El Reino Unido entró en la Unión Europea con una visión radicalmente liberal de la economía, propia del mundo anglosajón, con una desconfianza profunda en el dirigismo galo.
Le interesaba el continente sólo como mercado único y así intentó poner todo tipo de trabas tanto a una política común de defensa, a la creación de un Ejército europeo, y a la mayor integración política buscada especialmente por Francia.
Su decidido apoyo a las sucesivas ampliaciones estuvo siempre guiado por la idea de que los nuevos socios representaban sobre todo un nuevo mercado y contribuirían además a contrarrestar el peso excesivo del eje franco-germano.
En sus críticas al estatismo de inspiración francesa, Londres no ha estado, sin embargo, nunca solo, sino que se ha visto apoyado por los gobiernos de Holanda, Irlanda y los países nórdicos, que, tras el brexit, parecen decididos a tomar el relevo.
Ahora, el gran temor de Bruselas es que Londres aproveche la nueva libertad regulatoria de sus finanzas para crear al otro lado del canal de la Mancha lo que algunos llaman "un Singapur del Támesis", es decir, una economía de bajos impuestos, apenas regulada y abierta en todo momento a los nuevos negocios.
El primer ministro británico, Boris Johnson, ha anunciado ya la creación en el país de diez puertos francos , libres de aranceles, de muy baja imposición y que estarán sujetos a una regulación mucho más laxa que los ya existentes en territorio comunitario, más similar a la de sus equivalentes de EE UU.
Bruselas teme que Londres vaya a aprovechar su salida de la UE para aumentar su competitividad frente a los Veintisiete relajando las reglas económicas, sociolaborales y medioambientales.
La cuestión es si Johnson se atreverá a tomar medidas tan drásticas en ese sentido como quiere el sector más duro de los tories porque, no lo olvidemos, su victoria aplastante frente a Jeremy Corbyn sólo fue posible por el apoyo que le dieron los ciudadanos de las regiones más deprimidas del país, que hasta ahora siempre habían votado a los laboristas.
Entre los que más van a sufrir, predice el semanario británico The Economist, están los agricultores británicos, que hasta ahora se beneficiaban de las conquistas del poderoso lobby agrícola impulsado por los franceses en Bruselas.
En adelante no sólo perderán muchas ayudas, sino que se enfrentan a la nueva competencia de la gran industria ganadera de EE UU, que aspira a que su carne de res tratada con hormonas o sus pollos clorados puedan entrar ahora libremente en el Reino Unido.
Más favorable parece presentarse, al menos en principio, el panorama para los pescadores británicos, que se sintieron traicionados cuando su país se adhirió en 1973 a la política común pesquera.
Es significativo que, como escribe The Economist, el encargado de las negociaciones con la UE, Michael Gove, siempre haya creído que ese acuerdo firmado con Bruselas arruinó el negocio pesquero que su padre tenía en Aberdeen (Escocia).
Ocurre, sin embargo, que dos tercios del pescado que llega al Reino Unido es exportado, en su mayoría, a los países de la Unión Europea, mientras que la mayor parte del pescado consumido por los británicos es a su vez importado, aunque las capturas se hayan hecho en aguas comunitarias, lo que dificultará un acuerdo con Bruselas.
Uno de los sectores en los que el Reino Unido va a divergir seguramente de la UE es el científico: los británicos van a poder liberarse hasta cierto punto del llamado principio de precaución vigente en la Unión Europea.
Éste exige una evaluación científica lo más completa posible de los posibles riesgos de cualquier nuevo producto antes de permitir su comercialización. Todo ello al menos en teoría porque en la práctica poderosos lobbies trabajan para que los países relajen esas reglas: por ejemplo, en lo que se refiere a los transgénicos.
