El acuerdo entre el Gobierno central y la Federación Española de Municipios y Provincias pudo salvarse gracias al voto de calidad del presidente de la FEMP, el socialista Abel Caballero, alcalde de Vigo. Es un acuerdo bastante cochambroso: como todo el mundo se maliciaba hace muchas semanas, el Gobierno se queda con la mayor parte de la pasta que acumulan los ayuntamientos en los bancos, aunque se compromete a devolverlo en puntuales anualidades a lo largo de la próxima década. De los 15.000 millones de remanentes que se tragará y gestionará a su antojo, el Estado se compromete a ingresarles 5.000 millones en dos pagos, 2.000 millones en 2020 y 3.000 millones en 2021. Es vergonzoso comprobar como Caballero y otros altos cargos socialistas se parten la caja del pecho insistiendo hasta el vómito en la extraordinaria sensibilidad del Gobierno de Pedro Sánchez hacia el municipalismo que, como todo el mundo sabe, empieza por uno mismo. La capital de España ya no es Madrid. La capital de España es ahora Pedro Sánchez.

Otro caballero del PSOE, Francisco Paz, secretario de Política Municipal, se ha dedicado a proclamar entusiásticamente que este pacto es lo más grande desde el Tratado de Versalles. Cuando veamos a ayuntamientos y a varios cabildos solicitando créditos extraordinarios a finales de este año y principios del próximo no se olviden del señor Paco Paz. La gobernanza europea - eso que tanto reclama el PSOE sanchista --no solo se construye de abajo a arriba, sino de arriba a abajo. Es preocupante que la técnica arrebatacapas de Sánchez y María Jesús Montero, su ministra de Hacienda, con los remanentes de los ayuntamientos sea un adelanto de su modo de entender la cogobernanza en un Estado cuasifederalizado a la hora de seleccionar propuestas y proyectos para la financiación por parte del fondo extraordinario de la UE. Los ayuntamientos deberían tener un papel destacado en la distribución de los recursos financieros de la Next Generation de la Unión, particularmente en la iniciativa de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios Europeos (REAC-UE).

Porque también de los ayuntamientos deberá partir el impulso real a una diversificación económica que en ningún caso podrá ponerse como objetivo central la destrucción del turismo. Entre otras cosas porque solo el turismo - un turismo normalizado -puede financiar, precisamente, un cambio de modelo productivo. Desconfío mucho de grandes directrices estratégicas desde el Gobierno autonómico para reformar la estructura económica de Canarias. Esa debería ser la meta y el empeño de la sociedad civil y tener su primer instrumento institucional en cabildos y ayuntamientos: articular una red de smart cities que introduzcan proyectos empresariales basados en la innovación y que compitan y a la vez cooperen entre sí. Sin caer en paridas e ingenuidades. Las energías alternativas, por ejemplo, no crean decenas de miles de puestos de trabajo. Pero es un horizonte de empoderamiento económico y bienestar social perfectamente factible para que, en el plazo de veinte años, el turismo siga siendo uno de los motores económicos de Canarias, pero ya no salvación y condenación, desarrollo y destrucción, éxito y fracaso, trabajo y pobreza, infierno y paraíso. De eso va, o debería ir, la rentabilización socioconómica -en beneficio de las mayorías -- de las futuras ayudas de la Unión Europea. De convertir el comiendo del fin en el fin de un comienzo.