La dinámica de dar largas, hacer promesas sin contenido concreto, y la generalización de las generalidades por parte del Gobierno del Estado está alimentando las sospechas en Canarias de que pocas de sus reclamaciones serán atendidas, y que camina a cuestas con su dramática certidumbre de ruina. No hay espacio ya para las "hipérboles" -expresión usada desde Madrid para despreciar las quejas isleñas- sobre el drama canario. Es hora de pasar de las palabras a los hechos

Casi tres meses después de desatada la pandemia de la Covid-19, Canarias está empezando a sufrir las consecuencias económicas y sociales que ya se advirtieron desde el principio, y que amenazan, si no se atajan con rotundidad, con llevar a la quiebra a sus administraciones, y a hundir en una sima de pobreza a un alto porcentaje de la población. Son muchos los avisos que desde todos los ámbitos en las Islas se están lanzando para que el panorama que se adivina a muy a corto plazo sea asumido y comprendido en el resto de España y, muy en particular, por parte del Gobierno de la nación.

Tanto el Ejecutivo regional de coalición que preside el socialista Ángel Víctor Torres, como el resto de instituciones y partidos, así como desde el ámbito empresarial y sindical, se prodigan las iniciativas y los trabajos para tratar de encauzar la respuesta a esta situación dramática a la que se encamina la sociedad canaria en un dramático hundimiento económico como consecuencia del parón de la actividad turística, el principal motor de la economía canaria que, como tanto se repite y habrá que seguir haciéndolo, supone el 35 % de la riqueza regional (PIB), y el 40 % de su empleo.

Tras superar con bastante éxito la emergencia sanitaria (pese a la tragedia que supone el fallecimiento de 150 personas), que nos lleva a liderar el proceso de desescalada del confinamiento en el conjunto de Estado, Canarias se centra ahora en encontrar los caminos de la reconstrucción.

En ningún caso eso será posible sin una respuesta contundente, desde las políticas, pero sobre todo con las medidas, que apruebe el Gobierno central, y sin la llegada de una ayuda significativa desde la UE. Y, muy lamentablemente, pese a los indicios positivos y esperanzadores que han ido llegando en este sentido desde Madrid, se está muy lejos aún de obtener esa respuesta. No hay un claro y potente compromiso de que serán atendidas las singularidades canarias que son las que, ahora mismo, están provocando estos efectos devastadores sobre nuestra economía.

Porque, desde hace dos meses, a cada paso hacia adelante que parece a punto de darse en ese reconocimiento de la necesidad de un plan de rescate para el Archipiélago, siempre aparece alguna piedra o impedimento en el camino que acaba frustrándolo, o dejando en un "ya veremos" lo que parecía ser un "eso está hecho". O estableciendo condicionantes y facilitando agravios que ponen en cuestión el buen criterio del Gobierno de Pedro Sánchez sobre cómo abordar el reto que se le presenta en Canarias.

Esa sensación se ha multiplicado en los últimos días como consecuencia de los acontecimientos políticos en torno a la aprobación de la quinta prórroga del estado de alarma, en la que una suerte de esperpéntica negociación por parte del PSOE y del Ejecutivo central con Bildu ha dado como resultado sendos incomprensibles compromisos: la derogación "íntegra" de la reforma laboral, y la autorización para que el País Vasco y Navarra puedan endeudarse a su criterio y al margen de la actual ley de estabilidad presupuestaria.

El primero de los puntos ha provocado una tormenta política de dimensiones colosales y una gravísima crisis interna en el Consejo de Ministros. El segundo es sencillamente inaceptable para Canarias y motivo más que suficiente como para que el Ejecutivo regional solicite explicaciones urgentes, y para poner en guardia a todas las instituciones y partidos en las Islas, incluidos los representantes del PSOE (y de Unidas Podemos) en las Cortes.

Dicho acuerdo de Sánchez con la formación abertzale, para garantizarse cinco abstenciones en el Congreso que no le eran necesarias, deja por escrito en favor de las comunidades forales lo que lleva reclamando Canarias desde hace mucho tiempo, y que ni siquiera la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue capaz de garantizar en la reunión del pasado día 13 con el presidente de Canarias y con el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez.

