Los buenos propósitos son de corto recorrido. Los partidos se habían comprometido a no judicializar asuntos que, por su naturaleza, deberían sustanciarse en el ámbito de la política pero a las primeras de cambio han vuelto a las viejas prácticas con renovada intensidad. Y el pretexto fue, esta vez, el trágico efecto de la pandemia del coronavirus en la sanidad española que, en muchos momentos, estuvo al borde del colapso absoluto. Como siempre, la pelea se dirime entre dos bandos perfectamente definidos. De una parte (centro izquierda, para entendernos), están los que opinan que el desbordamiento asistencial tiene su causa en las maniobras privatizadoras desarrolladas desde hace años en las comunidades autónomas controladas por el Partido Popular, que conocieron episodios tan vergonzosos como la infame campaña de desprestigio contra el fallecido doctor Montes y otros médicos del hospital de Leganés. Esa política de recortes en medios materiales y de personal produjo efectos perversos y cuando el sistema de salud madrileño fue exigido a dar una respuesta efectiva a la extensión rápida de la pandemia se vio desbordado de forma dramática. Y solo a la conducta heroica del personal sanitario hay que atribuir el mérito de haber impedido una catástrofe aun mayor. Para este sector de opinión, es obvia la responsabilidad de las autoridades madrileñas en la pésima dotación del servicio de salud autonómico y en el de la red de residencias de personas mayores, donde se produjo una gran mortandad. Para otro sector de opinión (derecha y extrema derecha, para entendernos), la responsabilidad de lo ocurrido hay que atribuírsela al gobierno social-comunista- bolivariano que preside don Pedro Sánchez por dos razones fundamentalmente. Primero por haber asumido (seguramente para lucirse, como dijo un tertuliano) el mando único de la operación vista la descoordinada respuesta a la pandemia de los 17 sistemas de salud en que hemos convertido el antaño denominado Insalud. Y en segundo lugar, por no haber tomado las medidas de prevención necesarias para limitar los efectos de una pandemia que ya había avisado de su peligrosidad. Una negligencia que resultó clamorosa al no haber prohibido la gran manifestación feminista del 8 de marzo, a la que acudieron irresponsablemente la esposa del propio Sánchez, varias ministras y otras conspicuas representantes de la izquierda social. Nadie será capaz de identificar cuántas de esas mujeres estaban ya infectadas, o se infectaron allí. Y tampoco cabe hacer las mismas precisiones sobre los militantes de Vox que acudieron a otra concentración, ni sobre los miles de espectadores de muchos partidos de fútbol. El caso es discutir, enredar los argumentos y esperar a que los jueces, con su lento proceder, nos den pie para mantener nuestras tesis, que se rigen siempre por la norma de que la culpa la tiene siempre el otro. Mientras eso llega, nos entretenemos con la aparición en escena de personajes que no conocíamos. A los "rastreadores" de virus, le siguen ahora los "geriatras vigía", a los que imagino ojo avizor de males amenazantes para la salud de nuestros ancianos, en la misma actitud de Rodrigo de Triana cuando avistó por primera vez tierras americanas. Al general Franco le llamaron el "Vigía de Occidente" porque estaba siempre vigilante del peligro que representaban los comunistas para los valores cristianos. No se le escapaba uno
