El derecho a la presunción de inocencia ampara a todos, sin exclusión; también a aquellos que, como Podemos, no lo reconocen a los demás, a los que someten a la condena pública perpetua y no revisable sin más datos que su voluntad. Esta misma semana pasada calificó a don Juan Carlos de corrupto y ladrón. Y ni siquiera está imputado.
Le falta a Podemos legitimidad para reclamar para sí lo que a los demás niega. No obstante, no seré yo el que diga que es bueno que pruebe su propia medicina, pues al fin y al cabo todos actúan de modo parecido o similar, aunque este partido suele llegar siempre más lejos que los demás y no tiene empacho, por ejemplo, en vincular a un juez con una operación política, tachándolo de prevaricador con esa desvergüenza propia de un populismo cuyo futuro está ya escrito.
Pueden tener razón en muchas de las quejas que sustentan su recurso contra la imputación ante la Audiencia Provincial de Madrid. Vengo criticando desde hace años las mismas conductas, interpretaciones de la ley procesal penal, forzadas y ya rutinarias. Lo que pasa es que ningún partido ha querido reformar lo que se critica, útil cuando se trata de judicializar la política y abusar de los medios adeptos. Y ningún partido ha rehusado atacar a los adversarios con discursos que avalaban lo que ahora impugnan. Y Podemos ha sido especialmente expresivo en este abuso de lo que ahora -milagro-, acaba de descubrir, aunque, evidentemente, solo para sí mismo.
Es un hecho poco discutible que se abren en España instrucciones sobre la base de indicios que no sustentan la tipicidad de delito alguno, de modo que el proceso sirve para investigar ilimitadamente hechos sin siquiera apariencia delictiva, meras sospechas o conjeturas. Investigaciones prospectivas que, sin embargo, se defienden porque, se dice, así lo exige el derecho de defensa, un derecho que, no obstante el argumento, no puede ser realmente ejercitado cuando el delito no consta ni siquiera definido. De ahí que ciertas instrucciones duren años, pues lo investigado no se concreta. Y de ahí, ante la falta de control de tales inexistentes imputaciones, que sean tantos los archivos y sentencias absolutorias.
Estas instrucciones sirven, eso sí, para reclamar la responsabilidad política del adversario, no la propia. Se exigen dimisiones inmediatas, ejemplares, sin más razón que la adscripción política del afectado.
Es también discutible que se pueda mantener la prueba ilícita sin valorarla como tal hasta el juicio oral generando lo que el Tribunal Supremo llama "metástasis procesal". Retrasar el análisis de lo nulo que afecta luego al todo, es incomprensible y la garantía se torna en ataque al titular del derecho en forma de condena civil y política. Pero, tampoco nadie promueve una reforma legal al respecto que clarifique una ley clara, pero interpretada con excesiva libertad.
Lo que Podemos denuncia, de ser cierto, que no puedo saberlo ante el simple conocimiento de noticias periodísticas limitadas, debería ser valorado jurídicamente.
Pero, como digo, no puede Podemos exigir lo que ahora defiende, pues este partido se caracteriza por su inclinación hacia lo inquisitivo, hacia el desprecio al Poder Judicial, al proceso y a los derechos humanos de los que consideran fascistas, todos menos ellos. Defender lo que defienden ahora y reclaman para sí ha sido siempre motivo bastante para ser calificado de franquista si el afectado no profesaba la fe podemita. Doy fe de ello.
En todo caso, lo que denuncia es la normalidad, aunque no se acomode plenamente a la ley, esa práctica del foro que el legislador no afronta y que muchas veces funciona por encima mismo de la ley, esa normalidad que tanto agrada a la formación populista y a sus socios de IU que no pierden ocasión de personarse como acusación cuando les conviene. No es nada extraordinario, pues, lo que denuncia Podemos, sino bastante normal y muy querido para ellos. De tratarse de una práctica nazi o franquista, como indica este partido que no sale de un vocabulario tan recurrente, este partido demostraría ser seguidor de tales prácticas, que promueve con ardor cuando de sus adversarios se trata.
Tampoco es extraordinario que los medios de comunicación más adeptos condenen y publiciten las maldades de los que se ven sometidos a un proceso de modo selectivo. No pueden quejarse quienes son maestros en esta conducta, promotores y agitadores. No quienes denigran constantemente el sistema legal y el Poder Judicial al que ahora demandan "justicia".
Quieren que se reforme la inviolabilidad de la monarquía, la misma que asiste a presidentes de repúblicas, pero la reclaman para ellos con fundamento en una ideología que la merece, siendo la bondad de sus principios causa de justificación de esa inviolabilidad necesaria para cumplir con su misión salvífica. Inocentes por ser, no por su comportamiento.
Sería bueno que, por una sola vez, callaran y se comportaran como cualquier ciudadano. Que no atacaran a los tribunales, ni a la prensa. Que no vean conspiraciones inexistentes, pues el denunciante era de los suyos, cosa normal en toda denuncia de esta naturaleza. Que ejerciten sus derechos con plena libertad y sin exigir privilegios y, si aprenden, les animo a presentar reformas legales útiles.
De todas formas el proceso seguirá adelante y serán los tribunales, última defensa frente al autoritarismo, quienes tomen las decisiones. Hoy por hoy no hay presión bastante, afortunadamente, que mengüe la independencia judicial. En eso podemos confiar.
