto a los parques y parajes naturales protegidos -ordenando y en su caso limitando la carga turística que soportan- es otra variable transversal que deben asumir el Gobierno canario, cabildos y ayuntamientos.

Son agotadores -y tienen un ilusorio efecto tranquilizador- los incesantes riquirracas con las cifras de visitantes y los porcentajes del turismo en el empleo de las Islas. Es un optimismo fantasmagórico porque -y nunca es superfluo recordarlo- el capital canario tiene una participación muy modesta en los establecimientos hoteleros del Archipiélago. Extracción de rentas de llama a esto, aunque por buena educación no se diga.