El Consejo de Política Fiscal y Financiera abrió una leve expectativa para Canarias al aceptar la ministra Montero crear un grupo de trabajo para estudiar las posibilidades de que las comunidades autónomas y corporaciones locales con superávit puedan aplicarlo. Pero la medida resulta difusa, sin horizonte claro y sin garantías de que será realmente efectiva porque quedará condicionada a criterios impuestos por el ministerio. Es un primer paso poco firme y parece que dubitativo en la línea del que Montero dio en las primeras reuniones con los representantes del Gobierno de Canarias cuando éste se formó.

Había transcurrido año y medio desde la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) hasta la que se produjo el viernes en Madrid, pero Canarias sigue estando más o menos en el mismo lugar y con las mismas dudas en relación con sus expectativas de mejorar sus condiciones de financiación. En este tiempo se han producido relevantes acontecimientos políticos en el Archipiélago y en el conjunto de España, pero las claves de la posición canaria en el órgano sectorial que coordina las políticas fiscales entre el Estado y las comunidades autónomas, y su horizonte a medio plazo, siguen siendo las mismas y sin encontrar un camino despejado para garantizar unas mejores condiciones de prestación de los servicios públicos esenciales para los canarios.

Desde julio de 2018, fecha de la anterior reunión del CPFF, se han producido varios procesos electorales y cambios de gobierno tanto en Canarias como en el Estado, pero ninguno de estos factores parece haber modificado los elementos en juego para cambiar las perspectivas. Si en aquellos días un ya declinante Gobierno de CC insistía en su principal reclamación ante el Ministerio de Hacienda desde hacía meses, un casi recién estrenado Ejecutivo de coalición liderado por el PSOE mantiene aún ahora el mismo objetivo: flexibilizar la regla de gasto establecida en la actual Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para permitir a las administraciones con las cuentas saneadas utilizar parte del superávit para inversiones propias, y dar por fin un salto significativo en la calidad de esos servicios públicos que prestan y cuya financiación siempre está con el agua al cuello.

Canarias ha sido desde hace ya varios años la comunidad autónoma que mayor rigor ha imprimido a sus cuentas públicas y la que más se ha ajustado a la senda fiscal que marcaba la ley de estabilidad presupuestaria, aplicada desde el Estado pero bajo mandato de la UE para hacer frente a los insoportables niveles de déficit y de endeudamiento regionales en los primeros años de la crisis económica. Ese rigor en los años de vacas flacas y el posterior alza de los ingresos tributarios durante la recuperación, aupados por los buenos años del turismo, han permitido a Canarias encadenar varios ejercicios de superávit, que seguramente superará los 300 millones en el 2019 y volverá a hacerlo en el 2020, mientras que su deuda pública es del 13,2 %, la menor de todo el mapa autonómico, cuya media es del 25 %.

Con estos datos sobre la mesa, hace tiempo que Canarias acude a muchas reuniones del CPFF casi como convidado de piedra porque los acuerdos que allí se han cerrado sobre el establecimiento o reparto de objetivos de déficit entre las comunidades autónomas apenas si le afectaban. Es decir, que el margen de gasto por encima de los ingresos que se otorga a las regiones es una operación de resultado cero para el Archipiélago porque ya presentaba más ingresos que gastos. Y sigue pasando ahora. El viernes se acordó ceder dos décimas más de déficit, hasta el 0,2 % del PIB regional, a todas las comunidades que siguen sin cuadrar sus cuentas, 2.500 millones extras de gasto para el conjunto de ellas, cuando la previsión es que en 2020 todas las comunidades llegaran a equilibrio presupuestario, que se retrasa hasta el 2022.

Canarias se queda una vez más al margen y sin beneficiarse de esa medida, que sigue premiando las malas prácticas fiscales. Como resalta el actual vicepresidente y consejero de Hacienda de Canarias, Román Rodríguez, resulta difícil entender que una comunidad como la nuestra, con las dificultades estructurales que soporta, el índice de pobreza que aún persiste, un nivel de paro siempre de los más altos del país, la necesidad de infraestructuras que permitan el desarrollo sostenible de nuestra economía, los problemas de vivienda para los jóvenes, o el imprescindible impulso de la ley de dependencia, entre otras cuestiones, se vea impedida de utilizar sus propios recursos para avanzar en todas ellas.

Es verdad que la regla de gasto fue un instrumento necesario para poner coto al despilfarro que guió a muchas administraciones autonómicas y locales en los años de crecimiento económico y que fue la que disparó el déficit y la deuda en cuanto llegó la crisis. Pero en el momento actual esa regla está siendo contraproducente. No se pide su desaparición, sino una aplicación más flexible, como de hecho se apunta ya desde Bruselas y como la propia actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por fin, parece estar dispuesta a estudiar, corrigiendo en parte el hecho de que esta cuestión se haya quedado fuera del programa de gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos.

El CPFF del viernes resultó, con moderación, positivo para Canarias al aceptar la ministra crear un grupo de trabajo en el seno de este mismo organismo para estudiar las posibilidades de que las comunidades autónomas y corporaciones locales con superávit puedan aplicarlo. Pero, pese al comprensible moderado optimismo que expresó Román Rodríguez al término de la reunión, la medida asumida por Montero resulta difusa, sin horizonte claro y sin garantías de que será realmente efectiva porque quedará condicionada a criterios impuestos por el ministerio.

Tampoco ha servido el CPFF del viernes para algún avance significativo hacia la reforma del sistema de financiación autonómica, el otro mecanismo en el que Canarias confía para ajustar los ingresos estatales al coste real de las competencias transferidas en materia de servicios públicos esenciales. También en este punto el nuevo Gobierno central ha tratado de infundir la idea de que está en su agenda, y la ministra Montero avanzó que pronto entablará contactos con los grupos parlamentarios en el Congreso para conocer sus posiciones, pero no hay una verdadera dinámica de movilización de los elementos que se quieren para este complejo proceso, la piedra de toque de futuro del modelo territorial español, en el que el encaje de Canarias a efectos de financiación regional debe quedar resuelto.