Hay que desenmascarlos", gritan desde los cuatro puntos cardinales. Pero, ¿desenmascarar a quién? Debe existir un contexto en unas condiciones mínimas para poner en su sitio a cada cual. Y la condición mínima es, precisamente, el respeto y acatamiento a la verdad. Es más: sin este consenso epistemológico alrededor de la verdad el periodismo deviene impracticable. Muy probablemente la política también porque -como escribía Hannah Arendt - la primera condición de la política consiste en el reconocimiento de la pluralidad humana. La política se hace entre los seres humanos y sin un acuerdo esencial sobre lo que es verdadero y falso cualquier diferencia es insalvable y la acción política agoniza. Y es lo que ocurre actualmente.
Un ejemplo.
Pocos días antes de ser presentada la moción de censura en el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el gobierno municipal, presidido por Patricia Hernández, anunció con gran algazara la recuperación del dinero robado -según quedó acreditado por sentencia judicial firme- en la criminal operación de Las Teresitas. La alcaldesa ofreció una rueda de prensa -en realidad un vibrante discurso pro doma suo- y posteriormente se distribuyeron imágenes en las que aparecía con algunos de sus compañeros brindando con champán. Vamos a eludir comentarios sobre el chinchín achampañado que no pueden permitirse la gran mayoría de los vecinos. Descartemos también cualquier precisión sobre un proceso judicial abierto y mantenido desde mucho antes que Hernández soñara siquiera con ser alcaldesa, y que no llegó a su punto final hasta marzo del pasado año, con la sentencia firme del Tribunal Supremo, dos o tres meses antes de celebrarse las elecciones locales de 2019. Vayamos al expediente administrativo. ¿Cómo ha culminado felizmente ese expediente en beneficio de los ciudadanos de la capital tinerfeña?
Ocurre que no se ha culminado ningún expediente administrativo al respecto. Al contrario: el expediente se acaba de incoar y todavía no cuenta con una tasación municipal formalizada, solo con la propuesta de la familia Plasencia, es decir, los inmuebles que ofrecen para finiquitar la mayor parte de la deuda contraída con la corporación municipal. No estoy, en absoluto, despreciando el valor de la buena noticia que supone esta oferta. Los servicios municipales lo hicieron bien: una vez consolidada la sentencia se puede y se debe advertir a la otra parte que se emprenderán nuevas acciones legales si no se produce un acuerdo satisfactorio. Pero el discurso adacadabrante y el champancito sobraban porque, desde un punto de vista administrativo y contable, ni la alcaldesa, ni sus concejales, ni los técnicos municipales, pueden saber ahora mismo con la precisión jurídicamente debida si la oferta de los Plasencia es coherente y satisfactoria.
Hernández se lanzó a la carrera para lucir como la responsable de la recuperación de la pasta para el erario municipal. Pero no es así. Sin embargo, tengo usted cuidado siquiera en recordarlo y en señalar que un bien no tasado es un bien inexistente a efectos administrativos. Porque la propia alcaldesa lo negará y después de ella granizarán los insultos y descalificaciones por atreverse a musitar una obviedad tan hiriente. La única verdad es la que acampa en la propaganda y desde allí nos mea en la cara. Cada vez más burda, más despreciable, más pachorruda. La política es puro cuento y el periodismo lo adereza con ignorancia militante, con matonismo y burla, con un polimórfico desprecio.
