Volvemos una vez más a gastar energía parlamentaria en una comisión que en esta ocasión investigará la utilización de los recursos del Ministerio del Interior de la era Rajoy para salvarle el culo al PP, asediado por los papeles guarros que guardaba Bárcenas, el extesorero omnímodo de Génova. Los políticos se tienen que enterar de una vez por todas que lo que quiere el personal es que quien la hace la paga, sin más rodeos, ni comisiones ni chácharas de horas retransmitidas en directo por la televisión pública, por no hablar ya de los monólogos o de la insultante pose de comparecientes a los que se las trae al pairo las indagaciones de sus señorías. Resulta patético o desolador, como se prefiera, darse un baño de democracia con estas comisiones cuando el sistema carece de instrumentos para controlar la existencia de una policía corrupta adherida como una lapa a la legal, o la salida de dinero público para hacer pagos extras a los vigilantes movilizados por el ministro. La investigación judicial es la que demuestra realmente el nivel de corrosión democrático, que es lo que ahora mismo está en juego: es decir, si en el seno del Estado habitaba un semiestado que actuaba en favor de unos intereses particulares. La posibilidad da escalofríos, pero a estas alturas ya nadie duda de que padecemos un déficit democrático que empieza a poner en peligro la identificación de la sociedad con el modelo político que le rodea. La llamada operación Kitchen sobre el PP, que se sustancia apenas pasado un mes de las noticias en torno al rey emérito y su marcha del país, nos retrotrae a un pasado no tan lejano donde proliferaron los juramentos públicos para atajar la galopante corrupción. Pero volvemos a estar en el punto de partida, pero en el escalón más alto, en el perímetro de la jefatura del Estado. Pedro Sánchez y su socio de cabecera, Pablo Iglesias, deberían darle una vuelta a lo que la comisión que tiene previsto llamar a Pablo Casado y Mariano Rajoy puede aportar de cara al sosiego y a la transparencia. La ciudadanía lo está pasando mal con la pandemia, cunde la desmoralización, y no es el momento de comisiones parlamentarias que no llevan a ningún lado. Más crispación encendería la mecha de un profundo malestar con el consiguiente beneficio para Vox. Siempre hay que confiar en los tribunales, pero ahora más que nunca. El objetivo debe ser cercar a los culpables, darles el castigo que se merecen y no entrar en la espiral de la demagogia. Nadie dirá la verdad en una comisión. Sólo hay que ir a las hemerotecas para comprobarlo.
