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OBSERVATORIO

El regreso de la legitimidad

Lo mismo que la cercanía de la muerte nos suscita con plena intensidad, queramos o no, las últimas cuestiones sobre el significado de la existencia humana y su eventual proyección posterior, las grandes crisis económicas y sociales ponen al desnudo el problema, habitualmente oculto, de la legitimidad del Estado y del deber de obediencia de los ciudadanos. El espíritu de las leyes desaparece coyunturalmente y reaparece con toda su crudeza el fantasma de la modificación o sustitución, revolucionaria o no, del contrato social.

En efecto, sea cual fuere la concepción que tengamos de las funciones estatales -o sea, de las misiones que atribuimos, en un momento histórico determinado, al poder político jurídicamente institucionalizado que denominamos "Estado"-, esa concepción se replantea radicalmente en situaciones catastróficas como la que atravesamos, que comprende una muy grave crisis de salud pública y a consecuencia de ella un auténtico cataclismo económico.

En otras épocas se pedía a los gobernantes la protección de las libertades básicas, la garantía de la propiedad privada y la defensa de las fronteras. Eso era todo. Y ciertamente era mucho, como nos muestran los turbulentos vaivenes históricos. Pero, al menos desde hace una generación, tal vez justo cuando Francis Fukuyama anunciaba el fin de la Historia, ese todo se revela palmariamente insuficiente. Hoy le pedimos al Estado mucho más. Sencillamente, ha cambiado nuestra sensibilidad. De igual manera que, según nos enseñara la historiadora Lynn Hunt (La invención de los derechos humanos, Tusquets, 2009), sólo una nueva percepción cultural, o únicamente un humus de determinado grado de empatía y compasión (en suma, una distinta realidad antropológica), había hecho posible en el siglo XVIII las formulaciones constitucionales de los derechos del hombre, así actualmente parece que nos encontramos en vísperas de una nueva formulación de tales derechos y una importante ampliación de aquellos de carácter social. La enorme desigualdad de posibilidades vitales es el mayor enemigo de nuestro tiempo, junto con el deterioro de la sostenibilidad del planeta.

Hasta 1989 y el derrumbamiento del sistema soviético, la política económica de Europa occidental tenía bien presente que el contrato social de la postguerra era el soporte intangible de la estabilidad institucional. Después de 1945, los líderes conservadores, liberales, democristianos, socialdemócratas y laboristas compartían los grandes principios de la acción del Estado ya formulados por Keynes en los años veinte: 1) control de los poderes económicos, 2) justicia social y 3) uso equilibrado y competente de las políticas presupuestarias, fiscales y monetarias para lograr pleno empleo, crecimiento sin inflación y servicios públicos indispensables. Por el contrario, los ochenta son los años del paradigma Reagan-Thatcher: desregulación del sistema financiero, rebajas fiscales a las grandes compañías, privatización de empresas públicas y flexibilización del mercado laboral. Ni las lecciones de la Gran Recesión de 2008 -expresión de un capitalismo de casino en un mundo ya plenamente globalizado- sirvieron para apartarse de esa funesta senda de destrucción económica y desigualdad social. Y mucho me temo que la tremenda crisis que ya tenemos encima siga esas mismas pautas de recortes brutales de derechos y prestaciones.

En España, particularmente, el súbito descenso del espíritu de las leyes al suelo del contrato social plantea, a mi juicio, un claro problema de legitimidad de las instituciones y del poder que ejercen quienes las ocupan. Un Estado lo suficientemente moderno y eficiente como para confinar a su población en casa durante dos meses, ¿es incapaz de mantener un sistema nacional de salud debidamente dotado de profesionales y de medios materiales apropiados? Ese mismo Estado, ¿puede asistir impotente a la caída vertiginosa en la indigencia de amplísimos sectores sociales tras la declaración de la situación de emergencia sanitaria? ¿No es sencillamente vergonzoso que Cáritas y otras ONGs deban suplir las carencias del constitucionalmente proclamado "Estado social"? Ahora se habla de instituir una renta mínima vital. ¡Tendría que haberse creado ya hace diez años al menos! ¿Y ese 30% de niños españoles que no pueden comer cada día sin asistencia social, sobre todo cuando se interrumpe la actividad escolar? ¿No es un hecho que corroe también nuestra fe en la legitimidad del Estado y la obediencia que le debemos?

Y todo esto que nos sucede 43 años después de la implantación de nuestro régimen democrático, ¿no puede remediarse sin pactar con aquellos que quieren destruir España?

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