Hace ya quince días el Consejo de Ministros autorizó que la Comunidad autónoma de Canarias pudiera tomar el superávit que tiene en los bancos para compensar la pérdida de ingresos tributarios motivada por la pandemia del coronavirus y la crisis económica sobrevenida. Casi un mes antes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había puesto el nihil obstat a la reclamación del Gobierno canario (del actual gobierno, el de Ángel Víctor Torres, y del anterior, el de Fernando Clavijo). Pues bien, que se sepa, el Ejecutivo regional todavía no ha podido pillar un céntimo del superávit. Uno pensaba, en su ilimitada ignorancia, que bastaba con el visto bueno del Consejo de Ministro para que Montero remitiere una orden ministerial y sanseacabó. No es así
Los alcaldes (y presidentes de cabildos) contemplan estos ritmos salerosos con un creciente terror. El presidente Torres y el vicepresidente Román Rodríguez salieron de la reunión con la ministra asegurando que convocaría en breve a los alcaldes canarios, y el tiempo corre que se las pela. Muchos ayuntamientos - sobre todo los de menos de 50.000 habitantes - se quedarán sin poder pagar las nóminas entre septiembre y octubre. No entienden la pachorra rapajolera de la ministra ni la paciencia franciscana de Torres. Y los que menos lo entienden son los alcaldes socialistas. Porque por primera vez en mucho tiempo gobiernan en España y en Canarias. Y porque esta crisis es existencial, no una asfixia pasajera y fácilmente subsanables. Ya hay pequeños ayuntamientos isleños negociando préstamos con entidades crediticias. Saltando entre lianas para evitar caer en la ruina y la inoperancia. Y con cientos y cientos de millones de euros en los bancos. ¿Cuándo decidirá la señora Montero dejar meter la cuchara? ¿En agosto? ¿Será necesaria la aprobación del Consejo de Ministros? Y después, ¿cuánto tiempo para recuperar la pasta?
Ayer pude escuchar de nuevo a Ramírez insistir en que no habría recortes en el gasto público. Ninguno. Y no se refería exclusivamente a la educación, la sanidad o los servicios sociales básicos. Ningún recorte absolutamente para nada. Luego insistía, con su habitual labia, en el decisivo papel del Estado en una crisis como la que nos aflige. Y así es. Pero el decisivo papel del Estado no se refiere, exclusivamente, al aumento del gasto público. También a las reformas internas de carácter administrativo y organizativo para impedir derroches, duplicaciones y torpezas presupuestarias y para readaptar sus relaciones con la sociedad civil. Es más, eso es uno de los rasgos más comunes en la estrategia para la superación de crisis por los grandes Estados en el siglo XX: la administración federal - su estructura, sus órganos, la distribución competencial y en parte la relación con los estados - cambió para siempre en Estados Unidos durante la presidencia de Roosevelt. La crisis no pueden ser periodos de atrincheramiento, sino de innovación. Quien innova y reforma sobrevive, quien se decide por el avestrucismo está muerto sin saberlo.
Y ahí sigue el inolvidable y sin duda ya olvidado Plan para la Reconstrucción Económica y Social de Canarias. Uno diría que muerto de risa, si la cosa, por supuesto, tuviera puñetera gracia. A punto de transformarse en un monumento erigido en honor al esfuerzo de consenso más inútil, chafarmeja y postureante de los últimos cuarenta años en Canarias.
