Nos llevaríamos una sorpresa si este 8-M tuviésemos delante los resultados de una encuesta sobre cuántas personas creen que finalmente se acabará con la desigualdad entre sexos. Lo más probable es que la tendencia sea asumir que la que se considera como una de las grandes revoluciones del siglo XXI va a tener un recorrido largo, de una amplitud que dependerá del interés del poder para legislar a favor de las mujeres. Sobrevive una eterna discusión sobre si hay que forzar el proceso con un aparato normativo que proteja al sexo femenino, o bien es suficiente con la vaguedad de la recomendación, los decálogos o los principios. En el ámbito de algunos partidos está el sistema cremallera; en determinados consejos de administración está la paridad de género en la toma de decisiones, mientras que en otros es suficiente con que en la punta de la pirámide se encuentre una mujer, y también hay departamentos políticos que ya elaboran sus presupuestos desde criterios de igualdad.
El fortalecimiento de las iniciativas de cambio en las mejoras de las condiciones laborales de la mujer no podría salir adelante sin un movimiento reivindicativo. Poner fin a las diferencias de sueldo depende, claro está, de una presión no sólo contra los que desvalorizan a la mujer, sino también contra un modelo económico cuyo beneficio se vería alterado con la asunción de la propuesta igualitaria. Los empresarios, como es lógico, siempre preguntarán por lo que les costara la medida, resultando ínfima la preocupación sobre el empoderamiento de la mujer, aunque tampoco faltan los machismos vocacionales. Digamos que aquí lo que interesa es el montante, el desajuste en el balance de personal. Cambiar la trayectoria exige por tanto la movilización y vigilancia permanente, y que la modificación de la ruta no se va a hacer sin unas leyes sociales que molestan a la derecha. Ir de "feminista amazónica", en plan Cayetana Álvarez de Toledo, no es otra cosa que el deseo de estimular la desarticulación de la presión para obtener la igualdad y contentar a estos empresarios a los que se les hace cuesta arriba pagar lo mismo a un hombre y a una mujer. Esta definición de la portavoz del PP podría ser una genialidad en un salón donde se sienta Proust junto a uno de sus amantes, pero resulta bochornosa a la hora de contrastarla con una realidad, donde la brecha salarial está en torno al 21 por ciento.
¿Cuál sería la otra enorme piedra en el camino? Trabajar para desmontar todo el esfuerzo que desde instituciones, colectivos de padres y madres y fundaciones se realiza para elevar los valores de igualdad. La escuela pública lleva desde hace unos años ausente en la promoción de una educación de género, con lo que ello ha supuesto para toda una generación de adolescentes, sobre todo en las relaciones entre ellos mismos. El desembarco de la ultraderecha en algunas autonomías y ayuntamientos va a dañar las tareas de concienciación, bautizadas por ellos como de adoctrinamiento. Este decapado ideológico debe tener como respuesta una legislación en consonancia con los países más modernos de la UE, un muro de contención que evite un retroceso y una parálisis en el avance de la condición social, laboral y familiar de la mujer.