La promesa y el horizonte que Montero estableció ese día a ese respecto ante los dos máximos representantes de los canarios fueron de mucha menor calidad y profundidad que las que el Gobierno se ha esmerado, y por escrito, ante un partido que, por otro lado, no se ha dignado condenar los ataques que está sufriendo la líder de los socialistas vascos, Idoia Mendia, por parte de una facción abertzale.

Siendo Canarias la región de menor deuda del conjunto del Estado, y con superávit de casi 300 millones, además de la que más va a sufrir las consecuencias económicas y sociales por su dependencia del turismo, con un paro que puede alcanzar este año el 40 % y una caída del PIB del 20 %, es inaceptable este regalo de Sánchez a los separatistas vascos para que se beneficien dos de las comunidades autónomas más ricas y donde el coste social por la crisis será menor. Sánchez ha dejado en una especie de "ya veremos cuándo y cómo" la respuesta a las Islas.

Esta ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia del vicepresidente canario, a su vez líder de Nueva Canarias, partido que ya dejó expresado su malestar por la falta de concreción de Sánchez sobre la respuesta al Archipiélago, a través de la abstención de su diputado nacional, Pedro Quevedo, en la votación del pasado miércoles en el Congreso. La crisis de confianza que ya había hacia la ministra de Hacienda por parte de NC se extiende ahora al propio Pedro Sánchez, y a nadie extrañaría que dicha desconfianza empezara a tomar cuerpo también en el conjunto del Ejecutivo regional, incluido su presidente.

Ángel Víctor Torres ha respondido ante las tensiones internas en el Gobierno con sus aliados doblando la apuesta: con una carta a Sánchez en la que le apremia a crear una comisión entre Canarias y el Estado. No ya solo para tratar la deuda o el uso del superávit, sino también sobre los ERTE, el turismo o la migración. Eso es ya toda una cumbre ministerial y autonómica. No una simple reunión bilateral con el Ministerio. El envite tiene su riesgo si el presidente no es capaz de mantenerlo. Se está jugando buena parte del rédito de su presidencia.

La dinámica de dar largas, hacer promesas sin contenido concreto, y la generalización de las generalidades por parte del Gobierno del Estado está alimentando las sospechas en Canarias de que pocas de sus reclamaciones serán atendidas, y que camina a cuestas con su dramática certidumbre de ruina, mientras sigue sin poder disponer de su superávit, sin garantías de esos 1.700 millones de endeudamiento que necesita, y sin cobrar los 1.000 millones pendientes del convenio de carreteras que tan necesarios se vuelven ahora.

En este marco, cabría analizar alguna de las situaciones políticas que se están dando en Canarias y entre los partidos políticos isleños, entre ellas la paradoja de cómo los dos partidos nacionalistas, CC y NC, se posicionan en el Congreso y en su relación con el Gobierno central de distinta forma según las semanas, y de manera contradictoria al papel político que juegan tanto en las Islas como en Madrid.

El partido de la oposición, CC, pacta con Sánchez y le apoya la prórroga del estado de alarma, considerando que hay un compromiso reforzado, aunque por el momento sólo verbal, de que los ERTE turísticos canarios se mantendrán hasta que el sector recupere el vigor del regreso de los viajeros internacionales, mientras el partido del Gobierno, NC, se abstiene en esa votación y plantea un órdago al Gobierno central.

Coalición Canaria se acerca a Sánchez, según sostiene, por el bien de Canarias, y Nueva Canarias se aleja por el mismo motivo. Y puede que ambos tengan razón, porque en todo caso cada uno actúa ejerciendo presión sobre el Gobierno. Una dinámica a la que debe incorporarse el propio PSOE canario, que se ha mostrado perplejo por el acuerdo con Bildu, y en la que debería empezar a asomarse Unidas Podemos, prácticamente desaparecido del debate sobre el rescate a Canarias tanto en el Archipiélago como en Madrid. No hay espacio ya para las "hipérboles" sobre el drama canario que tanto molestan a la ministra de Economía, Nadia Calviño, según dijo en una intervención parlamentaria esta semana. Hay que pasar de las palabras a los hechos. ¡Ya! Y eso afecta a todos.