Los jueces alemanes del Constitucional han abierto la caja de los truenos con su polémica reconvención al Tribunal de Justicia europeo por extralimitarse supuestamente en sus competencias al dar el visto bueno a la compra masiva de deuda por el Banco Central Europeo.
Hasta el hombre de la austeridad, el ex ministro alemán de Finanzas y hoy presidente del Bundestag, Wolfgang Schäuble, ha manifestado su preocupación por las consecuencias que pudiera tener la sentencia de Karlsruhe.
Schäuble parece ver en el veredicto de los jueces del Tribunal Constitucional un peligro para el propio futuro del euro. Si cada tribunal constitucional actúa por su cuenta, puede peligrar la moneda común, dijo el político cristianodemócrata.
El Tribunal de Justicia de Luxemburgo sentenció en diciembre de 2018 que el programa de compra de bonos soberanos y corporativos iniciado por el ex presidente del BCE Mario Draghi era ajustado a derecho, algo sobre lo que tienen, sin embargo dudas, sus colegas de Karlsruhe.
Estos han dado un plazo al BCE para justificar aquella decisión, algo que Der Spiegel, en un durísimo editorial titulado Ataque a Europa, califica de "ridícula" porque los jueces de Luxemburgo han dado ya, según el semanario, cumplidas explicaciones en entrevistas y comparecencias públicas.
La revista califica de "arrogante" el llamamiento que hacen los jueces de Karlruhe al Bundestag y al Gobierno de Berlín para que "acompasen sus decisiones a la realidad constitucional alemana".
Si cada uno de los 19 países de la eurozona hiciese lo mismo, el euro sería "pronto sólo historia", advierte el semanario, que ve además una contradicción entre lo decidido en Karlsruhe y un principio básico de la política monetaria alemana.
Que un banco emisor ha de ser independiente y estar libre de influencias políticas fue siempre el credo de los Gobiernos alemanes, que insistieron en anclar el principio de la independencia del BCE en los tratados comunitarios.
Imaginémonos por un momento que los tribunales de cada país pudieran decidir por su cuenta y riesgo, sin tener que preocuparse de lo que resolvieran los jueces europeos de Luxemburgo.
¿No sería el mejor regalo que podría hacerse a gobiernos nacional-populistas como los actuales de Polonia y Hungría, que persiguen su propia agenda y cuestionan constantemente la jurisprudencia europea?
¿No recordarían esos gobiernos a Bruselas la sentencia de Karlsruhe cada vez que la Comisión les afease sus violaciones del derecho comunitario? ¿Eran plenamente conscientes los jueces alemanes de las consecuencias de su sentencia para el futuro de la UE?
¿Por qué se empeñan siempre los alemanes en dar lecciones, ya sea de austeridad, ya, como ahora, de jurisprudencia, a los demás europeos? ¿Van a tener razón al final los ingleses del brexit con sus críticas a la arrogancia germana?
Afortunadamente, sin embargo, los jueces de Luxemburgo han querido dejar bien claro esta vez que, por muy alemán que sea, el Tribunal de Karlsruhe está obligado, como cualquier otro órgano nacional de justicia, a garantizar plenamente la aplicación del derecho comunitario.
La sentencia de Karlsruhe pone al mismo tiempo en aprietos a la presidente de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen: si ésta se enfrenta a su país, se levantará una oleada de protestas entre los ultranacionalistas, pero si no lo hace, Polonia, Hungría y cualquier otro país podrá seguir saltándose impunemente lo que decida Luxemburgo.
