Los destrozos sociales provocados por la crisis económica de 2008 han tenido en el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna, reconocido y protegido en la Constitución, a una de sus principales víctimas. Los efectos devastadores en este ámbito por el colapso del capitalismo financiero neoliberal y especulador en todas sus vertientes, que sigue sin refundarse pese a los anuncios de las cúpulas políticas y económicas en ese momento, siguen mostrándose y expresándose día a día en múltiples ejemplos de desigualdad y crecimiento de la pobreza. Y pese a los vaivenes del mercado inmobiliario durante los últimos años, su repercusión social siempre se ha expresado en un mismo sentido: alejando a los ciudadanos y a las familias de la posibilidad de un acceso viable a una vivienda ya sea bajo la fórmula de la ad-quisición en propiedad o bajo la de un alquiler, en cualquiera de ellas a precios razonables.

La llamada exclusión residencial en tantas partes del mundo, con especial incidencia en España, ha dado lugar al fenómeno social denominado sinhogarismo, que desborda a las principales ciudades europeas y ante el que las administraciones buscan soluciones dando en la mayor parte de los casos palos de ciego que no logran atajar el problema. No sólo hay un problema de altos precios de venta y alquiler en el asfixiante mercado de la vivienda, sino que, por otro lado, muchas familias han sido incapaces de hacer frente a sus obligaciones financieras asociadas a sus hipotecas inmobiliarias por las cláusulas abusivas de los préstamos bancarios, lo que ha llevado a muchas de ellas a una situación de quiebra económica doméstica y de absoluta vulnerabilidad, agravada por la creciente precariedad laboral y los bajos sueldos.

Como señalan distintos informes oficiales, esta lacra no solo incluye a los sintecho afectados por factores personales y familiares muy concretos, sino a todas aquellas personas y familias que se ven en la necesidad de vivir en pisos compartidos o en casas de familiares y amigos. Según esos informes, en la actualidad hay 11 millones de unidades familiares en Europa que no disponen de un alojamiento adecuado y viven en la calle, de la ayuda social o alojados en casas de terceras personas. Pero de la evidencia de este grave problema social ha nacido también la necesidad de una mirada distinta que aporte soluciones alternativas a las oficiales, a través de modelos de construcción de viviendas asequibles, con propuestas empresariales y colaboraciones público-privadas como la que la Asociación de Afectados por la Hipoteca Norte Gran Canaria (Ahinor) ha puesto en marcha en la Isla.

Ahinor se ha destacado en Gran Canaria desde el año 2009 en su defensa de las personas y familias víctimas de esta situación, paralizando desahucios y consiguiendo que se expulsen de los contratos hipotecarios las cláusulas abusivas, obligando al banco a cumplir con un código de buenas prácticas y, en su caso, a devolver las cantidades cobradas indebidamente. Pero además, teniendo en cuenta que un proceso de ejecución hipotecaria se puede alargar durante varios años, han trabajado en el ámbito de buscar una solución al problema bien a través de una negociación entre las partes, bien encontrando alguna alternativa habitacional para el afectado.

Es en este terreno en el que cabe hoy destacar sus varias propuestas para hacer frente a situaciones concretas de exclusión residencial, una labor que ya ha merecido el reconocimiento de haber sido incluida entre las 50 medidas punteras (de ellas, cinco españolas) estudiadas en Europa para combatir el sinhogarismo. Además de la canaria, de las cinco españolas seleccionadas, tres son vascas y una catalana, y todas ellas buscan mostrar soluciones creativas a pequeña escala que ya funcionan, y en cuya ejecución destaca la colaboración público-privada tratando de alcanzar los ámbitos de actuación que no logran las deficientes políticas públicas oficiales, con sus aparatosos, engorrosos y con frecuencia escasamente poco eficaces planes estatales y regionales de vivienda.

El lema que podría resumir toda esta estrategia de actuación alternativa es "para salir de la calle, primero la casa". Es decir, la vivienda es el primer paso que necesitan muchos colectivos para empezar a darle la vuelta a su situación de vulnerabilidad, de riesgo de pobreza o de exclusión social. La actuación de Ahinor incide directamente en los colectivos con riesgo de desahucio o víctimas de malas prácticas bancarias, y se concreta en propuestas de actuación muy determinadas tras haber identificado el problema en cada uno de los casos y apostando rotundamente por la promulgación de una ley por el derecho a la vivienda digna.