La nueva escalada de contagios ha llevado al Gobierno de Canarias a decretar, por fin, la obligatoriedad de las mascarillas en toda circunstancia social y a restringir de nuevo el ocio nocturno. El presidente Ángel Víctor Torres se lió ligeramente al justificarlo, sin duda, para justificarse a sí mismo por no haber impuesto antes la medida. Es cierto, sin duda, que muchos ciudadanos, en especial adolescentes y jóvenes, no han ejercido la suficiente prudencia, en especial a la hora de celebrar amplias reuniones familiares, ágapes, fiestas y botellones. Pero también lo es que el gobierno autónomo se ha sumergido en una complacencia ligeramente petulante por los buenos resultados epidemiológicos, que para muchos convertían a Canarias en una suerte de Shangri-La en medio de un planeta carcomido por la covid-19. No es así, obviamente. De hecho hemos tenido una suerte excepcional, auspiciada por nuestra situación insular. Pero ninguna circunstancia geográfica nos convierte por sí misma en un país fortaleza. Nadie está libre de esta plaga, nadie es inmune a su potencial destructor de vidas y haciendas. Llevamos varias semanas haciendo el imbécil - inclúyanse también la entrada de turistas peninsulares y en mucho menor medida centroeuropeos sin ningún control en los aeropuertos - y comenzamos a pagarlo.

Lo más intranquilizador de esta crisis múltiple y enlaberintada es que el único agente capaz no solo de controlar la situación sanitaria, sino de liderar la recuperación económica y garantizar la cohesión social es el sector público. Y el sector público no está demostrando precisamente una excepcional capacidad de dinamismo, eficacia y diligencia para hacerlo: basta con recordar los atascos logísticos y las compras de material sanitario basuriento con el que tanto el Gobierno central como varias comunidades autonómicas se lucieron escandalosamente. A la lentitud elefantiásica de la burocracia - tan poco útil en una situación cambiante y extremada - se suma la inverosímil pachorra de la élite política en Madrid y en Canarias, que cree que el virus esperará atentamente a que terminen sus reuniones, consultas, negociaciones y conciábulos para emborronar planes estratégicos. Así le ha ocurrido al Gobierno de Torres, que tardó varias semanas en vestir un documento que recogía, según sus autores, una estrategia para la reconstrucción económica y social de Canarias, firmado el 30 de mayo, en coincidencia con el día de la comunidad autónoma, para mayor gloria del presidente, y que apenas ha tenido desarrollo en programas y medidas concretos y articulados. Los rebrotes amenazan con reducir la estrategia planificada por Torres y su equipo en pura palabrería anacrónica.

La nueva expansión de la epidemia puede contenerse razonablemente, pero la situación económica y social no dejará de empeorar en las próximas semanas y meses. Es imprescindible que se aprueben modificaciones legales que permitan a las administraciones - en especial gobiernos autónomos y ayuntamientos - contratar más ágil y rápidamente y abreviar procesos administrativos al máximo, tanto en el ámbito mercantil como en la regulación y concesión de prestaciones sociales. Externalizar gestiones y acciones de emergencia. Avanzar en la coproducción de servicios con los ciudadanos. Avanzar en nuevos modelos de colaboración público-privados. Un grupo de economistas, sociólogos, politólogos y abogados lo ha argumentado y precisado en un artículo-manifiesto: Por un sector público capaz de liderar la recuperación. Hay que leerlo. Aunque no sea usted Ángel Víctor Torres.