Empecemos con una obviedad. Las obviedades no dicen nada nuevo, pero tienen una ventaja indiscutible: se prestan a muy pocas objeciones, ahora que tanto se prodigan. Insiste un amigo mío en que hay que ser positivos. Bien, pero no es todo: ser positivo en coronavirus no conviene. Una vez más, le doy la razón a Confucio, que ya hace más de 2.500 años recomendaba ser moderados hasta en la virtud, pues ciertamente ir de santos por la vida ya es incurrir en soberbia.
Yo, que no soy "sanchista", coincido al menos en dos cosas con nuestro presidente: "Hay que reconstruir España", lo que supone admitir que ha sido destruida previamente, ya que, como dice la RAE, "reconstruir" significa volver a construir, o reparar lo que ha sufrido grandes daños. También coincido con don Pedro en su profética visión de que don Pablo no le iba a dejar dormir, y así se explica que, ante una situación nacional tan comprometida y delicada como la actual, haya tomado vacaciones tranquilamente.
El modus operandi político ya es paradigmático (modélico): graves problemas, situación de alarma, se decretan controles totales, con aparatosas medidas extraordinarias; al fallar estas, se devuelven las competencias a las CC AA, y cuando las CC AA tampoco aciertan se remiten a la responsabilidad individual de los ciudadanos, denunciando a los díscolos -que nunca faltan- ante los medios de comunicación adictos, que siempre sobran. El problema no está resuelto, pero sí "disuelto". La situación permanece porque está sorprendentemente generalizada por otra pandemia de incompetencia política mundial: Rusia, USA, Brasil, Venezuela, Colombia, Bolivia, Inglaterra... (Los preceptivos tres puntos suspensivos son muy insuficientes, no bastan). Y ya se sabe que el mal de muchos ha de consolarnos a todos, haciéndonos tontos. Pero prescindiendo de casuísticas detalladas en pro y en contra, hay algunos principios irrenunciables: el Estado de derecho y la seguridad jurídica, que están contenidos en la vigente Constitución Española (CE) de 1978, son absolutamente irrenunciables, especialmente para quienes ya los hemos conocido y disfrutado. Lamentablemente, muchos compatriotas no se han molestado en leer sus 169 artículos, y es inexcusable que, al menos, no lean y mediten los muy sustanciales nueve del título preliminar de la citada norma, que es nuestra ley de leyes para todos los españoles, sin ninguna discriminación posible, forzada, ni voluntaria.
En menos de dos páginas, se proclama: el Estado de derecho; la forma política de monarquía parlamentaria; la unidad indivisible de la patria española común; la solidaridad preceptiva entre las comunidades autónomas (CC AA); el castellano como lengua oficial del Estado; el formato correcto de la bandera nacional; la capitalidad de Madrid; que los partidos políticos "han de ser creados dentro del respeto a la Constitución, y que su estructura interna y funcionamiento han de ser democráticos"; que los sindicatos y las asociaciones empresariales han de proceder de forma similar; que las Fuerzas Armadas (FF AA) tienen como misión garantizar la soberanía y la independencia de España, defender la integridad territorial y el orden constitucional.
Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. "La CE garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa y la publicidad de las normas, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos" (es decir, la prohibición del mangoneo, que lleva a la corrupción). Es materialmente imposible una redacción más sucinta, clara, firme y rigurosa del marco legal en el que se ha de mover la vida de los españoles, y que se desgrana de forma más detallada y precisa en los otros 160 artículos más del texto constitucional de la CE y disposiciones adicionales. Con todo, el título preliminar es la quintaesencia de la Constitución vigente de 1978 y merece ser suficientemente divulgado y conocido por todos los españoles.
Tras esta sencilla tarea, hemos de preguntarnos si la CE se respeta y cumple en cualquier situación de nuestras vivencias: ¿pueden aceptarse las declaraciones y actitudes separatistas, proclamadas a voces desde instituciones oficiales? ¿Se respeta el uso del español como lengua oficial en todos los centros educativos del país? ¿Pueden permitirse ultrajes públicos a la bandera española o al jefe del Estado, consiéntalo o no el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, con supuesta prioridad a la libertad de expresión? (la más reciente legislación alemana condena con hasta tres años de prisión los ultrajes a su bandera nacional, y a las oficiales de cualquier otra nación, en suelo alemán). ¿Se otorga a la bandera de España la prioridad debida en todos los centros oficiales de nuestra nación? ¿Cómo se han "registrado" oficialmente partidos políticos "autodenominados republicanos" (como ERC, Esquerra Republicana Catalunya) en un Estado definido como constitucionalmente monárquico? ¿Quién es responsable de este disparate? ¿Son válidas las tomas de posesión de cargos públicos y políticos en las que se haya soslayado descaradamente la fórmula oficial (BOE) que exige respeto "explícito" al jefe del Estado y a la vigente Constitución española? ¿Se ha cometido prevaricación por quienes aceptaron estos juramentos improcedentes? ¿Pueden tolerarse expresiones despectivas para las Fuerzas Armadas (FF AA) y los tribunales de Justicia? ¿Se garantizan la debida publicidad, claridad y estabilidad de las decisiones del Gobierno? ¿Se respetan los derechos de tenencia y propiedad de los ciudadanos (frente a los actos delictivos de "ocupación" de viviendas) con toda la diligencia y eficacia prometidas en la seguridad jurídica? ¿Se custodia debidamente la integridad nacional tolerando reiterados asaltos ilegales de fronteras, con muy serios riesgos para los funcionarios públicos que las defienden? ¿Se garantiza la responsabilidad de los poderes públicos en sus decisiones oficiales (alarmas, emergencias sanitarias y "sobrefallecimientos")? Ustedes dirán con su superior criterio.
