Hace unos días conocimos el escrito provisional de acusación de la Fiscalía Provincial de Las Palmas de Gran Canaria solicitando la apertura de juicio oral al Juzgado de Instrucción Número Seis y estableciendo una fianza total de 27,5 millones de euros a todos los investigados. La fiscal concluye que los hechos analizados son constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida, o alternativamente de administración desleal, con penas que alcanzan los 6 años de prisión y hasta 46 millones de euros para los investigados.
El caso de Emalsa se remonta a principios de 2008, cuando su Consejo de Administración decidió unilateralmente rescindir el contrato del saneamiento que ejecutaba la empresa Urbaser. Nosotros, el Partido Popular, tuvimos conocimiento de este hecho en marzo de 2008 y presentamos una moción al pleno de abril para obligar al alcalde Saavedra a defender en el Consejo de Administración de Emalsa la legalidad de un concurso público para cubrir este servicio de saneamiento de 4,5 millones de euros.
Previamente, en el primer consejo de administración que presidió el Sr. Jerónimo Saavedra, en julio de 2007, fue cesado el secretario del Consejo de Administración, Luis Argüello, que formaba parte del mismo desde la constitución de esta sociedad mixta en 1993. Podría parecer una cuestión menor, pero creo que fue determinante para que se produjera la adjudicación directa del saneamiento de esta ciudad a Sercanarias, a juicio de muchos especialistas, en contra de lo establecido por la ley para este tipo de contratos.
El informe de acusación de la fiscal no solo revela el perjuicio que ha ocasionado ese contrato de saneamiento, sino que analiza de manera rigurosa otros 17 contratos más, acreditando un supuesto doble saqueo por parte de los socios privados, que actualmente poseen el 66% de las acciones de Emalsa: por un lado a la sociedad, y por otro, a todos los ciudadanos que contribuimos al principal ingreso de esta compañía con las tarifas del agua. La Fiscalía analizó durante casi siete años un total de 44 cajas de documentación antes de llegar a su escrito de conclusiones. Podría parecer que tardó mucho tiempo, pero estos años han servido para analizar pormenorizadamente cada uno de los 18 contratos y especifica cuantitativamente el desfalco que supondría para Emalsa, y, por ende, para este ayuntamiento.
En aquel periodo yo era la portavoz del PP de la oposición. Recuerdo muy bien mi relación entonces con los socios privados de Emalsa, que pasó de mal a peor, y la intuición que tuve y sigo manteniendo de que les era muy incómoda para la defensa de sus intereses. Como alcaldesa mostré mi total oposición en el Consejo de Administración de la compañía a la subida de las tarifas del agua, ya que les guiaba el único afán de querer ganar más, pidiendo más recursos para el equilibrio financiero de su negocio. Ya entonces era evidente, y con el transcurso de los años se ha vuelto a repetir, que a Emalsa no le gustan los gestores del PP. Se llevan mejor, y yo diría que hasta muy bien, con el PSOE. Saquen ustedes sus conclusiones.
Desde principios de 2008 cuestionamos el papel que desempeñaba el alcalde Saavedra, como presidente también de la compañía. Incluso mi grupo, ya en la oposición, llegó a levantarse e irse de un pleno porque no nos permitió retirar una moción e incluir otra acerca de la adjudicación directa a Sercanarias. No permitió debatir una moción que defendía el concurso público para un contrato de 4,5 millones de euros que ahora está en el centro de las averiguaciones de la justicia. Saavedra nos explicó que había encargado al secretario del consejo un informe jurídico para dilucidar la legalidad de la auto adjudicación a Sercanarias. Tras dos informes, supuestamente a la carta, afirmaron que no era necesario la convocatoria del concurso público.
Así fue como maquillaron y allanaron el camino de esta adjudicación que inicialmente era provisional pero que ha seguido hasta el día de hoy. Y supongo que seguirá mañana, porque actualmente Sercanarias sigue gestionando directamente todos estos contratos objeto de investigación. Por este motivo pedimos -y nos negaron- las actas del Consejo de Administración. Queríamos comprobar la posición de los cuatros miembros representantes del ayuntamiento en el consejo de administración, que podrían haber recurrido el acuerdo ante los tribunales.
La propia asesoría jurídica del ayuntamiento en su escrito de acusación, que realiza en enero 2019 expone la ilegalidad de esta adjudicación. Esto demuestra que el Sr. Saavedra no lo consultó con los servicios jurídicos del ayuntamiento y prefirió los informes encargados por Emalsa.
La firme oposición que mantuvimos desde el Partido Popular a la contratación de Sercanarias dio lugar a momentos kafkianos: incluyendo la contratación, por parte de la empresa mixta, de páginas enteras en los periódicos atacando a nuestro grupo político, e insistiendo en la legalidad de la adjudicación y la privacidad de las actas del consejo para no entregarlas. Y el alcalde Saavedra, presidente del Consejo de Administración, miraba para otro lado.
Tras la etapa de Saavedra, en 2011 llegó Juan José Cardona a la Alcaldía. El alcalde Cardona, compañero de mi partido, no solo presentó la denuncia en el año 2013 que ha dado pie a este escrito de acusación de la Fiscalía, sino que bajo su mandato se elaboraron hasta cinco informes por parte de técnicos del ayuntamiento en los que analizaban la gestión que estaba llevando Emalsa. Fruto de estos informes, que descubrieron irregularidades en la gestión del día a día de la empresa, tampoco pagó las certificaciones que los técnicos del Servicio Municipal del Agua no firmaron. La cuestión es: ¿qué ha hecho el alcalde Hidalgo desde que tomó posesión en el año 2015? Primero atacar a Cardona diciendo públicamente que la intervención y control de Emalsa fue una farsa. A continuación, dijo que saldría a concurso público el saneamiento de la ciudad: a día de hoy sigue adjudicado a Sercanarias. En enero de 2019, con Augusto Hidalgo de Alcalde, el ayuntamiento (sorpresivamente) se persona en esta causa como acusación particular. A pesar de la gravedad del escrito, no dio cuenta al Pleno. Pero lo mejor es que desde entonces no ha tomado ni una sola medida administrativa sobre la concesión, a la que le quedan 24 años más. Ni un solo expediente desde el punto de vista administrativo sobre este concurso adjudicado a dedo. Es decir, confirma los presuntos delitos de los directivos y socios de la parte privada de Emalsa pero sin embargo ha seguido sentándose todos los meses a presidir el consejo de administración de Emalsa, como si no hubiese sucedido algo tan grave como personarse en la causa. Porque en el escrito del Ayuntamiento, también se apunta a la comisión de los presuntos delitos de apropiación indebida o administración desleal, penados con cárcel, y un perjuicio económico para las arcas públicas de más de 23,2 millones de euros. La verdad siempre florece, y al final del túnel siempre aparecerá la luz, no solo de las responsabilidades jurídicas si las hubiera, sino de las responsabilidades políticas que acarreen por lo sucedido con el servicio integral del agua de la ciudad entre 2008 a 2011. Otro capítulo será 2011 hasta el día de hoy.
