He leído el Pacto de la Reconstrucción Económica de Canarias exudado desde Presidencia del Gobierno y, más que una propuesta técnica en español se me antoja un juramento escrito en élfico: un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para atraerlos y demás cursilerías épicas del pelmazo de Tolkien, quien como escritor no superó una estatura hobbit. Antes incluso de analizar críticamente su contenido hay que reflexionar sobre el formato y la oportunidad, muy particularmente en las durísimas circunstancias que padecemos, precipitándonos por la sima de la peor recesión económica desde la posguerra civil. Lo que ocurre, en definitiva, es que la situación es tan urgente que ejercicios de plateresco propagandístico como los pactos de trompetería no solo resultan superfluos, sino que lindan con la irresponsabilidad. En las democracias parlamentarias los pactos se debaten, se deciden y se votan en las asambleas legislativas. El presidente Ángel Víctor Torres, que se ha reunido ya en varias ocasiones con representantes de las patronales y los grandes sindicatos, ha recibido en las últimas semanas, por parte de de ambos sectores, documentos, diagnósticos y propuestas. Lo suyo es incorporarlas a la estrategia para contener los efectos de la crisis que sometiera a la consideración de los grupos parlamentarias con carácter de urgencia. Y una vez aprobada la estrategia programática - buscando el máximo consenso entre el Gobierno y los partidos de la oposición - pedir a empresarios, sindicatos, universidades, cabildos y ayuntamientos un respaldo inequívoco. Esa es la ruta más adecuada, eficaz y pragmática en este momento. Pero no: todavía pasarán por la Diputación Permanente varios consejeros - para repetir con algún matiz lo ya ha dicho el presidente Torres - y no será hasta finales de mayo o principios de junio cuando el Gobierno lleve algo - un plan, un pacto, un beso, una flor, un te quiero, una sonrisa o un adiós - para su debate político.

El documento de Torres y su equipo es en realidad un ejercicio voluntarista que contiene no pocos puntos oscuros, algunas contradicciones, inconsistencias solapadas y una alarmante carencia de concreción financiera. En algunas de sus partes el Gobierno autonómico ha practicado una operación similar a la realizada por el Cabildo de Tenerife en el plan insular presentado recientemente: hacer pasar como un gasto específicamente creado para afrontar la crisis lo que solo es una reorganización de partidas presupuestarias (como ocurre en la propuesta pactante con la construcción y las infraestructuras). Se defiende como una inversión para reforzar la sanidad canaria unos 210 millones de euros, cuando en su mayor parte se destinará al combate contra la pandemia. Es rarísimo que un documento de esta naturaleza no incorpore, como una base de trabajo ineludible, una previsión de ingresos más o menos verosímil. Es preocupante que se insinué que los recursos del Estado hacia Canarias serán los mismos o incluso inferiores a los contemplados en los presupuestos generales del Estado de 2018, todavía prorrogados.

Desde sus comienzos en el verano de 2019, es decir, hace media eternidad, el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres se caracterizó por una anomalía: exhibía y enfatizaba una política social ligeramente mesiánica, pero mostraba una indiferencia casi budista hacia la política económica, es decir, hacia la creación de condiciones para la creación de empresas y actividades productivas. Y a su pacto contra el apocalipsis le ocurre exactamente lo mismo.