Como era previsible no ocurrió nada traumático en la reunión del Consejo Político Nacional de CC del pasado sábado. La sanción impuesta a la diputada Ana Oramas por votar negativamente a la investidura de Pedro Sánchez -ignorando la abstención que propugnó la dirección del partido- fue ratificada en los mismos términos: una multa de 1.000 euros. No sé si se repetirán las dos reacciones que han acompañado este incidente desde el principio: indignarse porque no se haya guillotinado a Oramas o cotorrear de nuevo que Tenerife (o por peor nombre: ATI) evidencia de nuevo su despótico poder en Coalición Canaria. Ni los más críticos querían descabezar a Oramas ni la organización tinerfeña dispone de recursos o incentivos para arrastrar al resto del partido a sus posiciones: afirmar tonterías similares es desconocer el funcionamiento real del sistema interno coalicionero. Ambas respuestas, tal vez no casualmente, han procedido de territorios ajenos del nacionalismo en general y de CC en particular. Solo existieron tres votos en contra de la multa, que debidamente radiografiados indican que la mayoría de Fuerteventura hubiera preferido un expediente, que David de la Hoz es una voz casi solitaria en Lanzarote y que seis de las siete direcciones insulares prefieren pasar página rápidamente.

Es realmente curioso que se elija el voto de Oramas como argumento para una crisis, como si la crisis no fuera ya obvia y tuviera un carácter existencial. Si se cree que el futuro inmediato de Coalición pasa por pisar el acelerador de su convergencia política y electoral con Nueva Canarias más vale desgranar las razones y lanzarse de una vez a un debate precongresual que todas las organizaciones que se integran en CC necesitan como agua de mayo (precisamente). Si las direcciones insulares siguen jugando al control anestésico y a la cooptación de voluntades como herramientas para un nuevo Congreso Nacional que solemnice una continuidad imposible el proyecto político de CC está en la práctica finiquitado o, en el mejor y peor de los casos, a un regreso a los insularismos. Coalición debe cambiar para aprender a vivir y recuperar posiciones en un contexto político distinto al de sus orígenes -cuando un tripartidismo imperfecto lo decidía casi todo- y debe empezar cambiando los mecanismos que permiten que una oligarquía celosa de su indefinida continuidad -de la que Cabrera es un magnífico ejemplo- continuar pase lo que pase en el machito. Y ese es el principal problema político y organizativo de CC: los cambios imprescindibles para democratizar internamente a la organización y que de nuevo sea atractiva para jóvenes, mujeres, clases medias urbanas y profesionales chocan contra los intereses de una casta que ha aprendido a autorreproducirse y muta justo lo suficiente para que todo siga igual.

Y la primera prueba de fuego debería ser, precisamente, la secretaría general y el próximo comité ejecutivo nacional de CC. En eso no le falta razón a Cabrera y otros disconformes con la multa. El próximo ocupante de la secretaría general no debe ser de Tenerife o Gran Canaria. Migdalia Machín, Nieves Lady Barreto o Echedey Eugenio Felipe serían magníficos candidatos que, entre otros objetivos, deberían supervisar el proceso de las primeras primarias de CC para elegir candidato presidencial en las elecciones autonómicas 2023.