La dialéctica entre la protección ambiental y el modelo de desarrollo económico imperante está en el aire.
Empezamos a ver cómo se movían las cortinas respecto a la protección atmosférica desde finales de los años 70, con convenios contra la contaminación transfonteriza a larga distancia; a la que siguió una brisa de convenios internacionales para la protección de la capa de ozono; hasta llegar a los actuales remolinos de lucha contra el cambio climático (última escala con el Acuerdo de París COP-21, aplicable a partir de 2020, con la regla del cinco, al menos 55 Estados, al menos el 55% de emisiones de gases de efecto invernadero mundiales).
A la cuestión de la calidad del aire, llegamos mucho más tarde, por más que tenga una relación causa-efecto con la anterior. Así, no fue hasta 1996, con la Directiva comunitaria 96/62, cuando se planteó que además de actuar de forma reactiva ante los focos y episodios de contaminación, era imprescindible un enfoque preventivo dirigido al seguimiento de la calidad del aire. En su desarrollo, la Directiva 2008/50, diferenciaba entre "valores objetivo" y "valores límites", suponiendo estos últimos un peligro para la salud humana.
En cuanto a España se cuenta con una Ley de calidad del aire y protección atmosférica desde 2007; y en 2019 se publicó por el Ministerio para la transición ecológica, la Orden TEC/351, en la cual se establece una metodología basada en el porcentaje de contaminantes y unos índices que van de calidad del aire muy bueno a muy malo.
Ya esa evaluación era obligatoria para las aglomeraciones urbanas de más de 250.000 habitantes y para las Comunidades Autónomas, pero faltaba una metodología unitaria de medición.
Bien; ¿y desde el punto de vista de salud pública qué consecuencias tienen para las personas la contaminación del aire que respiran? La respuesta ya la venía dando la OMS desde hace lustros, advirtiendo de la relación entre exposición a contaminantes y problemas de salud tales como: cardiopatías istémicas, ictus, cáncer de pulmón, arteriosclerosis, enfermedades respiratorias, EPOC, diabetes, dificultades de la función cognitiva, partos prematuros, etc? Y allá por el año 2011 estimaba que la mala calidad del aire está relacionada con una merma de la esperanza de vida y con unos 20.000 fallecimientos anuales en España.
En esa línea, recientemente científicos de la Universidad de Stanford han estimado que la reducción de la contaminación atmosférica a consecuencia de la epidemia del Covid-19 en China ha salvado veinte veces más el número de vidas que se han perdido a causa de la enfermedad.
¿Qué sucede en Canarias? Técnicamente contamos con una red de estaciones de control de la contaminación pertenecientes al Gobierno de Canarias y a distintas instalaciones industriales (aproximadamente 59); y con información pública y gratuita. Y teóricamente los datos obtenidos han de servir de referencia a las Entidades Locales y Comunidad Autónoma para el desarrollo de sus Planes de calidad del aire.
Pero el problema ambiental pudiera parecer secundario frente al problema social y económico que se cierne sobre las islas, donde el 70% del PIB dependía del sector turístico y donde ya en época de vacas gordas, un 30% de la población se situaba en el umbral de la pobreza. Por tanto; ¿para salir de esta crisis la prioridad será recuperar el actual modelo económico, sacrificando la sostenibilidad, y por ende cuestiones cómo la calidad del aire?
Si el modelo se repite la respuesta es clara. Pero si somos capaces de hacer de la necesidad una oportunidad, si convertimos la sostenibilidad en un elemento transversal de nuestro sistema educativo y laboral, si incentivamos un nuevo modelo económico facilitando la transición ambiental exigiendo los recursos que nos corresponden, si nos percatamos de nuestra importancia geoestratégica y no olvidamos que, en origen, el turismo llegó a estas islas por motivos de salud, tal vez estemos ante uno de los mayores retos históricos del archipiélago.
