El turismo es una industria global, y por eso está sujeta a todos los vaivenes de la actividad económica y social del planeta, incluidos los provocados por las catástrofes ambientales y de salud pública. La pandemia del coronavirus iniciada en el año en curso en China, finalmente se ha extendido a todos los continentes con consecuencias sociales y económicas alarmantes. Desde hace tiempo, la ciencia estaba avisando que este tipo de episodios pandémicos podrían dar una desagradable sorpresa al sistema sanitario y socioeconómico mundial, considerando la cadencia histórica de pandemias similares, las condiciones en las que se desenvuelven los sistemas alimentarios y sociosanitarios en algunos países de riesgo, y la globalización de la movilidad y las relaciones personales. Pero no se habían tomado en serio estas alarmas, y en todo caso se confiaba en la capacidad tecnológica y el poder económico para hacer frente a un evento que se suponía iba a ser puntual y de baja probabilidad de ocurrencia. A medida que el virus se expande en occidente, los gobiernos se han apresurado a tomar estrictas medidas de aislamiento social, que pretenden arrinconar al virus y eliminar su contagio y propagación entre humanos.
Estas medidas tendrán un coste económico extraordinario, que está afectando de forma directa a los sectores del turismo, la restauración, el ocio y todo el comercio presencial: una parte importante del Producto Interior Bruto de los países avanzados, en los cuales el sector servicios representa porcentajes de más del 70%. Solo en Canarias, y debido al cierre de la actividad turística, se están perdiendo unos 45 millones de euros cada día, que son salarios, rentas e impuestos que se dejan de percibir. Si esta situación se prolonga por tres meses, la pérdida puede suponer un 8% del Producto Interior Bruto de Canarias en año 2019, con lo que si el crecimiento esperado para el 2020 era del 2%, podríamos ver una recesión del -6% este año, es decir, 2.750 millones de euros menos que en 2019. El problema es que esta recesión no afectará solamente al turismo, sino que envolverá al conjunto del sistema económico, pues las personas tendrán menos dinero para gastar, y todas las actividades sufrirán una reducción en sus ventas e ingresos. La magnitud de los efectos económicos dependerá de la duración del periodo de confinamiento obligatorio total o parcial, y de la reducción de actividad económica del turismo y los servicios; y por tanto, de la capacidad de los gestores públicos para contener y eliminar la pandemia, así como para agilizar la puesta en práctica y la efectividad de las medidas económicas paliativas.
Canarias depende del turismo, y por ello, es necesario actuar con contundencia y precisión. La promoción de líneas de crédito para facilitar liquidez a las empresas, las bonificaciones de las cotizaciones a la seguridad social, o el aplazamiento de los impuestos indirectos (IGIC), no son medidas suficientes para paliar los efectos potenciales de la recesión esperada. Hay que evitar por todos los medios que las empresas y actividades económicas tengan que cerrar, o hayan cerrado cuando el episodio de crisis sanitaria esté superado: abandonar la actividad puede convertirse fácilmente en la única alternativa, pero volver a reinstaurarla con plenitud se torna más complicado. El gasto que se deja de realizar por no tener turistas ha de ser suplementado por el gasto del sector público, a través de las medidas apropiadas, y endeudándose adecuadamente para afrontar esta situación transitoria. El tradicional afán recaudatorio y regulador del sistema público debe ser reducido y suplantado por un esfuerzo de gasto eficiente, holgado, dirigido a los sectores afectados, y manejado desde una eficaz gestión colectiva. Algunos países están garantizando temporalmente un mínimo de renta básica universal a toda la población, lo cual resulta acertado considerando la magnitud de la reducción esperada del gasto privado. Esto permitiría reducir la posible recesión a unos niveles manejables en un contexto de recuperación de varios años. La experiencia de los países del sudeste asiático que lucharon contra el SARS, demuestra que la crisis económica subsidiaria afectó principalmente al sector turístico, con caídas del 70% de la actividad, y que estos países tardaron varios años en volver a la normalidad.
Canarias tiene en estos momentos una tasa media de paro laboral del 18%, que puede subir transitoriamente, dependiendo de la duración del parón de actividad y de sus ramificaciones exteriores, por encima del 30%, distanciándonos de nuevo con respecto a lo logrado antes del periodo recesivo iniciado en 2008, con consecuencias previsibles para el aumento de la pobreza y de la desigualdad. Para evitar que esto ocurra, es necesario potenciar el efecto de los instrumentos de estabilización del ciclo económico que dispone el sector público, aliviando la magnitud de la posible recesión a través de la inyección de gasto, y la reducción de impuestos y cargas fiscales. La garantía de una renta a todas las personas que atraviesen dificultades durante el periodo de confinamiento, e incluso prolongable después de este periodo, puede ser una vacuna fundamental para prevenir males mayores. Esta vacuna económica se reforzaría con un apoyo decidido a las empresas turísticas y autónomos del sector para su supervivencia en este periodo.
Canarias es un destino turístico competitivo y seguro, que puede reforzar su imagen en los mercados de origen a través de un manejo exquisito de la crisis sanitaria, garantizando a todos los que nos visitan unas condiciones idóneas de salud pública para sus vacaciones. Tenemos una oportunidad extraordinaria para mejorar nuestro posicionamiento competitivo si conseguimos controlar lo antes posible la pandemia del coronavirus dentro de nuestras fronteras, abriéndolas progresivamente a los turistas que nos quieran visitar desde los mercados que ofrezcan unas condiciones similares. Este reto exigirá una capacidad de gestión ágil y eficiente; pero sin duda, con una alta probabilidad, los costes incurridos por las medidas anticipatorias resultarán compensados por los beneficios económicos y sociales esperados.
