La Provincia - Diario de Las Palmas

La Provincia - Diario de Las Palmas

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

REFLEXIÓN

Economía de guerra

Mientras el señor Sánchez se presenta ante la población, en prime time televisiva, y se arroga el liderazgo del país frente a la adversidad, colocándose a sí mismo las medallas de la supuestamente exitosa acción de gobierno de estos días (incluso de la mejora de la contaminación, el ahorro de energía, disminución de la delincuencia y supongo que hasta de la entrada de la primavera, si le dejan), los españoles sufrientes perciben la situación de modo muy distinto.

En primer lugar, una gran parte de la población, y de los sanitarios en particular, pensamos que el gobierno fue negligente en la apreciación del problema, así como imprudente en esperar a después del día 8 de marzo para empezar la lucha contra la pandemia. La responsabilidad es directa de los señores Sánchez e Iglesias, cuya máxima preocupación eran, y continúan siendo, los celos por el efecto mediático de sus apariciones televisivas, y los codazos por ocupar poder.

En segundo lugar, también somos muchos los que estimamos que se han tomado medidas cortas y con insuficiente intensidad para la gravedad del problema. Añadimos que los últimos debates por las redes sociales nos indican que, en esta emergencia, las autonomías aportan más problemas que soluciones, y nos dejan un poso de percepción de luchas políticas estériles y de desigualdades entre los ciudadanos.

Estamos en guerra. Diferente a todo lo conocido, pero una guerra. Seguramente mucho más difícil que las bélicas. Y para estas situaciones se impone la economía de guerra. Declarado un estado de alarma como el que estamos viviendo, todo el país y su economía se debe poner en marcha contra la pandemia.

Si los expertos han convenido que el confinamiento de la población es absolutamente necesario, habrá que poner a todo el país en dos únicas posiciones: en primer lugar, cuidar de nuestros enfermos, y para ello dotar a la sanidad de los elementos necesarios para hacerlo con eficiencia y rapidez, así como garantizar el aprovisionamiento y servicios mínimos a la población.

En segundo lugar, confinar a todas aquellas personas que no se encuentren en el punto anterior. Esto es, toda la población excepto la indispensable (sanitarios, policías, los suministradores a la sanidad y de la población, etc.). No necesitamos excepciones. Todos los demás deben contribuir confinándose.

Las únicas excepciones deberían ser aquellas industrias que se puedan reconvertir (voluntariamente o por imposición de emergencia) al suministro de artículos indispensables ante la crisis (los test, medicamentos, respiradores, mascarillas, gafas, batas, guantes, etc.). En economía de guerra hay que poner toda la capacidad productiva del país al servicio de la guerra, en este caso la sanidad, y de alimentar a la población.

Estratégicamente, en una guerra no parece seguro depender de importaciones, máxime cuando el mundo entero podría demandar los mismos productos al mismo tiempo. A este nivel, los acaparamientos y las subidas de precios por causa de la escasez deberían no sólo prohibirse, sino también castigarse.

No tiene sentido establecer unas actividades que pueden abrir y otras que deben cerrar. Todas las actividades económicas o administrativas que no sirvan para proveer a las necesidades sanitarias y los servicios mínimos para abastecer a la población confinada deberían ser cerradas, y sus integrantes pasar al estado de confinamiento. Como ante las tormentas y huracanes, siempre será mejor pasarse de precauciones que quedarse corto y ser ineficaz.

Cerradas todas las actividades económicas, sin excepción, ese estado de alarma habría de establecer una prórroga o parón absoluto de cualquier trámite administrativo, fiscal, judicial, etc., que no sea absolutamente indispensable. Trámites que se pueden posponer para solucionar y/o subsanar en los 30 o 60 días siguientes al levantamiento de la alarma. Parón total.

Del mismo modo, el control de la población confinada se ha de endurecer totalmente. A los incívicos incumplidores se les deben imponer multas verdaderamente elevadas, confiscación de vehículos, e incluso penas de prisión y de servicio social prolongado, aunque se cumpla todo ello después de pasar este infierno. En cierto modo, los incumplidores son los desertores de los ejércitos clásicos.

En resumen, sólo producción de guerra con subsistencia de mínimos, el sacrificio del cierre y confinamiento to-tal y la dolorosa despedida virtual de los que nos van dejando. El discurso de Churchill adaptado a 2020.

Compartir el artículo

stats