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Joaquín Anastasio

CRÓNICAS DESDE MADRID

Joaquín Anastasio

Un terremoto social y económico que desbarata toda la agenda de Sánchez

La Comunidad solo tiene 641 UCI y necesita cerca de 1.000 nuevas para hacer frente al pico de los contagios, una situación que apenas se alivia con la apertura del primer hotel medicalizado para atender a los afectados por la pandemia

La emergencia sanitaria por el coronavirus ha hecho saltar por los aires todos los planes económicos del Gobierno central, entre ellos la presentación en los próximos meses de unos nuevos Presupuestos estatales con los que superar lo aún vigentes de 2018, prorrogados durante dos años consecutivos. La magnitud del terremoto social y económico que está provocando la pandemia del Covid-19 desbarata toda la agenda del Ejecutivo de Pedro Sánchez en esta materia, y obliga a replantearse todos los números empezando desde cero. Aunque formalmente todavía no se ha renunciado a presentar unas nuevas cuentas para este año y aprobarlos antes de final del verano, tal como se tenía planeado, el Gobierno asume que, de facto, se verá totalmente imposibilitado a ello. Todo dependerá, en todo caso, de cómo evolucione la actual crisis sanitaria y el tiempo que se tarde en poder reemprender la total actividad productiva del país.

De momento, el plan de Sánchez queda congelado para dar paso, todavía sin calendario, a ese programa de emergencia que anunció el miércoles en el Congreso, a través de unos nuevos Presupuestos de "reconstrucción social y económica" que seguirán la senda y objetivos del decreto aprobado el martes con el que se movilizan 230.000 millones que el Ejecutivo, de ellos 117.000 del sector público, de ayudas a familias, trabajadores, autónomos y empresas para tratar de paliar o encauzar los efectos de la pandemia y el parón de la producción nacional. Parte de esta ingente cantidad de fondos entrará sin duda en el plan presupuestario de reconstrución avanzada por el líder socialista. Aunque desde el Ministerio de Hacienda se asegura que se sigue trabajando en el anteproyecto para este año, para cuyo techo de gasto las Cortes ya habían dado el visto bueno, la realidad de las nuevas previsiones económicas, asumiendo que el crecimiento del PIB será muy por debajo del 1,6 previsto, obliga al conjunto del Ejecutivo a reconocer que no habrá Presupuestos del 2020, y que el plan anunciado por Sánchez se hará efectivo en las cuentas del próximo año.

Este cambio de horizonte modifica a su vez las expectativas de Canarias sobre el alcance de su ficha financiera en los nuevos Presupuestos en función del compromiso del Ejecutivo central sobre la agenda canaria a corto y medio plazo. La nueva realidad surgida de la crisis sanitaria y sus consecuencias en el tejido económico y social del país obliga a reevaluar las prioridades que Canarias, tanto desde las instituciones como desde los partidos políticos, debe poner sobre la mesa en las próximas cuentas estatales. El brutal impacto que la crisis sanitaria está dejando sobre la economía canaria seguramente obligará a revisar la estrategia y los objetivos a plantear al Estado en la elaboración de las nuevas cuentas. El cierre turístico convierte al Archipiélago y a su economía en altamente dependientes de los instrumentos que se puedan activar desde los próximos presupuestos "extra-sociales" que anunció Sánchez, más allá de que las empresas, pymes y autónomos de las Islas puedan acogerse, ya ahora, a las ayudas o créditos del decreto aprobado el pasado martes.

El Gobierno de Canarias, y en general los agentes políticos, económicos y sociales, están ya poniendo sobre la mesa algunos de los elementos a tener en cuenta sobre la forma en cómo el Estado elabora la ficha financiera para las Islas en la era 'postpandemia', siempre en espera de que se supere lo que en estos momentos es prioritario, que es frenar el proceso de contagios del Covid-19, poner fin a la crisis sanitaria, y garantizar la salud de todos los ciudadanos. El actual contexto económico, pero también político, obligará al Ejecutivo regional a plantear al Gobierno central determinadas medidas en el Archipiélago como una de las regiones que más puede sufrir las consecuencias económicas de la crisis sanitaria. Si el cierre turístico, que ya prácticamente echa a perder los meses del verano, se lleva por delante también la próxima temporada alta en las Islas, la situación del principal motor de la economía canaria y sus devastadoras secuelas en el ámbito del empleo, será insostenible.

Superávit y gasto social

A la espera de conocer el tipo de cuentas públicas excepcionales que, "una vez que pase la emergencia", como dijo Sánchez, presentará el Ejecutivo central, y de saber cómo encajan en ellas las nuevas prioridades económicas y sociales, Canarias va a poner el foco en la necesidad de ganar liquidez para hacer frente al "descalabro" de los ingresos que provocará la inactividad turística en las Islas. Este objetivo vuelve a poner en el primer plano la lucha por el uso del superávit, que en los próximos presupuestos puede convertirse en la batalla final frente a la negativa del Ministerio de Hacienda.

Incluso en el reciente decreto extraordinario de ayudas para hacer frente a las consecuencias más urgentes de la crisis sanitaria, la teórica autorización a cabildos y ayuntamientos saneados para acceder a sus ahorros para gasto social limita tal operación al 0,8 % de los mismos, que en caso de las corporaciones locales isleñas queda cifrado únicamente a 38 de los 4.500 millones bloqueados en los bancos, Canarias aspira a que los nuevos Presupuestos habiliten, si no se ha hecho antes, una reforma de la ley de Estabilidad Presupuestaria para que, como región con las cuentas saneadas, pueda usar los 270 millones de superávit del 2019, porque ya se da por hecho que este año no habrá ahorros dada la pérdida de al menos 200 millones de ingresos por el virus. Para dinamizar la economía y atender el agujero social que se puede volver a reproducir si la crisis sanitaria se alarga en el tiempo, Canarias exigirá que se cumpla el REF en relación a inversiones y gasto social, y podría exigir el pago total de la deuda en carreteras, 500 millones, que el Estado ha asumido empezar a pagar a partir de este año en el marco del nuevo convenio.

En el ámbito político, el nuevo escenario cambia por completo la negociación del 'superpresupuesto' para el 2021 que quiere presentar Sánchez respecto del que iba a proponer para este año. En una situación de emergencia nacional por la crisis económica derivada de la sanitaria, el Gobierno ha pedido el apoyo de todas las formaciones políticas y es probable que cuente con ella, en especial con la del PP y, sobre todo, con la de Cs, lo que invalida todas las maniobras de ERC para ligar los Presupuestos y la continuidad de la legislatura, a la agenda independentista en Cataluña. Los partidos nacionalistas canarios, CC y NC, perderían también capacidad de maniobra, aunque ambos han avanzado que estarán junto al Gobierno en este marco desconocido de gran preocupación ciudadana por la pandemia del Covid-19.

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