Me manda un amigo de origen salmantino, profundo amante de su tierra, una noticia según la cual se talaron nada menos que 2.000 árboles, entre ellos encinas centenarias, para un proyecto minero de una empresa australiana en la localidad de Retortillo. Nos cansamos de criticar con toda razón el arboricidio de la Amazonía, pero tenemos también ejemplos de tales prácticas en un país que tanto necesita a los árboles como el nuestro. .
El proyecto de la empresa minera Berkeley ha sido denunciado por diversas organizaciones ecologistas y causa también profunda preocupación en el vecino Portugal porque la mina a cielo abierto propuesta está situada cerca del río Duero, cuyas aguas podrían resultar contaminadas por el polvo radiactivo y las naturales escorrentías.
Según sus críticos, Berkeley es algo más que una empresa minera, pues se dedica sobre todo a comprar yacimientos y a especular luego con ellos en bolsa, lo que podría ser el caso del proyecto de Retortillo. En sendas notas enviadas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a sus accionistas de todo el mundo, Berkeley dijo contar ya con el visto bueno del Comité de Ciencias Nucleares, de la Agencia de Energía Nuclear, para la fabricación de los conocidos en inglés como "yellow cakes" (tortas amarillas), concentrados de uranio utilizados en los reactores .
Es sabido que la riqueza del uranio español es muy baja en comparación con la del de Australia o Canadá, que son los principales productores mundiales, por lo que, en momentos en que se cierran en muchos países las centrales nucleares que emplean ese mineral radiactivo enriquecido para su funcionamiento, es probable, según la organización ecologista WWF, que el de Retortillo tenga difícil salida.
En opinión de Carlos Bravo, experto de esa ONG, hay ya un exceso de uranio en el mercado, por lo que podría tratarse sobre todo de una maniobra especulativa destinada a elevar su valor bursátil, como ocurrió de hecho después de que la empresa australiana anunciara haber obtenido el permiso del alcalde de Retortillo, del PP, para la construcción de la planta de fabricación de concentrados: sus acciones subieron más de un 17 por ciento (1).
En su página de presentación, Berkeley insiste en que el "proyecto Salamanca", como lo llama, es "cien por cien sostenible con el medio ambiente y las comunidades locales", asegura haber cumplido "con el máximo rigor las normativas española y europea" en materia medioambiental y explica que "el apoyo y el desarrollo de las comunidades locales es uno de los pilares fundamentales en los que se asienta su trabajo diario".
Para el presidente de Berkeley Minera España, el proyecto es "esencial para la recuperación económica de la región" y la empresa será además "vanguardia en la implementación de procedimientos de economía circular".
Pese a las garantías que da la empresa, varias ONG ecologistas, entre ellas WWF, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra, reclaman al ministerio de Transición Ecológica que no renueve la autorización previa para la construcción de la planta de fabricación de concentrados, que se concedió hace cinco años y expira a principios de septiembre.
Con independencia de cuáles sean las intenciones reales de Berkeley, hay en marcha una operación en la Unión Europea cuyo objetivo es vencer la resistencia popular que, sobre todo por razones medioambientales, surgen en muchos lugares frente a proyectos mineros de empresas como la australliana.
Se trata del Proyecto Regiones Mineras y Metalúrgicas de Europa (Mireu), integrado por entidades gubernamentales y organizaciones de distintos países, que busca crear una base de datos sobre aceptación social de la minería además de compartir estrategias para intentar convencer a los ciudadanos de las ventajas económicas que tiene esa actividad extractiva para muchas poblaciones locales. .
En su carta de presentación, Mireu explica que el objetivo es "concienciar" a la población y asegura que en la extracción del metal o el mineral se seguirán siempre "prácticas responsables", pero las organizaciones ecologistas sospechan que se busca ante todo vencer mediante una eficaz labor de relaciones públicas posibles resistencias, para lo cual se recogen informaciones sobre las plataformas ciudadanas y ecologistas opuestas a tales proyectos como la llamada "Stop Uranio", que lleva años luchando contra el proyecto de Retortillo. Se trata, dicen, de "comprar voluntades".
En el caso de España, además de las minas de uranio y wolframio de Retortillo y Barruecopardo, ambas en Salamanca, figuran entre esos proyectos la mina de litio de la sierra de Cáceres, las de cobre de Alconchel (Badajoz), o Las Cruces (Sevilla), la Mina Murga de potasio, en el embalse de Yesa (Aragón). Estaban además los de Touro y Corcoesto, ambos en Galicia, ya fracasados.
Colectivos ecologistas de distintos países - España, Irlanda, Finlandia, Portugal, Grecia, Bosnia y Eslovaquia- han denunciado ante la Comisión Europea ese proyecto de recogida de datos, financiado con tres millones de euros, por considerar que los organismos gubernamentales que se encargan del mismo son los que han de decidir luego sobre los proyectos mineros, con lo que no está garantizada su neutralidad.
(1) Informaciones recogidas de El Salto, proyecto periodístico autogestionado, que se ha ocupado in extenso del conflicto.
