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Primera plana

iPads gratis para todos

La extensión de la pandemia, con secuelas en tantos órdenes de la vida humana, ha convertido la brecha digital en una emergencia.

En esto consiste la grieta que existe entre quienes utilizan las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), como una parte rutinaria de su vida diaria, y los que no tienen acceso a las mismas y que, aunque las tengan, no saben cómo utilizarlas.

De ahí la premura en reducirla, poniendo la banda ancha a disposición de todos, lo que pasa a ser algo tan esencial como fue la electricidad a comienzos del siglo pasado.

El confinamiento ha traído consigo, para quedarse, la virtualidad. Hacemos transacciones bancarias a distancia, compramos alimentos por Internet, pasamos tiempo con nuestros hijos y nietos, utilizando Skype, Zoom o Face Time y nos reunimos, trabajamos o estamos conectados con el colegio, en línea.

Los temas que preocupan hoy, porque tienen relación directa con nuestra conectividad, son el acceso justo a una buena educación, la energía renovable, una atención sanitaria eficaz y las nuevas tecnologías (fabricación aditiva, blockchain, realidad virtual, inteligencia artificial).

En todos los casos, la clave reside en tener redes de Internet de calidad, en todas partes y para todos.

Susan Crawford, profesora de Derecho en la Universidad de Harvard, defiende la intervención del gobierno para financiar y supervisar, como se hizo anteriormente con servicios esenciales: teléfono y electricidad. Y propone que se dé prioridad a gobiernos locales, organizaciones sin ánimo de lucro y otras con fines públicos, para que, a través de subsidios, exenciones fiscales y préstamos a bajo interés monten conexiones de Internet rápidas y accesibles.

Aunque no respalda que el Gobierno sea dueño de las líneas, aboga porque los servicios esenciales lleguen, a todos, a precios razonables. Sus críticos han terciado en la discusión, con el argumento de que esa propuesta supone una sobrecarga gubernamental inviable.

En la actualidad, nadie discute que Internet es un servicio esencial, como bien público que es. Al igual que con la luz o el agua, es inconcebible que alguien pueda quedar excluido de su uso. Pero la realidad estriba en que hay ciudadanos que no tienen garantizado el acceso a una velocidad adecuada a los servicios que se necesitan.

En España, según datos oficiales de la CNMC, a finales del año 2019 todavía existían más de 2,5 millones de usuarios que utilizan redes XDSL, redes que resultan a todas luces insuficientes para gestionar las necesidades de tráfico actuales.

La brecha, agravada en la España vaciada, supone que casi 12 millones de ciudadanos (el 33,5 % de la población), no se manejan en entornos digitales (redes sociales, software de uso laboral, administración central o bancos) en tanto que millón y medio de viviendas no disponen de Internet, más del 8% de los ciudadanos.

En el país de la fibra óptica, este déficit (con 700.000 españoles sin ninguna habilidad digital y 11 millones que solo acredita una destreza de baja intensidad), revela que el problema no son tanto las infraestructuras, como el uso y aprovechamiento de las tecnologías.

Una auténtica tragedia para la economía, el desarrollo social y el futuro laboral de nuestros trabajadores.

La infraestructura de banda ancha se ha ampliado, pero, en algunos casos, el acceso de los consumidores a la banda ancha está disminuyendo. ¿La razón? Tarifas caras. Si esto no se enmienda, el resultado será que se acentuará la desigualdad ya existente.

Este año, en Estados Unidos han podido medir su brecha (digital divide) a través del acceso a la educación. Más de 55 millones de estudiantes estadounidenses, en 124.000 escuelas cerradas, pudieron acceder sólo a través de Internet. Se estima que, de ellos, 12 millones no pudieron hacerlo desde sus hogares.

Los niños que viven en zonas sin banda ancha, o sin banda ancha a un precio razonable, están en desventaja en las escuelas. Ítem más ¿por qué cualquier empresa se ubicaría en una zona así?

De modo que los que no han podido conectarse en casa, para entregar sus tareas, se han tenido que conformar con usar el wifi de un Starbucks o un McDonald's.

Esta grieta ha planteado dilemas similares en la atención a la salud de los ancianos. A medida que los proveedores dieron el salto a la telemedicina (en España hay un ejemplo notable como Homedoctor), los viejos se encontraron varados en el lado equivocado del tablero. Y resulta crítico que los enfermos estén en contacto con sus familias incluso desde la UCI.

Según el censo norteamericano, aproximadamente 1 de cada 3 hogares, cuya cabeza de familia tiene 65 años o más, no tiene acceso a un ordenador.

La falta de un acceso a Internet ha supuesto que millones de personas mayores hayan quedado excluidas de los fondos arbitrados para telemedicina de emergencia por el coronavirus (8.300 millones de dólares específicamente destinados a ellos).

Sin estudios que lo avalen, la imparable chafardería popular ha sentenciado que las antenas de telefonía 5G (una red que nace con polémica) amplifican y vuelven más letal al coronavirus.

La conjunción de proyectos industriales tanto terrestres (5G, Fibra Óptica) como satelitales (Starlink, One Web, Amazon, etc.) apuntan a un futuro en el que la conectividad a Internet va a estar extendida por todo el planeta.

En el caso en que resulte comercialmente viable, Starlink, el proyecto de Elon Musk, que consiste en facilitar cobertura de banda ancha satelital en todo el mundo (para ello, 42.000 satélites orbitando la Tierra). Lo que cambiaría el acceso a Internet, tal y como lo conocemos ahora.

Con una velocidad mayor que la de los cables de fibra óptica, el acceso a un recurso increíble como es Internet, será universal, con independencia de donde se encuentre cada usuario. La cuestión reside en cómo asegurar el acceso a toda la sociedad de forma equitativa.

Quienes no están dispuestos a conceder crédito a Musk (Spacex y Tesla), arguyen que preocuparse por proporcionar acceso a Internet a partes del mundo que ni siquiera tienen acceso a agua limpia ni electricidad no deja de ser una candonga.

Para estrechar la brecha digital, hay que considerar la banda ancha como una infraestructura esencial que garantice Internet asequible en todos los hogares.

Con igualdad de oportunidades y protección a los consumidores de abusos injustos. Así que, ¡iPads gratis para todos! (restringiendo usos inapropiados, como apuestas online para menores).

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