Desde el despido diferido al fin de la cita, no cesa la dinámica de escándalos que afectan a todas las instituciones del Estado. A pesar de que la lista Falciani identificara, por el momento, a 659 contribuyentes españoles "modélicos", con cuentas en el HSBC suizo, son protegidos por el Estado, aunque el fraude supere los 6.000 millones.
También goza de privilegios el Filemón del Caribe -ahora farruco él-, condenado a cuatro años de prisión en Cuba, con el tercer grado penitenciario en España nada más llegar y un privilegiado puesto de trabajo en la Administración pública.
El desprestigio de la Jefatura del Estado se acrecienta. A las cacerías del Rey, su opaco patrimonio y el atlético yerno imputado por malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude y falsedad documental, se suma el execrable indulto solicitado a Marruecos, con motivo de la visita del monarca español, a favor del nacional de origen iraquí vinculado al CNI y reo por treinta años, al abusar sexualmente de once niños marroquíes.
No menos abominable son los indultos arbitrarios e inmorales del ejecutivo español. Si bien, le sigue de cerca el Poder Judicial, con sobreseimientos o reducciones de condena en casos de corrupción, ya sean políticos o banqueros: Matas, Blanco, Blesa; el trato privilegiado a la hija del Rey; un Presidente del TC afiliado al partido popular y ex asesor del mismo.
Luego está el ex tesorero Luis Bárcenas, con más de veinte años manejando las cuentas del Partido Popular que destapa la financiación ilegal de ese partido y el sometimiento a empresas que se repartían obras públicas a cambio de suculentos "donativos"; los sobresueldos de su cúpula y del propio presidente del ejecutivo; la presunta apropiación indebida y falsedad documental del marido de Cospedal al cobrar hasta 7.000 euros al mes a través de una filial de Liberbank -fusión de tres Cajas de Ahorros- y rescatada con fondos públicos. Como colofón, Rajoy y su "fin de la cita", que sin remilgos se va de vacaciones después de no haber convencido ni a las taquígrafas del Congreso.
El país necesita un final con las actuales estructuras de poder político y económico que dé paso a un nuevo proceso constituyente.
