Se acabó agosto. Nos deja una certidumbre: la idea de normalidad no admite la vecindad de adjetivos. Porque si esto era la nueva normalidad que venga Dios y San Roque y lo vean. Y que conste que no me quejo. O que no me quejo demasiado. Sólo que las prisas por un retorno al futuro no van bien para esta etapa pues, a la vez, generan expectativas que defraudan y alimentan un escepticismo que no alienta esperanzas. Y es que qué es normal es algo tan complicado de delimitar, tan intrascendente y fundamental, que hace que se olvide su origen estadístico para exigir a la sociedad una adaptación a algo que no sabemos qué es. Me temo que lo peor de este verano es la sensación colectiva de no haber estado a la altura. De habernos comportado raramente, como si la salud, la vida y la economía no fuera con nosotros. Como si los cuidados fueran sólo cosa de esa nómina de siempre insultados políticos ampliada ahora con rabia carnicera con algunos científicos. ¿La nueva normalidad consistía en hacernos conscientes de que somos raros? No. Lo que pasa es que no somos raros y que no ha habido una nueva normalidad. Porque no ser raros implica, ni más ni menos, el deseo de volver a ser normales como lo fuimos. Al final esto va a ser un juego de palabras. Pero no haber encontrado los términos justos ya nos dice bastante sobre la situación. Y sobre los deberes que nos quedan pendientes.
La cuestión es: ¿la ciudadanía le ha fallado a sus dirigentes o al revés? En la ola populista el dilema no puede ni plantearse. Pero entonces ¿por qué es el mayor tema de conversación la inmadurez de jóvenes, la ausencia de mascarillas en las bocas de muchos bocazas o el pensamiento festivo-gregario de familias y amigos que ha sido la principal fuente de rebrotes? Porque lo que nadie dirá es que las autoridades no han avisado de sobra sobre todo esto. Y sin embargo estas autoridades tampoco pueden sentirse libres de culpa, porque hay decisiones que sólo ellas pueden adoptar. La contradicción debería perpetuarse para muchas otras cuestiones y muestra la inquietante ambigüedad de las relaciones complejas entre gobernantes y gobernados. Ahora tiene un perfil trágico. Pero ya podemos ir reflexionando sobre el debate que se abrirá en el reparto de vacunas y de fondos europeos.
Creo que pagamos algunos de los vicios acumulados en la política española, en los políticos y en la tensión de éstos con la ciudadanía. Me centraré en dos. El primero es la incapacidad de definir buenos modelos de comunicación. Seguramente se debe a que la mayoría de las instituciones aún no han aprendido las virtudes terapéuticas y profilácticas de la transparencia, que es algo más que la acumulación de datos disponibles. También es la narración coherente de lo que sucede y una dación de cuentas que se compare con algún programa previo. La acumulación del relato de virtudes propias y maldades ajenas desintegra cualquier información creíble, genera incrédulos y debilita la democracia. Que tras ese relato, además, se escuche el incesante ruido de las querellas internas en los partidos o en el seno de un mismo Gobierno, la música de la cizaña que crece, no hace sino debilitar aún más una posible información que trate de motivar a los ciudadanos. El asunto empeora cuando una buena parte de la información se traslada a las redes. Las redes cuentan, pero no informan. Su propio murmullo de publicidad, de baile de fechas, de inmediatez frívola, disuelve cualquier expectativa de que salga algo serio de ahí. Pero existen. Los políticos aprendieron a usarla. Pero ignoran que ellas sí tienen una nueva normalidad cada dos o tres años. El uso reiterado de las redes suele volver a los políticos objetos obsoletos. Y usarlas para insultar a otros es una perfecta estupidez, amplificada por centenares de voluntariosos militantes atentos a ensalzar lo propio y denigrar lo ajeno. Hasta la náusea. Sin importar los efectos de sus éxtasis de identidad herida hasta la expulsión de una mayoría de gente sensata harta de los estímulos negativos. Los avisos de las instituciones sobre la pandemia se parecen tanto a mera publicidad que dan pena. Y pedir ahora que los influencers ayuden está muy bien, ¿pero no pudo pensarse antes? No se hizo porque de manera incomprensible nunca las instituciones -las que yo conozco, al menos- han tenido una política coherente de comunicación de largo plazo sobre el coronavirus. Por favor: lea periódicos, escuche la radio, vea telediarios.
Pero esto no es más que un efecto de algo aún más grave: la expulsión del panorama político del pensamiento estratégico. Arrasada la inteligencia política por el titular del día siguiente, por los tuits terroristas o angelicales del instante, por la ignorancia de tantos graduados sustituida por cursitos de oratoria, una auténtica planificación no existe. Porque planificar es algo más que enunciar objetivos o prioridades: requiere metas intermedias, costes, personal formado. Y no hay atajos: ni la digitalización entendida como el caballo de Atila ni la conservación de privilegios profesionales ni la aniquilación de derechos adquiridos. La innovación entendida como fruto de un diálogo humano -no entre máquinas- global, asistido por conocimiento experto, es lo que nos permitiría definir, por ejemplo, los puntos negros generales de la interacción entre sistema sanitario y realidad social, para planificar la reacción posible y asumible.
Algo de todo esto hubo en el último discurso de Pedro Sánchez, mientras los Presidentes Autonómicos siguen copiándose a sí mismos con mayor o menor fortuna, confundiendo la tranquilidad siempre pedida con el aburrimiento inducido. Las dos propuestas principales merecen alguna consideración. Estoy completamente de acuerdo con poner 2000 militares a rastrear la covid. Y no puedo entender que alguien se oponga, aunque no ignoro algunos problemas.
La otra cuestión es la del estado de alarma. Sánchez se limitó a enunciar una obviedad: la ley reguladora de los estados excepcionales ya indica que el Gobierno puede declarar la alarma en una Comunidad a petición del Presidente de ésta; luego, a los 15 días podrá solicitarse la prórroga al Congreso. A partir de ahí podemos juzgar si Sánchez ha hecho esta innecesaria declaración para bien del pueblo o tranquilidad del Gobierno. Pero la realidad jurídica es esa.
Como también lo es que tal declaración no implica los mismos efectos que tuvo el confinamiento. Después el Presidente del Ejecutivo se hizo un lío con las explicaciones sobre si los Presidentes autonómicos deberán ir a la Cámara a explicarse: no pueden: deben ser invitados por el Congreso, y a una Comisión. Pero, en fin, Sánchez tiene la arraigada costumbre de liarse cuando habla de Derecho Constitucional. A muchos jueces también les pasa lo mismo.
Feliz regreso a sus tareas nuevamente normales. La Navidad está a la vuelta de la esquina.
Manuel Alcaraz Ramos. Catedrático de Derecho Constitucional
